Por segunda vez, Juliana Guerrero logró aplazar la audiencia en la que la Fiscalía pretendía imputarle cargos por la presunta falsificación de su diploma de graduación a través de la Universidad San José. Esta vez, la señalada argumentó que no ha logrado conseguir un abogado de confianza que asuma su defensa en el proceso penal.
La diligencia judicial estaba programada para este 10 de marzo de 2026 a las 9:00 de la mañana y contemplaba la imputación de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Sin embargo, horas antes de la audiencia, Guerrero envió una carta a la Fiscalía solicitando su reprogramación.
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En el documento, explicó que, debido a la notoriedad pública del caso, no ha logrado concretar la contratación de un defensor que esté dispuesto a representarla en esta etapa del proceso.
“Dada la connotación pública y nacional de los hechos por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica en esta etapa inicial del proceso penal”, señaló en la comunicación dirigida a la fiscal del caso.
Guerrero también manifestó que desea ejercer su derecho fundamental a la defensa con un profesional elegido por ella misma, por lo que pidió un plazo adicional para concretar la contratación.
“Manifiesto respetuosamente que no requiero la designación de un defensor público por parte de la Defensoría del Pueblo, sino que solicito muy respetuosamente que se me conceda un término razonable que me permita contratar un abogado idóneo, garantizando así una defensa efectiva dentro del proceso penal”, agregó.
En la misma carta aseguró que su solicitud se hacía de buena fe y reiteró su disposición de comparecer ante la justicia una vez cuente con representación legal. “Reitero mi plena disposición de comparecer a las audiencias correspondientes y colaborar con la administración de justicia”, concluyó.
La Fiscalía investiga a Guerrero por presuntamente haber obtenido de manera irregular los títulos profesionales con los que aspiraba a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
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Durante la diligencia, antes de que se formalizara el aplazamiento, la fiscal delegada informó que desistía de solicitar una medida de aseguramiento contra la investigada.
“Como le había advertido antes de la instalación, mediante el oficio dirigido al Juzgado 25 con función de control de garantías, desistí de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha para solicitarla”, sostuvo la representante del ente acusador.
Con esta decisión, la audiencia quedó suspendida y el juzgado deberá fijar una nueva fecha para que se lleve a cabo la imputación de cargos.
El aplazamiento de la diligencia judicial llamó aún más la atención porque, mientras solicitaba la reprogramación de la audiencia, Guerrero sí participó el día anterior en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde se adelantaba el proceso de elección del nuevo rector.
La ausencia en la audiencia de imputación marca la segunda ocasión en la que Guerrero no comparece a esta diligencia, lo que mantiene en suspenso el inicio formal del proceso penal en su contra.
Ahora, será el despacho judicial el encargado de programar una nueva fecha para la audiencia en la que la Fiscalía buscará formalizar la imputación por los presuntos delitos relacionados con la obtención irregular de sus títulos académicos.
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