El círculo de Petro en Casa de Nariño tiene claro que una de las actitudes que más valora el mandatario —como la mayoría de poderosos— es la adulación. En el Congreso, en cambio, cada vez menos legisladores, incluso de izquierda, le caminan a la lambonería excesiva porque andan buscando sus votos para 2026 y poco les importa lo que pase con el ocaso del Gobierno. Raspan la olla, eso sí, pero el entusiasmo ha mermado. Hay una excepción: la senadora paisa Isabel Zuleta.
Esta polémica congresista ha llegado al punto de pedir públicamente la reelección de Petro, uniéndose al clamor de otros personajes de la talla de Alfredo Saade. Ambos hacen parte de los políticos de la “primera línea” del petrismo, de las facciones ideológicas más extremistas y que le caminan a cualquiera idea que se le ocurre al jefe de Estado, sin importar los riesgos políticos y jurídicos. Las llevan más lejos, incluso, y sugieren que deben cerrarse el Congreso y algunos medios de comunicación.
Quizá por eso, el presidente Petro encomendó a Zuleta a una tarea del tamaño de una catedral que ahora la tiene en líos. Este lunes, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se reunió con la cúpula de las Fuerzas Armadas para analizar cómo proceder con las revelaciones de Semana en la que ocho generales señalaron de forma anónima a Zuleta de estar interfiriendo en operaciones militares.
Este diario contó que no son nuevas las denuncias contra la senadora, pues ya había sido acusada de hacer lo mismo con la “Oficina”.
Salvamento en la Corte
La actuación de Zuleta en los denominados “espacios de diálogo sociojurídicos” volvió a quedar bajo revisión judicial tras una división interna en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El debate se originó a partir de la decisión mayoritaria de inadmitir una denuncia presentada en su contra, determinación que cerró, al menos por ahora, la posibilidad de abrir una investigación formal por una eventual actuación indebida.
No obstante, la decisión no fue unánime. El magistrado Misael Rodríguez se apartó del criterio mayoritario y dejó constancia de su desacuerdo en un salvamento de voto, en el que sostuvo que sí existían elementos suficientes para avanzar, al menos, en una indagación preliminar que permitiera esclarecer los hechos denunciados.
En su salvamento, conocido este lunes, Rodríguez señaló que el contenido de la denuncia permitía identificar con claridad a la persona señalada y los hechos atribuidos, al punto de habilitar la intervención de la administración de justicia. En ese sentido, afirmó que la denuncia permite a la “autoridad pública extraer un señalamiento concreto, determinado y con la precisión que se requiere para iniciar, al menos, una investigación preliminar”.
El magistrado consideró que el análisis de admisibilidad no debía agotarse en una lectura estrictamente formal del escrito, sino valorar si los hechos descritos ameritaban ser verificados mediante actuaciones judiciales, dada la relevancia institucional del caso y el contexto en el que se produjeron los señalamientos.
La denuncia contra Zuleta fue presentada tras el evento realizado en La Alpujarra, en Medellín, conocido como el “tarimazo”, en el que participaron jefes de bandas criminales que salieron de la cárcel de Itagüí con permisos especiales. A partir de ese episodio, el denunciante sostuvo que la senadora, quien ha tenido un rol activo como mediadora en los acercamientos del Gobierno con estas estructuras, habría intervenido en operativos de captura contra integrantes de organizaciones delincuenciales.
Los señalamientos se apoyaron, entre otros elementos, en declaraciones públicas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó que personas designadas por el Gobierno Nacional en la mesa de diálogo instalada en la cárcel de Itagüí, entre ellas Zuleta, habrían hecho gestiones ante altos mandos de la Policía para evitar la captura de alias Yordi, señalado como jefe de la banda La Terraza.
De acuerdo con lo expuesto por el mandatario local, la captura habría sido presentada como un riesgo para la continuidad del proceso de negociación. Posteriormente, alias Yordi fue dejado en libertad por un juez de control de garantías, al considerar insuficientes los elementos aportados por la Fiscalía.
La Sala de Instrucción decidió inadmitir la denuncia al concluir que no había precisión suficiente en la descripción de las conductas penalmente relevantes. Según la mayoría de los magistrados, en las declaraciones del alcalde no se evidenciaba un interés de la senadora en interferir en la acción de la Fuerza Pública ni en una investigación penal.
Sin embargo, el magistrado Misael Rodríguez insistió en que sí debía iniciarse una investigación preliminar, al considerar que las declaraciones del alcalde incluían un señalamiento concreto contra la congresista y un llamado a que la Corte examinara los hechos.
El magistrado sostuvo que el alcalde dio cuenta de las supuestas gestiones de Zuleta ante miembros de la Policía para evitar capturas previamente autorizadas por jueces de la República, lo que, a su juicio, superaba el umbral exigido para admitir la denuncia. También señaló que el análisis no debía limitarse a la precisión formal del tipo penal atribuido.
“Hay un servidor público (alcalde de Medellín), que, además de llamar la atención para que se investigue el asunto, dice contar con información, según la cual, entre otros miembros de una mesa de negociación con organizaciones delincuenciales, la senadora Isabel Cristina Zuleta López habría intercedido, o interferido, ante altos mandos de la Policía Nacional, para manifestarles que si se capturaba al jefe de La Terraza, se acababa el proceso de paz. Todo lo anterior, en un contexto en el que jueces de la República habían autorizado capturar a familiares y miembros de la organización delincuencial”, argumentó el magistrado en el salvamento.
Además, se planteó la necesidad de esclarecer varios aspectos, entre ellos qué información concreta tenía el alcalde, a qué órdenes de captura se refería, si se trataba de diligencias reservadas, qué conocimiento tuvo la senadora sobre esas actuaciones y quiénes habrían sido los uniformados contactados.
Uno de los episodios más críticos denunciados ocurrió el 17 de julio de 2023, en Ituango, el municipio natal de la senadora. Mientras tropas del Ejército se enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, Zuleta se comunicó con un oficial para pedir que el combate se detuviera, argumentando que las tropas estaban atacando a “mineros”.
“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, le dijo uno de los oficiales del Ejército al medio citado, temeroso de que pudiera ser llamado a calificar servicios, entendiendo la influencia de la senadora Zuleta en las decisiones del presidente Petro y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
¿Ese empoderamiento le dará réditos en elecciones?
Lea también: UNGRD: Exministro Velasco aseguró que Laura Sarabia, por órdenes de Petro, le pidió un cargo para Olmedo López
Regístrate al newsletter