Uno de los factores que durante las últimas décadas más ha entrabado el desempeño de la agricultura colombiana ha sido la falta de seguridad derivada del conflicto interno. Fenómenos como el secuestro, la extorsión y el chantaje llevaron a que la inversión privada en el campo fuera limitada.
Esta falta de inversión se ha manifestado en un crecimiento del PIB del sector agropecuario muy por debajo del registrado para el total de la economía, lo que ha llevado a que la agricultura pierda participación en el PIB total.
Estudios recientes ponen de presente cómo la producción agrícola del país no solo crece a tasas muy inferiores a las de las principales agriculturas latinoamericanas (como las de Brasil, Perú, Chile y Argentina) sino que también lo hace por debajo de la correspondiente al promedio mundial.
Estos resultados contrastan con los grandes potenciales de desarrollo que tienen las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en Colombia. No en vano, la FAO tiene catalogado al país como una de las siete naciones del mundo con capacidad para ser despensa alimentaria global en las próximas décadas.
Estos potenciales se manifiestan en 22 millones de hectáreas con vocación para desarrollar cultivos agrícolas, 15 millones para la producción ganadera y 4 millones para las actividades agrosilvopastoriles.
Además de esto, la gran diversidad agroecológica del territorio nacional permite que la oferta agropecuaria sea muy diversa, lo que constituye una fortaleza en un mundo globalizado que se caracteriza por una demanda agroalimentaria muy variada.
El Acuerdo de Paz firmado con las Farc abre la posibilidad de que los niveles de seguridad en el campo colombiano mejoren y que, por ende, los inversionistas nacionales y extranjeros se sientan atraídos a emprender nuevos proyectos y desarrollos agropecuarios y agroindustriales en los distintos territorios rurales.
El compromiso adquirido por el Gobierno en el Acuerdo establece, entre otras cosas, que, para desarrollar los sectores agropecuario y rural en beneficio de sus pobladores, deberán ponerse en marcha 12 Planes Nacionales.
Estos Planes comprenden tres grandes áreas de intervención: infraestructura (vías terciarias, riego, energización rural y conectividad); desarrollo social (educación, salud, vivienda y erradicación de la pobreza); y desarrollo productivo y comercial.
De cumplirse con lo establecido, no solo se le estará dando al sector rural (y en particular a sus pobladores) el tratamiento que históricamente le ha sido negado por la sociedad sino que se crearán las condiciones para impulsar un desarrollo más vigoroso de las actividades agropecuarias.
Ello deberá redundar en un crecimiento alto del PIB sectorial, en una mayor generación de empleo y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares rurales.
La ejecución eficaz de los Planes Nacionales facilitará aún más la llegada de mayores flujos de inversión privada, los cuales deberán convertirse en nuevos emprendimientos empresariales (los denominados agronegocios) que no solo incrementen y expandan la oferta alimentaria y agroindustrial para el mercado nacional sino, aún más importante, para los mercados externos.
Precisamente, la revista Dinero informó que ProColombia identificó, en el primer semestre de 2017, diez iniciativas de inversión extranjera en diversas actividades agropecuarias por valor de 330 millones de dólares.
Si el Gobierno efectivamente garantiza un ambiente de mayor seguridad y condiciones adecuadas de desarrollo en el campo, la agricultura colombiana deberá emprender, de la mano de la inversión privada, una senda de crecimiento acorde con sus muy altos potenciales productivos.
