La actual “paz total” enfrenta críticas crecientes que sugieren un paralelismo con la fallida zona de distensión del Caguán bajo el gobierno de Andrés Pastrana, donde las Farc se fortalecieron entre 1998 y 2002.
Según diversos analistas y datos del proceso consultados por EL COLOMBIANO, la estrategia del gobierno Petro ha permitido que estructuras armadas se fortalezcan territorial y financieramente mientras se mantienen mesas de diálogo que, hasta ahora, muestran resultados ambiguos o se encuentran en crisis.
Human Rights Watch ha reportado que, pese a la “paz total”, el Clan del Golfo ya está en más de 390 municipios, el ELN en 232 y las disidencias en 299.
El caso más notorio es el del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMDBF), liderado por alias Calarcá, que ha utilizado el marco de la negociación para expandir sus redes de extorsión, narcotráfico y control territorial.
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El grupo disidente comandado por Alexander Díaz Mendoza, como se llama alias Calarcá, con delegados sentados en la mesa de paz, se fortaleció casi triplicando su pie de fuerza armado. Pasó de tener 1.400 personas en armas (en 2023) a 2.958 (hoy): un incremento del 111% en pleno proceso de diálogo con el Gobierno.
Se trata de una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.
Su influencia, de acuerdo con datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.
Los que negocian con el Gobierno
Hoy el gobierno Petro mantiene tres mesas activas con disidencias: dos provenientes de las Farc y una del ELN.
La primera es el diálogo territorial con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), surgida en 2024 tras su ruptura con la Segunda Marquetalia y cuyo diálogo de paz, por parte del Gobierno, lo lidera el abogado Armando Novoa, quien hizo parte del Consejo Nacional Electoral y fue presidente de la Comisión Especial Legislativa. También participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
La segunda es la mesa con el grupo de alias Calarcá, con Gloria Quiceno como designada oficial. Ella fue parlamentaria por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que nació de la desmovilización de esa guerrilla en 1990. Es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos.
Y la tercera es con Comuneros del Sur, una facción disidente del ELN, cuyo proceso encabeza Carlos Erazo, otro exguerrillero del M-19 que compartió en ese grupo con el hoy presidente Gustavo Petro. “Él fue el jefe militar de Petro”, dijo Otty Patiño en una nota sobre Erazo que fue publicada por La Silla Vacía.
La CNEB agrupa dos grandes estructuras. Por un lado, los Comandos de la Frontera en Putumayo —bajo el mando de alias “Araña”, con orden de extradición a EE. UU. suspendida—. Por otro, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño y comandada por alias Allende, que reúne seis frentes.
En la mesa, el jefe de la delegación de Comandos es alias Walter Mendoza, firmante del acuerdo de paz quien volvió a las armas. Según datos militares, la CNEB cuenta con 2.089 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, con influencia en Nariño, Putumayo y Amazonas, y presencia en cerca de 30 municipios.
Comuneros del Sur, por su parte, fue una estructura del ELN creada en 1992 que se escindió en 2024. Hoy suma 249 integrantes entre componente armado y redes de apoyo.
Opera principalmente en la región de Abades, en Nariño, con incidencia en unos 15 municipios —especialmente Samaniego, Ricaurte y Mallama—.
Está organizado en tres compañías y es liderado por Gabriel Yépez Mejía, alias HH (también conocido como “Gustavo”, “Aldemar” o “Emanuel”), a quien la Corte Suprema le avaló la extradición a EE. UU. Mientras las mesas de paz avanzan, los grupos no se repliegan; se ordenan, se expanden y ganan capacidad.
La segunda es la mesa con el grupo de alias Calarcá, con Gloria Quiceno como designada oficial. Ella fue parlamentaria por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que nació de la desmovilización de esa guerrilla en 1990. Es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos.
Y la tercera es con Comuneros del Sur, una facción disidente del ELN, cuyo proceso encabeza Carlos Erazo, otro exguerrillero del M-19 que compartió en ese grupo con el hoy presidente Gustavo Petro. “Él fue el jefe militar de Petro”, dijo Otty Patiño en una nota sobre Erazo que fue publicada por La Silla Vacía.
La CNEB agrupa dos grandes estructuras. Por un lado, los Comandos de la Frontera en Putumayo —bajo el mando de alias “Araña”, con orden de extradición a EE. UU. suspendida—. Por otro, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño y comandada por alias Allende, que reúne seis frentes.
En la mesa, el jefe de la delegación de Comandos es alias Walter Mendoza, firmante del acuerdo de paz quien volvió a las armas. Según datos militares, la CNEB cuenta con 2.089 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, con influencia en Nariño, Putumayo y Amazonas, y presencia en cerca de 30 municipios.
Comuneros del Sur, por su parte, fue una estructura del ELN creada en 1992 que se escindió en 2024. Hoy suma 249 integrantes entre componente armado y redes de apoyo.
Opera principalmente en la región de Abades, en Nariño, con incidencia en unos 15 municipios —especialmente Samaniego, Ricaurte y Mallama—.
Está organizado en tres compañías y es liderado por Gabriel Yépez Mejía, alias HH (también conocido como “Gustavo”, “Aldemar” o “Emanuel”), a quien la Corte Suprema le avaló la extradición a EE. UU. Mientras las mesas de paz avanzan, los grupos no se repliegan; se ordenan, se expanden y ganan capacidad.
”La paz es un buen negocio”: hablan expertos
Para el profesor Luis Fernando Trejos, quien en la Universidad del Norte de Barranquilla investiga conflicto armado, muchas de estas estructuras han decidido sumarse a la paz, en buena parte, porque es un “buen negocio” que les otorga tranquilidad para crecer sin compromisos reales de dejar las armas.
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Trejos señala que estructuras como la de Calarcá han crecido y se han consolidado mientras están sentadas en la mesa de diálogo y tienen sus territorios para negociar sin necesariamente tener presiones de las FF. MM.
Esto ha ocurrido bajo el amparo de beneficios como la suspensión de órdenes de captura, sin que sea claro qué está entregando el grupo a cambio, ya que persisten actividades como el reclutamiento, el narcotráfico y el asesinato de civiles y miembros de la fuerza pública.
Los acuerdos firmados, dice, carecen de mecanismos de monitoreo y verificación similares a los vistos en el proceso de paz con las Farc, donde Naciones Unidas fue un garante constante.
Por tanto, “el cumplimiento de compromisos (como no reclutar menores o no interferir en elecciones) queda sujeto exclusivamente a la ‘buena voluntad’ de las partes, lo que le resta seriedad a los procesos”.
El limbo jurídico de los reincidentes, confirma, es otro de los problemas de fondo de las mesas de paz con las disidencias: muchos integrantes de estos grupos son firmantes del acuerdo de 2016.
Según Trejos, la ley es taxativa al prohibir que quienes ya recibieron beneficios de un proceso de paz vuelvan a obtenerlos, por lo que tendrían que someterse a la justicia ordinaria. “Actualmente, no hay claridad ni avances legislativos para resolver este vacío”, expresa.
Un riesgo mayor es que estos grupos sigan consolidando los territorios donde imponen sus propias normas de convivencia. En la práctica, terminan actuando como “interventores” de la inversión social del Gobierno que nace de acuerdos en las mesas de paz; mientras el grupo sigue activo, gestiona y supervisa las obras (vías, escuelas, puestos de salud) que el Estado financia bajo la figura de “transformaciones territoriales”.
“Este modelo de inversión social genera un efecto contraproducente: el grupo armado le demuestra a la comunidad que la única forma de que el Estado les preste atención y construya infraestructura es a través del levantamiento armado y la presión de la negociación. Esto termina legitimando la violencia como herramienta de gestión política ante las comunidades”, relata el experto.
Trejos advierte que, además de gestionar los recursos públicos, estos grupos utilizan dineros de actividades ilegales para financiar servicios públicos y obras, suplantando funciones estatales en regiones como Nariño y Putumayo, donde han llegado a construir colegios y canchas de fútbol.
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El “error de la buena fe”
La falta de mecanismos de monitoreo y verificación de los compromisos pactados deja el cumplimiento de los acuerdos a la “buena voluntad” de las partes y resta seriedad al proceso.
Además, el hecho de que figuras como “Walter Mendoza” sean reincidentes del acuerdo de 2016 genera un limbo jurídico, ya que legalmente no podrían recibir nuevos beneficios de paz, lo que pone en duda el horizonte final de estas mesas.
Según la analista Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, que investiga conflicto armado y violencias en el país, uno de los fallos principales fue la ausencia de claridad sobre protocolos y mecanismos de verificación efectivos. Al no existir estas herramientas, el proceso queda desprotegido frente a grupos que no necesariamente actúan con honestidad.
Ella habla del “riesgo de la buena fe” de las organizaciones armadas. En lugar de basar la paz en la confianza, sostiene que el Estado debe generar incentivos y concesiones a través de una estrategia fortalecida de presión territorial y control por parte del sector defensa.
Sin esta presión, ocurre lo que ella denomina el “pecado” de las mesas: se crean incentivos para que los grupos aprovechen el espacio de la negociación para expandirse y profundizar su control social mientras el brazo de defensa y el de paz del Estado actúan de forma descoordinada.
La falta de seriedad que algunos sectores perciben en el proceso se relaciona con lo que las fuentes describen como conversaciones que “andan un poco sin dirección”. Dickinson señala que el Gobierno no estableció lineamientos claros ni prioridades compartidas sobre cuál es el horizonte final del proceso.
Es decir, según ella, no hay un punto de llegada definido, lo que permite que las mesas se prolonguen indefinidamente sin resultados de desmovilización.
La falta de reglas de juego desde el inicio impidió que el desescalamiento de la violencia fuera una realidad verificable y no solo una promesa retórica.
A pesar de las críticas, Dickinson resalta como un avance el establecimiento de tres ejes rectores: desescalamiento de la violencia, transformación territorial por parte del Estado, con una debida verificación, y discusión de una ruta de desmovilización con las Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, que por ahora son un canto a la bandera.
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¿Qué pasa con las ZUT y por qué siguen “en el papel”, sin consolidarse?
En el caso del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), grupo de alias “Calarcá”, el principal problema radica en la ubicación de su ZUT en la zona rural de Tibú (Norte de Santander), una región que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca en el país.
De acuerdo con datos oficiales, el terreno está sembrado de minas antipersona, y se estima que el trabajo de desminado necesario para permitir la concentración de los combatientes podría tomar más de un año.
Además, el área ha sido escenario de una campaña de exterminio por parte del ELN contra este grupo disidente. Las autoridades señalan que asegurar la protección de los disidentes en Tibú es sumamente complejo debido a que la zona lleva 40 años con el orden público alterado.
Frente a Comuneros del Sur, la ZUT se definió en el municipio de Mallama (Nariño), dentro del resguardo indígena Gran Mallama de la comunidad Awá.
El proceso lleva meses de retraso debido a la necesidad de realizar consultas internas con los indígenas, quienes han expresado serias preocupaciones sobre los riesgos y el impacto que la instalación de una zona de este tipo tendría en sus vidas y territorio. Mallama es un punto clave para el tránsito de cocaína e insumos químicos hacia el triángulo de Tumaco y Ecuador.
Con la CNEB las áreas se denominaron Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT) y se ubicaron en Roberto Payán (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo).
Sin embargo, Roberto Payán es un eje fluvial por donde se mueve la cocaína procesada en el Cauca hacia Ecuador. Por su parte, el Guamuez es considerado un sitio “ideal” para los grupos criminales por el tráfico de explosivos en la frontera y minería ilegal de oro, etc.
Habla jefe de delegación del Gobierno en la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
Armando Novoa García, como jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), dijo a EL COLOMBIANO que ese proceso se encuentra en una etapa crítica de “definiciones y decisiones”, donde su principal objetivo es sincerar las posiciones de una estructura que presenta fracturas internas.
Novoa identifica que el problema central en los territorios de Nariño, donde está presente ese grupo, es la existencia de gobernanzas híbridas o criminales, donde los grupos ilegales mantienen un control sobre las comunidades y el territorio debido a una ausencia histórica del Estado.
Su propósito central, relata, es lograr que el grupo haga “dejación” de ese control para que el Estado consolide el territorio. Destaca que, como parte de este desmonte, se ha logrado la destrucción de 15 toneladas de material explosivo y una disminución significativa de homicidios en Nariño y Putumayo.
Aunque Novoa no oculta que el proceso atraviesa una crisis debido a que no todas las estructuras de la CNEB tienen el mismo nivel de compromiso.
Mientras algunas facciones avanzan en la sustitución de cultivos de uso ilícito, otras muestran un desinterés marcado o resistencia a que las comunidades abandonen la economía de la hoja de coca.
El negociador de paz identifica que en Nariño hay seis o siete estructuras, y algunas de ellas no colaboran ni tienen la misma voluntad que los frentes en Roberto Payán o los Comandos de la Frontera en Putumayo.
Para Novoa, hay sectores del grupo que dificultan la entrada de funcionarios para la sustitución de cultivos, a pesar de que existe un preacuerdo para intervenir 30.000 hectáreas.
Ante la facción que obstaculiza el avance, la postura de Novoa es de pragmatismo firme: “El Gobierno no puede andar al ritmo de las estructuras que no quieren avanzar”, relata. Su estrategia es acelerar el proceso con quienes sí demuestran voluntad de transformación territorial.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es la “paz total” en Colombia?
- Es la política del gobierno Petro para negociar simultáneamente con varios grupos armados y reducir la violencia mediante diálogos y acuerdos territoriales.
- ¿Por qué se compara con el Caguán?
- Porque, como en ese proceso (1998-2002), hay preocupaciones de que los grupos armados se fortalezcan mientras negocian.
- ¿Qué son las ZUT?
- Son Zonas de Ubicación Temporal donde los grupos deberían concentrarse para avanzar hacia la desmovilización.
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