“No pidan solucionar un cáncer con agüita aromática”: Pedro Sánchez, ministro de Defensa

Pedro Sánchez cumplió un año al frente del Ministerio de Defensa, con el desafío de lograr unas elecciones en calma este domingo y en medio de una tormenta mediática por los contratos de dos de sus hermanos con el Gobierno y el sector Defensa. Sánchez llega a molestarse con el tema y alega que sus hermanos tienen derecho al trabajo.

El ministro llama a los grupos criminales “amenazas”, explica cómo ha cambiado la guerra con el uso de los drones y lo difícil que es controlarlos, y en la polémica entre el presidente Petro y el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por la amenaza de dron en un evento que tenían en Hidroituango, se pone en un punto medio: “Decir que era un ataque contra ellos no es correcto; y decir que no había nada, tampoco es correcto”.

Se ha armado un escándalo porque dos de sus hermanos, Juan Carlos y Julio César, han firmado siete contratos por $735 millones, la mayoría en este año que usted completa como ministro de Defensa. ¿Qué explicación tiene?

“Trabajar con el Estado no es ningún escándalo. Entonces uno se pregunta: ¿cuál es el interés de nombrarlo así?”.

¿No hay conflicto de interés teniendo en cuenta que los contratos se firman con entidades del sector Defensa?

“No hay conflicto de interés. Mis hermanos, como cualquier ciudadano, tienen el derecho al trabajo. Ellos han desarrollado sus carreras profesionales en el sector defensa durante décadas”.

¿Todos sus hermanos han sido militares?

“De cinco hombres, cuatro fuimos militares. Uno murió defendiendo a los colombianos hace 14 años”.

¿Y de dónde surge esa vocación militar en su familia?

“Un coronel retirado de la Fuerza Aérea cercano a la familia nos animó. Yo, cuando ingresé, no sabía realmente qué era la Fuerza Aérea. Es más por la vocación de servir. Estuvimos tres en la Fuerza Aérea y uno en la Armada. Pero vuelvo al tema que me preguntaba: mis dos hermanos comenzaron décadas antes de que yo fuera ministro de Defensa Nacional”.

¿Y tenían contratos también antes?

“Claro. Desde los años noventa. En 1996 mi hermano Juan Carlos fue contratista en Caminos Vecinales. Les voy a compartir la hoja de vida para que la miren. Él es ingeniero civil, ingeniero de vías y transporte, y así ha contratado con diferentes entidades”.

Me dicen que Julio César fue capitán de fragata, pero que su experiencia es en buques y no tanto en seguridad y convivencia ciudadana, que es donde le han dado dos contratos en el Ministerio del Interior desde cuando usted llegó al gabinete...

“Mi hermano Julio César lleva casi 30 años en el sector público porque, como usted bien dijo, fue militar de la Armada y tiene una maestría en ciberseguridad. Dígame usted: ¿qué aprende uno en las Fuerzas Militares? ¿Será que no sirven para el país casi 30 años de experiencia de mi hermano en temas de seguridad?”.

¿Y no tienen una ventaja por usted ser ministro?

“En el caso de mi hermano Julio César, él trabaja en el Ministerio del Interior. Es más, me enteré de que estaba trabajando allá cuando llevaba como dos meses, porque me lo encontré”.

En otros gobiernos si se contrataba a un primo o familiar lejano en el Estado se armaba gran escándalo en el país. Pero en este gobierno de Gustavo Petro a los ciudadanos nos toca ver cómo no solo es el caso de los contratos de sus dos hermanos, sino que se les da puesto y trabajo a los familiares de otros ministros. La ciudadanía, por lo menos, se siente incómoda...

“Lo que puede incomodar es que hagan ese tipo de comentarios. Y aquí el que se puede incomodar es uno”.

Pero al país también le puede incomodar que haya nepotismo con recursos del Estado...

“Ahí están tergiversando lo que estoy diciendo”.

Por eso le pregunto si lo suyo puede ser distinto...

“Contratar con el Estado, acorde a la Constitución y la ley, ni es nepotismo ni es un escándalo. En el caso de mi hermano Juan Carlos, él está en la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional. La Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Defensa, pero tiene autonomía. Él comenzó en 2024, un año antes de que yo fuera designado ministro de Defensa, por su perfil y su capacidad profesional.

¿A quién le debe rendir cuentas? Al supervisor del contrato, no a mí. Él no influye ni toma decisiones. Hay una independencia absoluta. Yo no soy nominador de sus cargos. Tampoco soy ordenador del gasto. Quiere decir que hay una autonomía plena y no interfiere en ningún lado. Cualquier denuncia puede hacerse en la línea 157”.

Usted ha insistido mucho en la línea 157. ¿Han llegado muchas denuncias de la ciudadanía?

“Sí. El año pasado, que la activamos junto con la Secretaría de Transparencia y en convenio con los Estados Unidos, hemos recibido más de 31.000 llamadas”.

¿En un año 31.000?

“Y esperamos que se incremente más, porque vemos que casi todas las llamadas son del centro del país. De ellas, hemos podido adelantar 143 casos con la Fiscalía y, con ello, hemos capturado incluso personas de la Fuerza Pública”.

¿La gente puede llamar a esa línea para cualquier tema relacionado con Fuerza Pública o para cualquier otro asunto?

“Para cualquier tema. ¿Cuál es la ventaja? Que está conectada con Policía Judicial y con la Fiscalía. Entonces fluye rápido y con total anonimato. Gracias a ello, inclusive algunos congresistas han sido judicializados. Y también creamos una Junta de Transparencia al interior del Ministerio de Defensa. Si uno se reúne para la estrategia militar y policial para afectar la amenaza, cree que la amenaza está afuera, pero también hay que proteger la institución, porque son las armas del Estado”.

Usted me habla de transparencia, pero ha quedado un mal sabor a doble estándar. Por un lado, no ha removido ni al general Juan Miguel Huertas, a pesar de que su nombre apareció en el escándalo de alias Calarcá, en unos audios que todo el país escuchó. En cambio, por un anónimo sobre el general Edwin Urrego sí actuaron de inmediato y lo sacaron de las filas. ¿No deja eso un sabor extraño?

“Hay cosas del sector Defensa que gozan de reserva. En el caso del general Huertas, la Procuraduría lo suspendió tres meses. Pero ahora la Procuraduría dijo que ya no era necesario mantener esa suspensión mientras adelanta la investigación. Y en el caso del general Urrego, como era un caso asociado con un montaje para afectar al Presidente, citamos una junta de inteligencia conjunta, con Fuerzas Militares, Policía y DNI, así como con la Jefatura de Protección Presidencial. La información se le comunicó al señor Presidente y él decidió retirar al general Urrego”.

Pero volviendo al general Huertas, él maneja los recursos humanos del Ejército, y puede reclutar personal o mandar a un soldado o un oficial a determinado lugar. Usted, como ministro, no ha pensado.

“Este señor no me da confianza en ese cargo estratégico, ¿será que lo remuevo mientras se resuelve si es culpable o no?”. “Uno se basa en un ente autónomo, independiente y serio, que es la Procuraduría, que le dice a uno: ‘Oiga, no hay problema, continúe con él allá’. Y, segundo, la toma de decisiones respecto a la administración de personal no es de una sola persona: es de un sistema, de unos protocolos auditados e inspeccionados. Aquí aprovecho para decir: si saben algo que esté manejando equivocadamente el general Huertas, o cualquier otra persona, llamen a la 157”.

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Hablemos de elecciones. ¿Qué lo trajo a Antioquia?

“Después de hacer el análisis de todos los mapas de riesgo, el último nos muestra que Antioquia es el principal foco de atención por la cantidad de sitios que hay que atender. Se hizo una valoración con 15 entidades; más de 700 personas metieron 40.000 datos, usando sistemas de prospectiva para mirar influencia, dependencia y juego de actores. Se concluyó que 47 sitios requieren una atención preventiva inmediata y focalizada. De esos 47, 14 quedan aquí, en Antioquia”.

Eso significa que Antioquia tiene casi el 30 % de los sitios críticos para elecciones...

“Así es. Y por eso hemos desplegado todas las capacidades diferenciales. No es lo mismo la seguridad que se requiere aquí en Bello que la que se requiere en San Andrés de Cuerquia. A raíz de eso hay comités electorales de seguimiento, nacionales y departamentales, y por ello vine acá, porque Antioquia es muy importante”.

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¿Qué encontraron?

“Encontramos que el riesgo de violencia es generado principalmente por la economía ilegal. Que no es para subsistir, es para generar violencia. El año pasado murieron 9.000 personas por sicariato, por luchas entre bandas de microtráfico, y eso depende del narcotráfico, en donde convergen cuatro amenazas: el autodenominado AGC, conocido como Clan del Golfo; el ELN; las disidencias de alias Calarcá, que son el frente 36; y las disidencias de alias Mordisco, que son el 18. Antes estaban unidos y se pelearon por el narcotráfico”.

Volviendo a los 14 sitios en Antioquia que van a requerir un cuidado especial para elecciones, ¿va a haber un despliegue especial del Ejército?

“Ya se ejecutó. El Plan Democracia viene desde hace un año: 20.000 militares, 6.000 policías, 1.500 policías adicionales, drones y vehículos blindados. Los 76 billones de pesos asignados este año al Ministerio de Defensa permiten desplegar esas capacidades acá, que se potencian gracias también a la Gobernación de Antioquia y a los antioqueños. Pero esa es la violencia física. Hay otros riesgos más grandes”.

¿Qué me dice del constreñimiento? En las elecciones de hace cuatro años vimos cómo en las zonas de mayor influencia de criminales obligan a sectores de la población a votar por los candidatos que ellos digan. ¿Hay alguna solución?

“Esas amenazas siempre han existido. El mal es inherente a unas pocas personas y hay que llevarlo a su mínima expresión. El constreñimiento es una realidad. Nosotros estamos desplegando fuerzas para alejarlos de la población, pero en algunos casos es muy complejo porque utilizan tácticas terroristas y se camuflan en ella.

Lo que estamos haciendo es afectar críticamente las amenazas. Pero también está la compra y venta de votos, los delitos cibernéticos y el riesgo de que ataquen la infraestructura crítica de la Registraduría. Para ello vamos a activar un PMU cibernético.

Y también hay otra amenaza en el mundo digital: la desinformación, que a veces busca generar odio y polarización. Como lo que ocurrió en Gamarra, Cesar, en 2023, quemaron la Registraduría no porque hubiera llegado un GAO, sino por la desinformación”.

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Sí, hay que tener mucha cautela. Empezando por el presidente de la República que ha estado las últimas dos semanas creando desasosiego sobre las elecciones. ¿No es muy difícil trabajar como Ministro de Defensa y garantizar unas elecciones en paz, cuando el presidente se la pasa tratando de crear desconfianza hacia el sistema electoral?

“El Presidente ha puesto advertencias claras sobre la Registraduría, sobre lo que ocurrió en 2014 y se mencionó en 2018, sobre una posible manipulación del software. Y eso da alertas que es necesario atender. Como ministro de Defensa y como Fuerza Pública, especialmente la Fuerza Pública, no participamos en la política. La Fuerza Pública protege el derecho al voto de los colombianos, incluso arriesgando la vida”.

En cuanto a los drones, en Antioquia se han convertido en preocupación. Tuvimos el episodio de la familia en Segovia que murió por cuenta de un dron. El helicóptero de la Policía que tumbaron en Amalfi con ayuda de otro dron. Y esta semana el episodio en el que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia tuvieron que cancelar un evento en Hidroituango porque las fuerzas militares vieron un dron no identificado y pidieron cancelar. ¿Estamos a merced de los drones de los criminales?

“Los drones llegaron a cambiar la dinámica en el campo de batalla. Si hay algo que cambia drásticamente las condiciones del combate es la tecnología, como cuando se inventó la pólvora y el otro tenía cuchillo, y ya la distancia para combatir debió ser otra. En este caso, los grupos criminales se han apropiado rápido de una tecnología que cambia muy rápido, que es muy fácil de comprar”.

Los compran en Temu y ahora unos más sofisticados en China...

“El año pasado recibimos 9.000 intentos de ataque con drones. De esos, inhibimos el 96 %. El 4 % logró su propósito y causó daños, asesinando incluso a militares, policías y civiles. Y este año ellos han incrementado su capacidad. Nosotros también la estamos incrementando. Lo que pasa es que, tristemente, es más lento el Estado que los criminales para adquirir capacidad. Un criminal la compra y no tiene que rendir cuentas. El Estado sí tiene que hacer un proceso”.

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Es una ventaja estratégica para los criminales que nunca antes habían tenido. ¿Eso en el mundo ya se está controlando con escudos antidrones?

“Es un problema muy complejo. Yo estuve en el seminario de seguridad en Halifax, en Canadá, y hablaba con el ministro de Defensa de Países Bajos. Me dijo: ‘Espere un momentico, que acaba de meterse un dron a uno de los aeropuertos internacionales’. Por ello surge el proyecto de Escudo Nacional Antidrones. Pero, si uno quiere seguridad, hay que invertir en seguridad. Cuesta alrededor de 6,7 billones de pesos”.

¿Eso es parecido al domo que tiene Israel?

“Sí. La idea es crear algo así, por capas. La diferencia es que Israel detecta amenazas que le vienen de afuera”.

En Colombia pueden salir desde adentro del país

“Digamos que sí, pero también Israel es del tamaño del Tolima”.

El área de Israel es muy pequeña al lado de lo que tendría que hacer Colombia para controlar esa amenaza.

“Así es. Entonces estamos avanzando en la fase precontractual, con equipos de cada una de las Fuerzas, un gerente de proyecto, el equipo de transparencia, la dirección de control y todo el personal necesario. Ya hemos visitado Catar, Estados Unidos, República Checa, Turquía y algunos países europeos para conocer tecnología y poder tomar una decisión. Pero lo que nos hemos encontrado es que, tal vez, lo que compremos ahorita, en seis u ocho meses ya no va a funcionar”.

Pero, ministro, en el episodio del alcalde y el gobernador con el evento en Hidroituango, ellos explican que les dijeron: ‘Hemos identificado unos drones, no hay manera de protegerlos, mejor no vayan’. Después sale el presidente Petro a decir que era mentira de ellos. ¿Cuál es su versión?

“Se ha visto un dron en el área de Hidroituango, sí. Allá delinque el 36, pero también tienen influencia otros grupos criminales. No se tenía certeza de quién lo operaba ni de qué llevaba, ni si llevaba alguna capacidad que pudiera afectar. Y coincidía con la visita del señor gobernador y del señor alcalde. Entonces se identificó ese riesgo”.

Me parece lo más lógico decir ‘no vayamos’, porque imagínese un ataque al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín..., sería dramático.

“Ahora viene la otra parte: ¿era para un ataque contra el gobernador, contra el alcalde o contra ese evento? No se sabe. Se informa eso. Pero decir que era contra ellos no es correcto; y decir que no había nada, tampoco es correcto. Ahí se balancea el riesgo y se toma una decisión”.

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¿En qué va el avance del sistema antidrones?

“Ya tenemos capacidades en las principales zonas afectadas: Catatumbo, sur de Bolívar, Cauca, Valle, Nariño y algo de Antioquia. Pero nos hace falta cubrir más. Esperamos avanzar muy rápido para que, ojalá, en este primer semestre ya tengamos contratado eso, porque también tenemos que traer los elementos aquí y probarlos. Todo en el papel funciona. Ahorita estamos con un contrato que dice: ‘Eso sirve’. Ah, bueno, listo, venga lo recibo. Oiga, esto no sirve. Entonces hay que probar”.

Entiendo que los criminales están utilizando drones de fibra óptica, que es una generación muy avanzada...

“Lo que hace eso es evitar que uno pueda captar esa afectación en el espectro electromagnético para poder identificar dónde está”.

Como unos drones fantasma...

“Tratan de ser fantasmas. Es como la diferencia entre el wifi, que usted detecta, y el cable de red, que no lo detecta. Entonces se requieren dos tipos de equipo. Por otro lado, también está la inhibición, que en términos generales se habla como de tres sistemas: soft, hard y otros de impulso electromagnético. El soft coge la red del dron y lo controla; el hard lo neutraliza físicamente; y el de impulso electromagnético quema los chips. Pero en este caso, la tecnología que hoy hay crea una burbuja muy grande y puede afectar otros sistemas cercanos, como el marcapasos de una persona”.

Eso ya parece ciencia ficción. ¿Qué pasó en la base militar de Aguachica? ¿Allí un dron de fibra óptica no pudo ser detectado?

“Es una de las hipótesis que se tienen. Uno de los que intervinieron en ese ataque terrorista fue neutralizado recientemente en Ocaña, cuando pretendía hacer otro atentado. Son carteles del ELN.

Si queremos seguridad, hay que invertir en seguridad. No le pidan a uno solucionar un cáncer con agüita aromática”.

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Pagar impuestos, recoger plata y sobre todo no malgastarla, como por momentos parece hacerlo el Gobierno...

“Invertirle a la seguridad, como lo hemos hecho”.

La Gobernación de Antioquia ha insistido mucho en la necesidad de capturar a alias Calarcá. Es un criminal que le está provo- cando muchos líos al departa- mento. Y quedó el dolor de que se capturó aquí en el departamento, cuando iba en camionetas de la UNP, y lo liberaron. ¿Se va a capturar o no se va a capturar a alias Calarcá?

“Alias Calarcá es un delincuente, ha cometido crímenes y por ello tiene orden de captura. Él delinque, principalmente, en Caquetá, en el sur del país. Pero hay una estructura en Antioquia, asociada a él, que es la del 36. Y cuando uno analiza esa estructura, la encuentra fragmentada. Una cosa es lo que piensa esa persona allá en Caquetá y otra, lo que piensan los de aquí. Lo único que se les ve es su interés en el narcotráfico, nada más, o en las rentas ilegales. Y el Estado colombiano aprobó una ley de la República, la 2272, conocida como Paz Total, y en ningún momento eso es una autorización para delinquir”.

Pero parece que estuviera sucediendo, tumbaron un helicóptero de fumigación, extorsionan a mineros y ganaderos y provocan el desplazamiento de campesinos...

“Nosotros hemos afectado críticamente a esas estructuras. En esas mesas de diálogo se suspenden las órdenes de cap- tura, y en ese caso está sus- pendida la orden de captura de alias Calarcá”.

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Es decir, si ustedes lo encuentran, ¿lo pueden capturar?

“Si lo encontramos en flagrancia, sí lo podemos capturar. Esa es la orden que tiene. Pero aquí la estructura 36 es la de ‘Primo Gay’. Por ese cabecilla hay una recompensa de hasta 5 millones de dólares por par- te de Estados Unidos, y por parte de nosotros hasta 640 millones de pesos. La orden es llevar esa amenaza a su míni- ma expresión”.

Usted mencionó que le han dado golpes a esa estructura en Antioquia. ¿Cuáles?

“Se han neutralizado alrededor de 15 criminales de alto nivel. Hubo unos aquí en Medellín a finales del año pasado, que estaban afectando torres de energía, y otros de tercer nivel de esa estructura directamente allá. Hemos hecho bastantes operaciones contra este criminal. Están más débiles, pero siguen generando daño. Y la estrategia que aplican es vestirse de civil y meterse en- tre la gente”.

A propósito, usted menciona la alianza con Estados Unidos para pedir recompensas. ¿Esa alianza después del rifirrafe de Trump y Petro se volvió a fortalecer?

“Siempre se ha mantenido la relación con Estados Unidos en términos de seguridad y defensa. Durante esa discusión política que hubo meses atrás, nosotros nos mantuvimos”.

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¿Ni siquiera se rompió esa relación cuando el presidente Petro salió a la Quinta Avenida a gritar a los soldados de Estados Unidos que desobedecieran a Trump?

“Siempre hemos mantenido ese flujo. Antier hicimos una operación espejo colombiana en la frontera con Ecuador, con articulación de las autoridades ecuatorianas y apoyo de los Estados Unidos, y se incautaron 1.133 kilos de cocaína en un laboratorio. Eso muestra la interacción que hemos tenido. En algunas de las acciones milita- res más importantes que hemos hecho, ha estado presente Estados Unidos con información.

Pero también vemos algo grande: el 80 % de las incautaciones que hace el Comando Sur de los Estados Unidos es producto de inteligencia colombiana. Capacitamos a militares y policías en Centroamérica bajo un programa en el que Estados Unidos nos apoya con dinero y nosotros ponemos el entrenamiento. Las relaciones siguen. Tenemos relación con 46 países para combatir ese problema global, que no es solo de consumo sino también económico. Hay que reemplazar las economías ilegales o, de lo contrario, es como recoger agua con un balde roto”.

¿Usted reconoce que la política de paz total es un fracaso?

“No. Yo reconozco que la política de paz total es una apuesta muy fuerte que ha hecho el Gobierno Nacional por llevar tranquilidad a los colombianos. ¿Qué efectos ha tenido en Antioquia o en Medellín? Ta- sas de homicidio que se han reducido significativamente. Pero también reconocemos que, bajo esa misma política, los grupos criminales traicio- naron, no al presidente ni a la mesa de negociación, sino a los colombianos, porque mu- chos de ellos aprovecharon cuando hubo ceses al fuego”.

¿Por qué dice que los pocos homicidios de Medellín son producto de la paz total?

“Influyeron. No es que sean el producto exclusivo”.

Porque eso es como decir que los criminales que están en la cárcel son los que determinan qué pasa en la ciudad, cuando la gran mayoría de los habitantes de Medellín viven en paz... Pero todos los indicadores de seguridad en el país se han deteriorado de manera importante...

“No es así”.

¿Cuál ha mejorado?

“La extorsión. El reclutamiento de menores”.

¿Qué dirá la gente a la que están extorsionando en todos lados?

“Que denuncien, que denuncien”.

¿Se cansaron de denunciar?

“Tampoco hay que desconocer el sacrificio que han hecho nuestros hombres. Por ejemplo, los 14.000 integrantes que se han neutralizado de esos grupos; haber aumentado la ofensiva el año pasado en un 20%; haber afectado las rentas ilegales en un 8% más que el año anterior; haber incautado la cifra histórica más alta de cocaína, a la par que se reduje- ron los cultivos; haber perdido casi 600 militares y policías en el último año, y 2.000 en todo el periodo, de los cuales más de 300 y pico fueron asesinados. Eso es desconocer lo que estamos haciendo”.

Las cifras de la Fundación Ideas para la Paz mostraron al final del año pasado un crecimiento realmente preocupante de los grupos criminales, ya casi 25.000 hombres en armas, son más de los que se desmoviliza- ron en el acuerdo de paz que firmó Juan Manuel Santos con las Farc...

“¿De casualidad en ese estudio no alcanzó a leer que se redujo el homicidio en Putumayo en 60 %, en Nariño en 23 % y en Córdoba en 30 %? Que no tengamos amenazas, claro que las hay. Pero tampoco significa que no se haya hecho nada”.

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La sensación que existe en un sector es que los militares están un poquito de brazos cruzados frente a estos grupos criminales por cuenta de la paz total. ¿Eso es falso?

“Nadie arriesga la vida porque esté amarrado o desmoralizado. Nos acaban de matar a tres militares que estaban en el plan de garantizar las elecciones. O sea, nadie arriesga la vida por gusto. Decir eso es una falta de respe- to incluso con los huérfanos y con las esposas de esos héroes y heroínas que murieron.

No estaban allá de paseo: estaban combatiendo para proteger a los colombianos. Por algo el 79,1 % de favorabilidad la tienen hoy las Fuerzas Militares. La Policía Nacional tiene 67,5 %. Nadie valora con ese nivel a quien no esté cumpliendo la misión.

La estamos cumpliendo en un momento muy complejo, muy difícil, pero vamos a salir adelante con la fe intacta, de la mano de todos los colombianos. Somos 410.000 personas en la Fuerza Pública. No podemos hacer país solos; sabemos hacer seguridad. Necesitamos que los otros 50 millones, al menos, se comporten”.

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