En tres meses, los cupos de beneficiarios del subsidio Colombia Mayor crecieron en 1,36 millones. Esas transferencias del Gobierno Nacional brindan protección a los abuelos en situación de pobreza o vulnerabilidad y que no cuentan con una pensión. El considerable crecimiento se consolidó pocas días después de las pasadas elecciones legislativas y meses antes de las presidenciales, lo que acrecentó el debate sobre el uso adecuado de los subsidios y su instrumentalización para fines electorales.
La discusión no es nueva en Colombia y en América Latina. En su momento, la misma suspicacia recayó sobre los programas Bolsa Familia en Brasil, con más de 18 millones de beneficiarios; y Misiones Bolivarianas en Venezuela, que llegó a reportar un impacto del 70% en la población del vecino país.
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Para los académicos, en Colombia no se veía un repunte tan significativo en las transferencias gubernamentales desde la primera década del siglo, cuando Familias en Acción pasó de impactar 200.000 hogares en 2004 a cerca de 2 millones en 2007 y unos 2,5 millones en 2010 en el gobierno de Álvaro Uribe.
Los analistas coinciden en que esta clase de apoyos monetarios tiene como finalidad técnica reducir la pobreza, pero reconocen que puede haber efectos políticos. La discrepancia está sobre el alcance real en el campo electoral.
El rápido aumento preelectoral
La data revela que Colombia Mayor registró un fuerte aumento en cobertura y presupuesto durante los meses previos a las elecciones del 8 de marzo y, por ende, a las presidenciales que tendrán su primera vuelta este 31 de mayo.
El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) amplió la cobertura del programa Colombia Mayor a partir de diciembre de 2025 (ciclo 12). Eso obedeció a la política Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que hace parte de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) y que actualmente está suspendida por la Corte Constitucional debido a vicios de trámite.
Por esa razón, los beneficiarios pasaron de recibir $80.000 a $230.000 en este gobierno. Adicionalmente, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de este año, 2,8 millones de beneficiarios acudieron a reclamar $460.000 a los puntos de SuperGIROS y SuRed, es decir, la jornada finalizó solo a cinco días de las votaciones legislativas.
Ese desembolso fue más holgado porque acumuló los dos primeros pagos de 2026 (ciclos 1 y 2), ya que normalmente en enero no se giran recursos por temas de contratación del operador de pago a principios de cada vigencia. De hecho, en los ciclos 1 y 2 de 2025 pasó igual.
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Así las cosas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, la base de beneficiarios se disparó 71% al incorporar 1,16 millones de adultos mayores nuevos. Y la bolsa de pagos se dobló de $324.240 millones a alrededor de $644.000 millones.
La lista siguió creciendo. Para el tercer ciclo de este año (entre el 17 de abril y el 4 de mayo) se llegó a 3 millones de adultos. Eso significa que el programa consolidó 1,36 millones de beneficiarios adicionales frente a noviembre del año pasado.
Y a tan solo cuatro días de la primera vuelta presidencial, Prosperidad Social terminará de pagar el cuarto ciclo equivalente a un desembolso de $700.086 millones, casi tres veces más comparado con igual ciclo del año pasado.
Más subsidios en Antioquia
Con alrededor de 270.000 abuelos, Antioquia es la región con mayor número de personas favorecidas. El departamento alberga el 9,4% de los beneficiarios. Está por encima de Valle del Cauca (7,7%), Córdoba (6,1%), Bolívar (5,9%) y Nariño (5,4%), que a su vez tienen participaciones relevantes.
El Gobierno amplió la cobertura 81% para este departamento, equivalente a 120.617 cupos adicionales para el tercer ciclo de este año en comparación con igual mes de 2025.
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Prosperidad Social explicó que la mayor participación de Antioquia obedece a que posee más de 6,8 millones de habitantes, según el Dane. “Esa magnitud se refleja también en su población mayor: tiene más personas mayores y más personas en condición de vulnerabilidad que cumplen los requisitos del programa”, explicó la entidad.
¿Afán del Gobierno para ganar votos?
La crítica para los analistas no está en la finalidad del programa, sino en un posible afán del Gobierno por acelerar la expansión del programa antes de que la Corte Constitucional termine de pronunciarse sobre el futuro de la reforma pensional, que también incluye dicho subsidio.
“Un gobierno más cauteloso tendría que haber esperado a que las cortes se pronunciaran antes de comenzar este gasto”, señaló Juan Camilo Chaparro, profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad Eafit.
A su juicio, aunque el origen del aumento está ligado a la reforma pensional, el afán del Ejecutivo es prueba de que también estaría utilizando políticamente la ampliación del subsidio para intentar generar mayor apoyo entre la población de la tercera edad.
El uso político del gasto público antes de elecciones
El cuestionamiento del uso de recursos públicos para ganar votos es de vieja data y no ocurre solo en Colombia. Así lo planteó José Manuel Puente, profesor del IESA y de la IE University de Madrid. El académico ha estudiado ampliamente cómo los gobiernos utilizan herramientas fiscales para mejorar su imagen ante los votantes. A ello se le conoce como Political Business Cycle (ciclo de negocios políticos).
Este concepto describe cómo alcaldes, gobernadores y presidentes incrementan el gasto público, reducen impuestos y suben los estímulos monetarios antes de elecciones para moldear percepciones ciudadanas y aumentar respaldo electoral.
Para Puente, no hay duda de que este tipo de medidas tienen efectos electorales importantes, aunque también pueden generar riesgos económicos y fiscales.
El economista puso como ejemplo el caso de Venezuela. “Hugo Chávez era el maestro del manejo fiscal con objetivos electorales. A su Gobierno le tocó el periodo de empresas petroleras más altas en la historia del planeta y de Venezuela. Esos ingresos petroleros le permitieron moldear percepciones en la dirección que él quería en los periodos electorales (...) sin la chequera petrolera la revolución bolivariana nunca hubiera existido”.
Los subsidios fueron claves para que el chavismo estuviera en el poder durante 27 años. Sin embargo, el resultado final fue una profunda crisis económica y social. “El país quintuplicó su deuda pública y dilapidó más de un billón de dólares”, anotó el docente.
El fin de reducir la pobreza
Sobre el notable aumento en la cobertura en Colombia, Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, dijo que obedece al repunte de la población adulta mayor en el país. Añadió que una parte importante de esta no cuenta con pensión y depende de ayudas estatales para garantizar ingresos mínimos.
Precisó que hubo una asignación de nuevos cupos, la inclusión de ciudadanos que permanecían en listas de espera y jornadas de búsqueda activa adelantadas por la entidad en zonas vulnerables.
La necesidad de la protección social a esa población es palpable: si bien, entre 2021 y 2024 el número de colombianos en situación de pobreza monetaria se redujo en cerca de 3,4 millones, la tasa todavía es del 31,8% de la población.
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Adicionalmente, para Juan Camilo Chaparro, de la Universidad Eafit, el subsidio responde a un problema estructural del país: la baja cobertura pensional: “alrededor de uno de cada cuatro colombianos tiene acceso a una pensión”.
Sin embargo, advirtió que este tipo de programas deben complementarse con ahorro pensional y no depender únicamente de recursos públicos. “La principal fuente de ingreso de las personas de tercera edad tiene que ser el ahorro que hagan durante su vida laboral y no solo el subsidio estatal”, indicó.
¿Entonces los subsidios son malos?
Con eso de fondo, la línea parece ser delgada entre el beneficio social de los auxilios estatales y su instrumentación electoral por parte de los mandatarios. Aún así, los expertos consideran que no deben ser satanizados.
“El gasto social bien manejado puede ser un extraordinario complemento de la política económica para generar equidad, igualdad y mejores servicios públicos”, sentenció Puente.
El problema aparece cuando se abusa de la política social y los recursos solo se direccionan con fines electorales y no para mejorar realmente las condiciones de vida de la población. En ese caso, el gasto en transferencias puede terminar deteriorando las finanzas públicas y afectar la sostenibilidad económica de un país.
Frente a esta discusión, Susana Correa, exdirectora de Prosperidad Social, sostuvo que Colombia cuenta con la ventaja que los programas sociales responden a criterios técnicos de focalización, validación y selección de beneficiarios, y no necesariamente a intereses políticos.
La exfuncionaria agregó que la coincidencia entre pagos y elecciones puede obedecer a la programación operativa de los ciclos de transferencias monetarias. Sin embargo, advirtió que durante campañas electorales estos programas deben cumplir estrictamente la Ley de Garantías y los protocolos de neutralidad establecidos por Prosperidad Social y la Procuraduría General de la Nación.
Correa también pidió mantener vigilancia permanente, trazabilidad y controles institucionales para evitar cualquier uso político o proselitista de los subsidios estatales.
Blindaje electoral
Entre tanto, Prosperidad Social anunció medidas especiales de blindaje electoral para la operación del programa Colombia Mayor durante las elecciones y reiteró que los recursos no están condicionados al respaldo político de ningún aspirante.
Aclaró que las ayudas sociales están garantizadas durante toda la vigencia de 2026 y no dependen de preferencias políticas. “El beneficio no depende de ningún candidato o candidata”, señaló Prosperidad Social.
Además, enfatizó que las personas inscritas tienen derecho a recibir los 12 ciclos de pagos del año sin ningún condicionamiento electoral.
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En medio de la expansión más acelerada de Colombia Mayor, el debate no gira sobre la necesidad de proteger a millones de adultos mayores sin pensión, una realidad social del país, sino sobre los límites entre la política social y la estrategia electoral.
Ante la suspicacia, el desafío está en garantizar que esos recursos públicos se conviertan en una herramienta de protección social sostenible y transparente, y no en un mecanismo de fidelización electoral.
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