Juliana Guerrero ha estado en el centro de varias polémica en el país por sus vínculos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y por su relación con el escándalo de la Fundación Universitaria San José, investigada por la expedición de títulos falsos. Ahora, su nombre volvió a generar cuestionamientos tras conocerse unos contratos suscritos con la Universidad Industrial de Santander para apoyar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
Entérese: Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José
La Contraloría General de Santander habría sido la encargada de publicar el informe final tras la denuncia del medio independiente Metropolitano, en el que se advertía sobre posibles irregularidades en dos contratos firmados en 2023 y 2024 entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para apoyar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
Los contratos habrían estado enmarcados en un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior —entidad a la cual Guerrero ha tenido cercanía—, cuyo objetivo era prestar apoyo técnico y operativo a un programa nacional de fortalecimiento de la convivencia ciudadana y prevención de conflictos.
La Contraloría señaló que, aunque los contratos con Juliana Guerrero fueron legales y están documentados, no hay evidencias objetivas que prueben que las actividades pactadas hayan sido ejecutadas.
Es por ello que el organismo señaló que no pudo verificar de manera plena la ejecución material de los contratos por parte de Guerrero, lo que dio lugar al hallazgo de un presunto daño fiscal.
Pese a los argumentos de defensa presentados por la UIS, el equipo auditor mantuvo su conclusión al advertir ausencia de documentos obligatorios.
Indicó que, aunque los supervisores —Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes— certificaron el cumplimiento de las actividades, en los expedientes no reposan los productos o entregables específicos exigidos por el contrato.
Es más, el ente de control estableció que la UIS, en búsqueda de favorecer a Guerrero, utilizó una ambigüedad en la terminología contractual, catalogándola como “persona natural y/o profesional”.
El escándalo que la involucra
Juliana Guerrero es la funcionaria que ha estado bajo la mira de la opinión pública por, supuestamente, haber participado en la falsificación de sus títulos universitarios en la Fundación Universitaria San José.
Desde la institución educativa ya se le retiraron los documentos, luego de que se conociera que se habría graduado sin haber presentado los exámenes Saber Pro —requisito necesario para obtener el título de educación superior en Colombia—.
Además, el escándalo tomó mayor relevancia después de que su nombre apareciera como posible postulante al cargo de viceministra de la Igualdad de este Gobierno.
EL COLOMBIANO conoció en exclusiva el caso de dos personas que habrían pagado hasta 20 millones de pesos para “homologaciones” académicas en la Fundación Universitaria San José, pero ahora tienen líos en sus trabajos.
En el marco del caso de una persona que obtuvo un diploma presuntamente irregular en la San José, este diario accedió a facturas electrónicas de venta registradas ante la DIAN que evidenciarían que el pago ingresó directamente a la Fundación de Educación Superior San José. En esos documentos, además, el correo asociado al emisor de la venta corresponde al departamento contable de ese centro educativo así como el NIT.
Esta modalidad, que es un secreto a voces en las entidades donde exigen algunos títulos académicos para ejercer funciones, se habría disparado bajo este Gobierno.
La congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José al identificar 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario.
La alerta se centró en la obtención de títulos “exprés”, sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.
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