¿Por qué Petro le da tanto poder a Isabel Zuleta para defender criminales? Más allá del reclamo por operativos en cárcel de Itagüí
La senadora del Pacto Histórico tendría injerencia en la cárcel de Itagüí,según comunicaciones con la exministra de Justicia Ángela María Buitrago.
En febrero de este año, la senadora Isabel Zuleta escribió a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para cuestionar un operativo antiextorsión en la cárcel de Itagüí. El reclamo no fue técnico ni discreto sino con la intención de presuntamente evitar operativos en la cárcel de Itagüí: incautar celulares, computadores y atajar redes ilegales; pues eso podía poner en riesgo el proceso de diálogo que el Gobierno sostenía con estructuras criminales en Medellín.
Los mensajes, publicados por El Tiempo, revelan algo más que una diferencia de criterio. Zuleta reprochó el momento del operativo, lo calificó como un “saboteo” y trasladó la responsabilidad política a la ministra. “Esa es una decisión del Presidente, no suya”, le escribió.
Traslado de Douglas y ‘tarimazo’
El operativo que detonó la discusión ocurrió en la cárcel de Itagüí cuando las autoridades realizaron una acción sorpresa en el que incautaron celulares, computadores y otros elementos prohibidos que, según informes oficiales, seguían siendo usados para ordenar extorsiones y coordinar actividades criminales fuera del penal.
Para el Ministerio de Justicia, se trataba de una acción ordinaria de control penitenciario; para Zuleta, quien actúa bajo su condición de delegada del Gobierno en la mesa de paz con los capos, el procedimiento representaba un mensaje político equivocado que ella calificó como un “saboteo al proceso de paz de Medellín”. En sus mensajes, la senadora no pidió ajustes logísticos ni coordinación previa sino que cuestionó el fondo de la decisión.
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Según los chats, Zuleta escribió directamente a la entonces ministra Ángela María Buitrago: “Usted puede estar generando hoy que se acabe el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá y yo la hago responsable de ello, ministra”. Insistió en que el operativo se había hecho justo después de que el presidente hablara públicamente de avances en el proceso, preguntando de forma punzante: “¿Le parece eso coherente? Pudo ser cualquier otro día, pero justo después de que el Presidente mencionara los avances de este proceso”.
Johan Edisson Giraldo: el papel del asesor de Zuleta
En el entramado de gestiones que rodean la labor de la senadora Zuleta surge el nombre de su asesor principal, Johan Edisson Giraldo Ospina. Uno de los hechos que genera mayor alerta es la intervención de Giraldo en el caso del asesinato del líder minero Jaime Alonso Gallego, donde se le señala de haber utilizado su credencial oficial para trasladar a un testigo clave —un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) quien era pieza fundamental en la investigación judicial. Posterior a este traslado, el testimonio del escolta comenzó a presentar inconsistencias significativas.
Giraldo Ospina también es identificado por fuentes oficiales como un “protagonista de primer orden” en la gestión de beneficios para los jefes de bandas criminales en la cárcel de Itagüí, tales como el acceso a dispositivos electrónicos y mejoras en las condiciones de reclusión.
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Actualmente, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría evalúan si estas actuaciones se ajustaron a las funciones oficiales de una congresista o si constituyeron un eventual favorecimiento indebido a organizaciones armadas. Dentro de la Sala de Instrucción de la Corte, el magistrado Misael Rodríguez salvó su voto frente a una decisión mayoritaria de inadmitir una denuncia, argumentando que existen elementos suficientes para abrir una investigación preliminar basada en señalamientos concretos y precisos.
Rodríguez fundamentó su posición citando declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien sostuvo que la senadora intercedió ante mandos de la Policía para frenar capturas de cabecillas estratégicos, como alias Yordi, bajo la premisa de no afectar los diálogos de paz.
El magistrado citó información que había revelado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Zuleta López habría intercedido, o interferido, ante altos mandos de la Policía Nacional, para manifestarles que si se capturaba al jefe de La Terraza, se acababa el proceso de paz. Todo lo anterior, en un contexto en el que jueces de la República habían autorizado capturar a familiares y miembros de la organización delincuencial”, argumentó en el salvamento.
Además, se planteó la necesidad de esclarecer varios aspectos, entre ellos qué información concreta tenía el alcalde, a qué órdenes de captura se refería, qué conocimiento tuvo la senadora sobre esas actuaciones y quiénes habrían sido los uniformados contactados.
Uno de los episodios más críticos denunciados ocurrió el 17 de julio de 2023, en Ituango, el municipio natal de la senadora. Mientras tropas del Ejército se enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, Zuleta se comunicó con un oficial para pedir que el combate se detuviera, argumentando que las tropas estaban atacando a “mineros”.
“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas” le dijo uno de los oficiales del Ejército al medio citado, temeroso de que pudiera ser llamado a calificar servicios.
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O por ejemplo, también relacionado con los operativos que realizan en la cárcel de Itagüí y las quejas de Zuleta, está lo ocurrido con Freyner Alfonso Ramírez, o alias Carlos Pesebre, quien fue jefe de la Oficina de Envigado en la cárcel de Itagüí. En medio de una requisa en el pabellón de máxima seguridad se resistió al procedimiento y el episodio terminó fijando un límite tácito al control interno como lo pareciera hacer Zuleta: la autoridad dejó de ser una rutina y pasó a ser una excepción.