¿Quién es la jefa negociadora del Gobierno en diálogos con alias Calarcá?
Esta semana, un enfrentamiento armado entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y las de ‘Calarcá’ dejó unos 50 muertos, entre ellos menores de edad.
Las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ mantienen desde hace meses una confrontación armada por el control de rutas y territorios en el suroriente del país.
En el departamento de Guaviare, esta semana, 50 personas murieron en medio de choques armados entre las dos estructuras de disidencias en esa zona del país.
En paralelo, en medio de la mesa de conversaciones de paz donde participa el bloque liderado por Calarcá, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el aumento de acciones armadas y el fortalecimiento del pie de fuerza de esa estructura, lo que tensiona el proceso de negociación con el Gobierno.
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Datos conocidos en exclusiva por EL COLOMBIANO muestran que el grupo disidente comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, no solo se mantuvo, sino que se fortaleció, casi triplicando su pie de fuerza armado. Pasó de tener 1.400 personas en armas (en 2023) a 2.958 (hoy): un incremento del 111 % en pleno proceso de diálogo con el gobierno.
Hoy, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el de “Calarcá” (con 22 años de formación criminal en Farc) no solo es el grupo más poderoso de la mesa de negociación, sino una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.
Su influencia, de acuerdo con datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.
En estos diálogos con las disidencias de alias Calarcá, el Gobierno Nacional ha designado como jefe de su delegación a Gloria Quiceno.
Es una líder política, sindical y activista social nacida en Pereira, Risaralda, reconocida por su tránsito de la militancia insurgente a la participación democrática en Colombia.
Profesional en estudios políticos y resolución de conflictos, Quiceno inició su formación académica y política en Bogotá, ciudad a la que se trasladó durante su juventud.
Se graduó como bachiller del Instituto Pedagógico Nacional de la Universidad Nacional de Colombia (IPN), espacio donde fortaleció su interés por las luchas sociales y los procesos políticos del país.
Posteriormente ingresó al Movimiento 19 de Abril (M-19), organización insurgente en la que desempeñó labores políticas y organizativas antes de la firma del acuerdo de paz de 1990.
Tras la desmovilización de esa guerrilla, participó activamente en el proceso de reincorporación a la vida civil y democrática, asumiendo la dirección nacional del proyecto de reinserción adscrito al Ministerio del Interior, desde donde coordinó programas de transición socioeconómica para excombatientes.
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En ese marco fue elegida congresista por la Alianza Democrática M-19 (AD M-19), movimiento político surgido de la desmovilización del M-19.
En 1997 asumió la dirección ejecutiva y la presidencia de la Alianza Democrática M-19, liderando procesos de articulación política y alianzas electorales en distintos territorios del país.
Rechazo del Gobierno a matanza entre disidentes
El Ministerio de Defensa reaccionó al comunicado difundido por las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, en el que reconocen a los enfrentamientos armados que sostienen con el grupo de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, hechos que ya dejan cerca de 50 personas muertas.
La cartera de Defensa afirmó que las declaraciones del grupo armado representan una “confesión pública” de graves crímenes, debido a que reconocen la muerte de múltiples personas en medio de los combates.
Según el Gobierno, entre las víctimas podría haber menores de edad, situación que constituye una seria violación al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación colombiana.
En ese sentido, el Ministerio advirtió que todos los integrantes de estructuras ilegales involucrados en estos hechos, así como quienes los ordenen, financien o faciliten, “serán perseguidos por las autoridades y podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión”.
“Estas organizaciones criminales representan una amenaza directa para la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Son grupos que desprecian la vida humana y sostienen su actuar mediante economías ilícitas como el narcotráfico, además de actividades terroristas y extorsivas”, señaló la entidad.
Asimismo, el Gobierno rechazó lo que calificó como intentos “cínicos” de normalizar la violencia y el reclutamiento ilegal de menores de edad.
También cuestionó que las disidencias pretendan justificar las masacres bajo argumentos de supuesta defensa territorial. “Ningún grupo armado ilegal tiene legitimidad para ejercer violencia o imponer control sobre el territorio nacional”, enfatizó el Ministerio.
La entidad recordó además que el uso legítimo de las armas corresponde únicamente a la Fuerza Pública, conforme a la Constitución, y reiteró que las autoridades continuarán desarrollando operaciones para capturar y neutralizar a los responsables de estos hechos violentos.
El Ministerio de Defensa aseguró que se mantendrán las acciones militares y judiciales necesarias para evitar que este tipo de episodios se repitan en cualquier región del país.