Así fue el intento de toma del MinInterior por parte de indígenas en Bogotá: usaron niños como escudos humanos
Durante la jornada, cerca de 1.500 funcionarios permanecieron retenidos por aproximadamente siete horas.
Este miércoles se registraron protestas en el centro de Bogotá, lideradas por comunidades indígenas frente a la sede del Ministerio del Interior. La situación se intensificó cuando manifestantes ingresaron a cuatro sedes de la entidad, denunciando presuntos incumplimientos por parte del Gobierno nacional.
Durante la jornada, cerca de 1.500 funcionarios permanecieron retenidos por aproximadamente siete horas, en medio de la tensión generada por la ocupación de las instalaciones.
Ante la complejidad del escenario, unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antes ESMAD) hicieron presencia en el lugar para facilitar la evacuación y restablecer el orden.
Según las autoridades, la intervención se centró en la creación de un corredor humanitario que permitió la salida segura de los trabajadores, sin que la fuerza pública ingresara a los edificios.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación del Gobierno nacional, el Distrito y el Ministerio Público, desde donde se monitoreó la situación y se coordinaron las acciones para atender la emergencia.
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“El Ministerio del Interior solicitó la intervención en horas de la tarde. No hubo ingreso a las instalaciones; se generó un corredor para garantizar una evacuación segura”, precisó el funcionario.
Quintero también señaló que la operación se realizó priorizando la protección de población vulnerable presente en la protesta, incluyendo menores de edad y mujeres gestantes. Sin embargo, cuestionó que estas personas hubieran sido llevadas al lugar en medio de la manifestación.
Aseveró que las comunidades indígenas utilizaron a niñas y niños como “escudos de protección”. El funcionario detalló que la intervención fue breve y que, posteriormente, la situación volvió a la normalidad.
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Según explicó el secretario, algunos integrantes de la comunidad Emberá se retiraron del lugar tras los enfrentamientos con la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden y se trasladaron a la Plaza de Bolívar. “Los equipos del Distrito mantienen monitoreo y acompañamiento a la espera de lo que pueda suceder”, añadió.
Rechazo de parte del MinInterior
A través de un video difundido a medios, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su rechazo a la toma de la sede de la entidad en el centro de Bogotá por parte de un grupo de indígenas Emberá Katío, durante las protestas del 29 de abril de 2026.
Según el funcionario, los manifestantes bloquearon el ingreso y la salida de más de 1.200 trabajadores del Ministerio del Interior, en medio de nuevas exigencias relacionadas con recursos económicos. Benedetti calificó la situación como un hecho grave y aseguró que podría considerarse un “secuestro”. “Lo que ha pasado hoy es bastante grave.
“Unas acciones violentas por parte de una facción de los emberá retuvieron, yo podría hablar hasta de secuestro, a 1.200 personas que trabajan en el Ministerio del Interior”, afirmó el ministro.
Durante la jornada también se reportaron daños a la infraestructura del edificio, incluyendo la ruptura de vidrios, en medio del bloqueo realizado por los manifestantes.
El jefe de la cartera política indicó que las acciones estarían relacionadas con reclamos de recursos para el retorno de las comunidades a sus territorios de origen, así como solicitudes de mesas de concertación con el Estado y beneficios a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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Benedetti aseguró que varias de estas peticiones ya han sido atendidas por el Gobierno, pero que algunos grupos reciben recursos, regresan temporalmente a sus resguardos y luego vuelven a la capital para nuevas exigencias.
Asimismo, señaló que actualmente las comunidades se encuentran divididas entre sectores que buscan el diálogo y otros que, según dijo, recurren a acciones violentas.
En ese sentido, afirmó que el grupo involucrado en los hechos incluso habría impedido el acceso de entidades como el ICBF para verificar las condiciones de los menores dentro de la comunidad.
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