Con más de 14.000 homicidios en 2025 y un aumento del 124 % en secuestros, el informe advierte una brecha entre la política de paz y los resultados en seguridad.
Un panorama de violencia persistente, expansión de grupos armados y presión creciente sobre las ciudades capitales, esos fueron los hallazgos presentados en el informe reciente de Asocapitales, que analiza los resultados de la política de “Paz Total” en Colombia.
El documento advierte que, lejos de consolidar una reducción sostenida de la violencia, el país atraviesa un momento crítico en el que los indicadores de seguridad muestran retrocesos.
El análisis señala que, aunque la estrategia tiene como antecedente el acuerdo firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y fue convertida en política de Estado mediante la Ley 2272 de 2022, su implementación no ha logrado traducirse en mejoras concretas en el terreno, como aquel acuerdo.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la apuesta ha combinado negociaciones con grupos armados y acercamientos con estructuras criminales, apoyada en medidas como la suspensión de órdenes de captura y la figura de los “gestores de paz”.
Sin embargo, el informe sostiene que estos instrumentos no han tenido el impacto esperado.
“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de ‘Paz Total’ no está logrando contener ni reducir la violencia”, afirmó el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, en el informe.
En el documento, añadieron:
“Mientras el Gobierno negociaba, los grupos armados ampliaron su estructura y su presencia territorial, las economías ilegales continuaron operando sin restricción verificable y ningún proceso de diálogo incluyó compromisos efectivos de desmantelamiento, convirtiendo la Paz Total en un instrumento que otorgó beneficios jurídicos sin exigir medidas reales en seguridad”.
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Según el documento, mientras avanzaban los diálogos, varios grupos ilegales fortalecieron su capacidad. El ELN, por ejemplo, habría pasado de 2.541 a 6.450 integrantes, mientras que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc también aumentó su pie de fuerza y su presencia territorial.
En ese contexto, varios procesos de negociación están hoy suspendidos o sin resultados verificables.
En cuanto a los resultados, Asocapitales recolectó el balance de seguridad del país. En 2025 se registraron 14.038 homicidios, el nivel más alto de la última década, con un incremento del 4 % frente a 2024.
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La extorsión llegó a 13.417 casos, mientras que el secuestro se disparó a 701 casos, más del doble que el año anterior. A esto se suma el desplazamiento forzado, que superó las 88.100 personas, un aumento del 69 %.
El impacto es particularmente fuerte en las ciudades capitales, donde se concentra cerca del 50 % de los delitos de alto impacto. En Bogotá, Cali y Medellín, el informe advierte sobre altos niveles de impunidad —del 92 % en homicidios— y un déficit estructural de fuerza pública.
El documento también señala que los gobiernos locales han tenido una participación limitada en el diseño de la política, pese a enfrentar directamente sus consecuencias.
Además, sobre el incremento de amenazas contra mandatarios locales, Asocapitales reportó que: al menos 11 alcaldes de ciudades capitales han sido objeto de intimidaciones entre 2024 y 2026.
En paralelo, se registra una mayor presencia de estructuras criminales en entornos urbanos, donde ejercen control sobre economías ilegales como la extorsión.
El informe concluye que la falta de mecanismos de verificación en los diálogos, la negociación simultánea con múltiples actores y la persistencia de economías ilegales han limitado los resultados de la política.
Entre las recomendaciones, Asocapitales planteó fortalecer el pie de fuerza en las ciudades, condicionar los procesos de diálogo a resultados verificables y garantizar una mayor participación de alcaldes y gobernadores en la política de seguridad.
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