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Psicólogos del país están inconformes por ley que promueve consultorios comunitarios en universidades

La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología está en desacuerdo con un proyecto que pretende atención a población vulnerable por parte de estudiantes de programas de Psicología.

  • Psicólogos explicaron que es un deber del Estado responder por la salud mental del país. FOTO: Freepik
    Psicólogos explicaron que es un deber del Estado responder por la salud mental del país. FOTO: Freepik
09 de octubre de 2023
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La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi), en representación de 93 Instituciones de Educación Superior que tienen programas de Psicología en el país, compartió con el sector académico y público su descontento por el proyecto de ley 271 de 2022, que busca crear consultorios psicológicos comunitarios, presentado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Según los psicólogos del país, este proyecto tiene “importantes limitaciones” y a través de un comunicado, compartieron algunas de ellas.

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Uno de los principales obstáculos es que desde esta ley se promueve brindar atención psicológica a la población vulnerable con estudiantes que apenas se encuentran en proceso de formación.

“Ellos no han alcanzado las competencias requeridas para intervenir en problemáticas profundas y de alta complejidad, se pone en riesgo la salud mental de los consultantes, al mismo tiempo que la de los estudiantes en formación”, escribieron en la misiva.

Frente a esto, indicaron que este proyecto 271 no tuvo en cuenta los postulados de la Ley 1448 de 2011, “en lo que hace referencia a asistencia en salud y acción sin daño”, tampoco los aportes de la ley 1616 de 2013, “que concibe la salud mental como un derecho fundamental en sí mismo” ni la ley 1090, que “reglamenta la Psicología y su Código Deontológico y Bioético, así como las directrices para el desarrollo de prácticas formativas en el marco de la delegación progresiva de funciones consignadas en el Decreto 780 de 1016, actualizado en 2023”.

Su inconformidad va encaminada a que le atribuyen a las Instituciones de Educación Superior tareas que no le competen y que pueden entrar en conflicto con sus principios y la normatividad que exponen en el comunicado.

“La salud, y específicamente la mental, es un derecho fundamental y es responsabilidad del Estado su protección y fomento. No es una de las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior, no puede ser asumida con estudiantes que se preparan para el ejercicio profesional y no se puede delegar a las Instituciones de Educación Superior el total financiamiento de dicha responsabilidad”, puntualizaron.

El proyecto se enfoca en la alteración, el trastorno, el síntoma y el déficit, deriva su atención a los consultorios (nivel de intervención) desconociendo otros espacios posibles para la Promoción y Prevención de la salud, conceptos fundamentales de la perspectiva contemporánea de salud.

Por último, Ascofapsi expresó que el Ministerio de Educación Nacional también recomienda no continuar con el trámite del proyecto de ley con argumentos similares.

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