Colombia

Por segunda vez Juliana Guerrero no comparece ante la justicia: ¿puede ser procesada en ausencia?

La diligencia, programada para este martes 10 de marzo, debía realizarse ante un juez de control de garantías en Bogotá.

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Periodista y productor de archivo. Egresado del programa de comunicación social de la Universidad Santiago de Cali y actual estudiante de la Maestría en Producción de Narrativas Históricas de la Universidad Externado. Ha trabajado en medios como El País Cali, Séptimo Día de Caracol Televisión y Vorágine. Co-investigador en la serie documental “Garavito: la bestia serial”, de Discovery. Caleño amante de la salsa y el pandebono sin bocadillo.

hace 5 horas

El segundo aplazamiento de la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero no solo retrasó el inicio formal del proceso penal en su contra, sino que abrió la puerta a que la Fiscalía evalúe nuevas medidas ante el riesgo de que la investigada continúe sin comparecer ante la justicia.

La diligencia, programada para este martes 10 de marzo, debía realizarse ante un juez de control de garantías con una fiscal, que busca imputarle los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público por la presunta obtención irregular de títulos académicos.

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Sin embargo, horas antes de la audiencia, Guerrero envió una carta solicitando su aplazamiento al argumentar que no ha podido contratar un abogado de confianza que asuma su defensa. El juzgado aceptó la solicitud y deberá fijar una nueva fecha.

Durante la diligencia, la fiscal del caso informó que desistía de solicitar una medida de aseguramiento contra Guerrero.

Según explicó, en este momento no se cumplen los presupuestos procesales para justificarla, pues la investigada no ocupa actualmente un cargo en la administración pública ni existen elementos que indiquen que esté obstruyendo la investigación.

Este diario conoció que tras la fallida audiencia de hace una semana, la fiscal del caso volvió a radicar la solicitud para realizar la audiencia de imputación este martes que incluye a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la San José, señalado de haber estado detrás de la entrega de varios títulos irregulares.

Sin embargo, la funcionaria judicial decidió abstenerse de presentar una solicitud de audiencia para imponer medida de aseguramiento, al considerar que la vinculación formal al proceso mediante la imputación es suficiente en esta etapa y que no se cumplen los presupuestos para solicitar una medida privativa de la libertad.

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Otro abogado, que pidió reserva de su identidad, recordó que en la primera citación Guerrero argumentó que no tenía abogado y pidió reprogramar la diligencia, por lo que se le designó para este martes un defensor público.

“Sin embargo, en esta segunda ocasión la investigada ya cuenta con ese abogado asignado, pero solicitó tiempo adicional para contratar un defensor de su confianza, razón por la cual pidió nuevamente aplazar la audiencia. La Fiscalía había pedido esta audiencia, seguramente, como forma de presionar la comparecencia de Guerrero, para luego retirar la medida de aseguramiento”, afirmó la fuente.

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Jennifer Pedraza, a través de X, dijo: “Juliana Guerrero, la protegida de @petrogustavo , no tiene tiempo para asistir a la audiencia de imputación pero sí para ir a votar en la elección de rector de la Universidad del César (UPC). Si esta señora presuntamente compra títulos, ¿será que vendió su voto a favor del próximo rector de la UPC? Ya tiene abogado que se paga con nuestros impuestos, pero por segunda vez pide reprogramar. Y la perla: la fiscalía desistió de la medida de aseguramiento en el proceso”.

¿Podría insistirse en una medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero?

EL COLOMBIANO habló con otro jurista, se trata del abogado Sebastián Rondón, quien representa a la congresista Jennifer Pedraza, ante la Corte Suprema de Justicia, y quien además acompaña a la congresista en el proceso tras la denuncia que ella radicó contra Juliana Guerrero y directivos de la Fundación Universitaria San José, en septiembre del año pasado, por las irregularidades en la expedición de títulos.

El jurista considera que la ausencia de Guerrero en la audiencia podría activar un nuevo argumento jurídico para la Fiscalía: el riesgo de no comparecencia, lejos de lo que creen personas cercanas a Guerrero, que se han mostrado confiados de que en libertad Juliana “puede atender el caso sin obstrucciones.

Fuentes cercanas a Guerrero también le han dicho a EL COLOMBIANO que no existe ningún problema para el desarrollo de la investigación porque actualmente (Juliana) no se encuentra vinculada al Gobierno ni tiene acceso a ese tipo de espacios, por lo que considera improbable que pueda interferir o afectar el proceso investigativo. “Además, por el tipo de delito que se investiga, no se requeriría una medida de aseguramiento”, afirmaron.

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Aunque este martes estuvo ausente en la audiencia judicial, Juliana Guerrero sí asistió ayer a la reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para la elección del nuevo rector. En ese organismo universitario tiene silla en representación del Gobierno.

“Ella ya tenía defensor, que no era de confianza sino público. Si la persona no está presente, la audiencia no se puede hacer. Pero con lo que ocurrió hoy se configura un riesgo constitucional de no comparecencia, porque se le ha hecho el quite al proceso”, explicó el abogado Sebastián Rondón.

Según el jurista, en diálogo con EL COLOMBIANO, este escenario podría llevar a que la Fiscalía vuelva a evaluar la solicitud de una medida de aseguramiento.

En principio, la medida más probable sería una restricción para salir del país, aunque advirtió que el panorama podría escalar si se mantienen las ausencias.

La figura de la contumacia

El abogado también señaló que, si la investigada continúa sin presentarse, podría aplicarse la figura jurídica de contumacia, que permite avanzar en el proceso judicial aun sin la presencia del acusado, en este momento Juliana Guerrero.

“Ya se le ha citado en dos ocasiones y ha mostrado una rebeldía para acudir al proceso. La contumacia permite hacer audiencias sin ella presente”, explicó.

De acuerdo con esta figura procesal, el caso penal puede seguir su curso cuando el imputado ha sido citado formalmente y de manera reiterada no comparece sin una justificación suficiente, confirma el jurista.

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Para que se declare la contumacia, se lee en la normativa jurídica, es imprescindible que el juez verifique previamente la “desidia del investigado o investigada” frente a comparecer en el proceso penal.

Además, esta podría aplicarse cuando el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados, sin causa justificada, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación.

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El jurista advirtió que insistir en aplazamientos o ausencias podría terminar perjudicando a la propia investigada. “En este momento lo máximo que daría sería una prohibición de salir del país. Pero si se insiste en no comparecer, eso incluso podría terminar en una medida de aseguramiento intramural”, señaló.

También recordó lo que dice la Comisión Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2, sobre que toda persona tiene derecho “irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor”, pero “dentro del plazo establecido por la ley”.

Al respecto, el reconocido abogado penalista Francisco Bernate afirmó en diálogo con EL COLOMBIANO que “cuando la persona ha sido enterada de la actuación y no quiere comparecer a las diligencias, procede la diligencia de contumacia. Y, en este caso, pues ya van dos situaciones que la persona desatiende, de manera que yo sí creo que la Fiscalía tiene la obligación de invertirle seriedad al proceso y solicitar la declaratoria de contumacia”.

Por ahora, el juzgado deberá fijar una nueva fecha para la audiencia en la que la Fiscalía buscará imputar formalmente cargos contra Guerrero, mientras crece el debate jurídico sobre si sus reiteradas ausencias podrían derivar en la aplicación de medidas más severas dentro del proceso sé, en septiembre del año pasado.