Los papeles que Álvaro Villada entregó “por si algo le pasaba” y hoy serían pruebas de la corrupción en el Área Metropolitana
Esta fue una de las revelaciones efectuadas por el abogado de las víctimas en la audiencia para decidir si Miguel Quintero y Sebastián Ortega van a la cárcel. Recapitulamos los otros cinco hechos escandalosos que trató la diligencia.
Al parecer, Álvaro Villada no se fiaba de sus socios que hacían parte del supuesto entramado para el cobro de coimas en la contratación dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
En 2022 le entregó un paquete que ahora se ha convertido en prueba contra él mismo a una de sus compañeras que funge como testigo clave en el caso penal dentro del cual se investigan seis contratos por $17.656 millones entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Se trata de seis hojas de distintos tamaños; cuatro están manuscritas con tinta negra y dos son impresiones de computador. En una, la impresa en letras de molde, está la cifra de $6.900 millones y posteriormente hace un desglose en el que explica cómo distribuyeron un 20%.
Ese material fue presentado este lunes por el abogado del AMVA, Mayer Abushihab, en la audiencia en la cual apoyó la petición de la Fiscalía de afectar con medida intramural a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y sustentó por qué Sebastián Ortega, el hijo de un cuestionado político de Bello, debe correr la misma suerte mientras que concluye el proceso en el que se les imputaron cargos por interés indebido en celebración de contratos al primero y peculado al segundo.
En el mismo caso, donde se habrían pagado coimas por $2.481 millones, hay otras nueve personas respondiendo por conductas similares, entre ellos el exdirector del AMVA, Juan David Palacio.
“Alguien dirá que puede ser de cualquier cosa”, se adelantó Abushihab ante la posibilidad de una opinión que desprestigiara lo dicho por él con relación a los documentos, pero después continuó con la descripción del contenido de los documentos.
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En la hoja que antes comenzó a mostrar, descendió unas casillas hasta un cuadro en el que aparecen las cifras 15% y 5%. Según él, el monto de los $6.900 millones coincide con el valor de un contrato que se celebró en 2022 con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias (Acopi). Y los otros números representarían la manera como se dividían las comisiones ilegales: 15% para Miguel Quintero y 5% para quien se encargaba de cobrar, que en principio habría sido Villada y luego Ortega. En el caso particular de los bomberos, el gerente de ese cuerpo de socorro pidió rebaja y se lo habrían dejado en 15% en total, según él mismo declaró.
“Mire cómo dejan la traza: le sacan el 15% a un rubro y el 5% en otro. Y además lo destacan; fíjese que tiene en el costado derecho marcas que serían relevantes”, apuntó Abushihab.
La fecha de los documentos sería el 27 de abril de ese 2022 y el 28 de enero se habría firmado el contrato que estuvo pactado con tres pagos del 30% y uno de 10% por parte del Área.
Una de las hojas tiene la particularidad de que estuvo acompañada de un sobre en el que figura la firma de Villada y para corroborar que sería la del mismo subdirector financiero del AMVA por aquel tiempo, el abogado Abushihab puso en frente, dentro de la presentación que proyectó, un contrato que contiene una rúbrica de ese exfuncionario.
Las hojas fueron incorporadas al expediente mediante un acta donde se indica que Villada se las entregó a la actual testigo cuando todavía laboraba en el Área, e indicándole que “si algo pasaba, estas fueran entregadas a la Fiscalía General de la Nación”.
Más allá de lo que dicen, serían además una señal de que él sabía de qué podían ser capaces sus propios compinches. Vale la pena recordar que un testigo que habló voluntariamente con la Fiscalía indicó que Ortega tendría vínculos con la estructura delincuencial denominada “la Oficina” y con el Clan del Golfo. Pero además, en el expediente hay una foto donde están en un festejo de finca Villada, Miguel Quintero, el también imputado exgerente de Metroparques Jorge Liévano, el exgerente de la EDU, Wilder Echavarría, también investigado por presunta corrupción, y el abogado Edison López, alias ‘Chano’, que ha sido defensor de capos de ‘la Oficina’.
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Fuera de la anterior revelación explosiva, en la audiencia que duró más de seis horas hubo otros seis puntos claves que se relatan a continuación.
1. Organigrama de la corrupción
En un organigrama de la presunta corrupción que afectó al AMVA en la administración que tuvo Daniel Quintero en Medellín, Ortega habría estado en un punto clave. Este detalle fue expuesto por Abushihab, quien representa al AMVA, una entidad que fue acreditada como víctima en el actual proceso.
En el esquema presentado, Daniel Quintero estaría a la cabeza, en tanto que su hermano Miguel figura casi a la misma altura y, a su vez, Ortega está en un punto superior al del exdirector del Área, Juan David Palacio, y en una misma línea con Misael Cadavid, quien actualmente colabora con la justicia.
Según el abogado del AMVA, más abajo y dentro de la misma institución estaban Villada, la entonces asesora jurídica Vanesa Álvarez y las directoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya. A la par, en los bomberos habrían coadyuvado el jefe Elkin González y el contador Juan Alberto Cardona (ya condenado tras confesar).
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2. Miguel, suprapoder en el Área
En su exposición de motivos, Abushihab indicó, basado en las versiones de testigos que han resultado claves, que el propio hermano del entonces alcalde decía “a viva voz” que aquel le había entregado el manejo del AMVA, la EDU y Metroparques, y que todo mundo lo sabía, pero además, él ejercía un dominio absoluto a través de personas que le guardaban obediencia, como Palacio, Villada y las subdirectoras del área ambiental, entre otros. Ejercía un poder por encima incluso del director Palacio.
El chat de “Amigos” y otro de “Alternativos sin condón” muestra cómo coordinaban acciones al margen de lo oficial en el Área y Metroparques. Una testigo relató que Miguel “era el jefe y encargado de darles instrucciones para el funcionamiento de ambas entidades”.
En sus interrogatorios, María Janet Rúa y Luz Janet Mejía dijeron que cuando Miguel Quintero ingresaba al despacho, lo llamaban “el dueño de la entidad” y que en el ambiente institucional se sabía que las órdenes de contratación las daba él. Incluso, en el chat se nota que Villada le llegó a reportar los estados financieros y expresó: “Somos sus ojos y manos allá”.
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3. ¿Filtraciones en la investigación?
Abushihab reiteró la denuncia de la delegada de la Fiscalía acerca de los 334 accesos en la plataforma de la Rama Judicial para buscar directamente información sobre el caso, pero en particular una que igualmente “materializa el intento de obstrucción a la justicia” y se trató de alguien que hizo 293 descargas de archivos relacionados con este expediente. Lo que alarma es que sería una funcionaria del mismo organismo, que no tiene que ver con este proceso, y se ordenó una investigación.
Esto coincidiría además con trinos de Esteban Restrepo donde habla de presuntas inconsistencias entre las declaraciones que inicialmente dio Cadavid, lo que denotaría que poseía información que hasta entonces no era pública. No precisó si sería el mismo usuario institucional, pero indicó que luego se presentaron otros accesos con copiosas descargas de materiales relacionados con la investigación.
4. Campaña para intimidar a testigos
De acuerdo con el abogado del AMVA, hay una campaña sincronizada para intimidar a los testigos y comenzó con el ofrecimiento de contratarles abogados que los defendieran, sin costo para ellos, pero en el caso concreto de Misael Cadavid, al no tener éxito, pasaron a una ofensiva tratando de desacreditar su confiabilidad. La campaña de deslegitimación se habría valido de una expareja para hacerlo ver como mitómano, violento y maltratador; en esta habrían participado también el exalcalde Quintero y Esteban Restrepo, haciendo eco en redes sociales.
5. El rollo de Ecopetrol
Y, como lo había anunciado EL COLOMBIANO, uno de los puntos claves de Abushihab para requerir la media intramural a Ortega fue exponer la presunta participación que habría tenido en un montaje para desacreditar a Luis Enrique Rojas, quien fue presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, cuando este se volvió incómodo para los corruptos en la petrolera de mayoría estatal. Incluso, según dijo Rojas, Ortega estaba comisionado junto con el empresario Juan Mancera para gestionar su muerte.
“Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con La Junta Directiva del Narcotráfico de Dubái”, afirmó Rojas en un escrito que publicó tras su dimisión.
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Pero además, y para demostrar que la conducta de Ortega sería reiterativa, se basó en declaraciones de Cadavid para relatar que este habría participado en el negociado que habría terminado con la venta del derecho a manejar Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica.
Vale la pena recordar igualmente que fue mencionado por otro testigo como interviniente, junto con Miguel Quintero, en el negociado que pensaban hacer con el lote de Carabineros, obteniendo por debajo de cuerda entre $33.000 y $35.000 millones.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué documentos entregó Álvaro Villada y por qué son relevantes en el caso del AMVA?
- Se trata de seis hojas, cuatro manuscritas y dos impresas, que Villada habría entregado en 2022 a una funcionaria que posteriormente se convirtió en testigo del proceso. Una de ellas contiene la cifra de $6.900 millones y un desglose de porcentajes que, según el abogado del AMVA, corresponderían a una distribución de comisiones ilegales.
- ¿Qué porcentaje de las comisiones ilegales se habría destinado a Miguel Quintero y cuánto a quien las cobraba?
- Según la interpretación presentada por el abogado del AMVA, los documentos muestran una distribución de 15% para Miguel Quintero y 5% para quien se encargaba de cobrar las presuntas comisiones. En el caso particular de los contratos con Bomberos de Itagüí, el porcentaje habría sido reducido al 15% en total, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia.
- ¿Qué se sabe de los accesos y descargas de información del expediente del caso del AMVA?
- La Fiscalía y el abogado del AMVA señalaron que se registraron 334 accesos a la plataforma de la Rama Judicial para consultar información relacionada con el proceso y que uno de los usuarios realizó 293 descargas de archivos. Según lo expuesto en audiencia, se trataría de una funcionaria de la Fiscalía que no tendría relación con la investigación y por ello se ordenó indagar el episodio.