‘Tierreros’ se apoderaron de 700 hectáreas de predios del Ejército en Tolima y Cundinamarca
Un informe de Noticias Caracol advierte que las ocupaciones y ventas ilegales habrían sido ejecutadas de manera “sistemática, calculada y orquestada”.
Redes de acaparadores de tierras, con contacto en ministerios y oficinas de registro, se habrían apropiado durante las últimas décadas de al menos 700 hectáreas de predios estratégicos de la Nación en los municipios de Melgar (Tolima) y Nilo (Cundinamarca).
Así lo dio a conocer Noticias Caracol en una investigación periodística que reveló este lunes festivo, además, que se trata de bienes fiscales bajo custodia del Ejército Nacional.
Un despojo silencioso y multimillonario que, según una investigación interna del Ministerio de Defensa conocida por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se habría consolidado ante la pasividad institucional y con decenas de víctimas engañadas.
En esos terrenos, que pertenecen a la Nación, hoy se levantan exclusivos proyectos inmobiliarios, fincas de recreo y mansiones de alto valor.
El informe advierte que las ocupaciones y ventas ilegales habrían sido ejecutadas de manera “sistemática, calculada y orquestada” por redes de tierreros en presunta alianza con funcionarios y exfuncionarios públicos, miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y empleados de las alcaldías de Melgar y Nilo.
La magnitud del caso es alarmante
De acuerdo con la investigación, actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que aseguran tener derechos sobre terrenos que en realidad serían propiedad del Estado.
Para el Ministerio de Defensa, la falta de una defensa jurídica efectiva podría terminar facilitando la pérdida definitiva de buena parte de estos predios estratégicos.
Uno de los encargados de documentar el entramado es Jorge Iván Reyes Barrera, abogado de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa.
Noticias Caracol lo acompañó hasta el predio Sumapaz, en Nilo, un lote perteneciente al Ejército que durante años fue ofrecido ilegalmente por supuestos vendedores de tierras. Aunque el terreno fue recuperado recientemente, permanece abandonado y cubierto por la maleza.
“Los tierreros llegaban, ofrecían los lotes, parcelaban y engañaban a familias enteras”, relata Reyes, quien asegura que varias veces las autoridades tuvieron que desalojar personas que habían comprado de buena fe predios de la Nación.
La problemática no se limita a casos aislados. Según las pesquisas, casi todos los predios militares ubicados en inmediaciones de Tolemaida presentan disputas o procesos de ocupación irregular.
La situación afecta instalaciones sensibles para la seguridad nacional, como el Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela de Lanceros, la Escuela de Paracaidismo y otros batallones y centros de formación militar.
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En esas tierras —destinadas a preparar a las tropas encargadas de combatir las amenazas del país— hoy existen asentamientos humanos, loteos ilegales, explotaciones agrícolas y lujosas propiedades privadas. Para Reyes, el problema no solo responde a invasiones, sino también a años de abandono institucional.
“La corrupción aquí no se mide únicamente por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer”, sostiene.
Según explica, durante años no hubo vigilancia efectiva sobre los predios, ni acciones jurídicas contundentes para frenar las ocupaciones o responder las demandas interpuestas por particulares.
La investigación también apunta a posibles filtraciones de información privilegiada desde el propio sector Defensa.
Algunos de los ocupantes y beneficiarios de los terrenos serían exmilitares, antiguos funcionarios públicos y personas vinculadas históricamente a la administración local.
Imágenes satelitales y planos oficiales analizados por el Ministerio muestran cómo predios estratégicos, como la finca Berlín, habrían perdido decenas de hectáreas con el paso de los años.
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El Fuerte Tolemaida no se escapa de los tierreros
De acuerdo con Reyes, esas tierras fueron cercadas, explotadas y comercializadas progresivamente hasta quedar convertidas en negocios privados altamente rentables.
Noticias Caracol recorrió varias de las fincas señaladas en el informe —entre ellas Berlín, La Cajita, San José, La Calera y Resaca— adquiridas por el Estado en 1954 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.
Incluso dentro del área de influencia del fuerte de Tolemaida, cerca de la pista aérea militar, se constató la existencia de asentamientos y lotes en proceso de comercialización. La situación ha generado serias preocupaciones de seguridad.
Aunque el acceso principal al fuerte militar cuenta con estrictos controles, existen otros ingresos sin vigilancia que conectan con veredas donde viven cientos de personas dentro o en inmediaciones de los terrenos militares.
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Algunas de esas familias aseguran haber llegado desplazadas por la violencia o haber adquirido los predios creyendo que eran legales. Es el caso de Héctor Arnulfo González, un campesino que afirma haber entregado su vehículo y 21 millones de pesos tras encontrar un anuncio de venta en Facebook.
Solo tiempo después descubrió que el terreno hacía parte del fuerte de Tolemaida. “Si el Estado no cuida sus tierras, otros terminan ocupándolas”, afirma González, quien asegura sentirse engañado y responsabiliza también al propio Ministerio de Defensa por la falta de control.
Sin embargo, para los investigadores, el foco principal está en quienes se habrían enriquecido con el negocio ilegal de la tierra. En sectores como Resaca, sobre la vía entre Melgar y Carmen de Apicalá, abundan hoy las casasquintas, piscinas y propiedades de lujo construidas en terrenos reclamados por la Nación.
El Ministerio busca establecer quiénes figuran como propietarios, cómo obtuvieron escrituras o licencias de construcción y si existió participación de funcionarios públicos en el proceso. Actualmente, avanzan decenas de querellas y procesos policivos en Melgar y Nilo relacionados con estas ocupaciones.
El inspector de convivencia de Melgar, Edwin Leonardo Peña Navarro, asegura en el informe que durante años el Estado prácticamente dejó solos estos litigios.
Según explica, en muchos casos el Ministerio ni siquiera asistía a inspecciones judiciales o respondía las demandas, lo que facilitó decisiones favorables para los ocupantes.
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Peña también advierte que en distintas audiencias han surgido testimonios que apuntan a presuntas actuaciones irregulares de miembros del Ejército y antiguos funcionarios que habrían permitido o facilitado el ingreso y ocupación de terrenos fiscales.
Por las amenazas recibidas debido a sus actuaciones en estos casos, el funcionario hoy se moviliza con esquema de seguridad.
Mientras tanto, las autoridades intentan recuperar terrenos que, según la investigación, fueron fragmentados y vendidos durante décadas a través de una red que habría operado con complicidades internas y una alarmante ausencia de control estatal.
”No es tolerable para nada”, responde ministro Pedro Sánchez
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que detrás de las lujosas propiedades construidas en terrenos de la Nación existiría un entramado de corrupción que durante décadas permitió la ocupación y comercialización irregular de predios estratégicos del Estado.
“No es tolerable para nada. Si se siguen permitiendo las mismas prácticas, aquí le van a robar al Estado en sus propias narices y no va a pasar absolutamente nada. Además, se pone en grave riesgo la seguridad nacional”, afirmó el funcionario en entrevista con Noticias Caracol.
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El funcionario también aseguró que varias de las personas que hoy poseen o disfrutan de esas propiedades habrían actuado engañadas, sin conocer el origen irregular de los terrenos.
“Uno encuentra personas, incluso figuras públicas, actores o presentadores, que compraron o alquilaron fincas allá probablemente sin saber que estaban involucradas en una situación ilegal. Pero por debajo yace un problema grave de corrupción”, señaló Sánchez.
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Por su parte, el comandante del Ejército, general Roger Gómez Herrera, reconoció que los conflictos sobre estos predios se remontan a más de siete décadas y admitió que en el pasado hubo descuido institucional e incluso posibles actos de corrupción que facilitaron las ocupaciones.
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Según explicó, actualmente el Ejército adelanta un proceso de georreferenciación y caracterización de las tierras ocupadas irregularmente, así como un censo de las personas asentadas en la zona.
Sobre el impacto en la seguridad del fuerte militar de Tolemaida, el alto oficial indicó que, aunque algunas ocupaciones existen desde hace años y no es posible aislar completamente a las comunidades que habitan allí, se han reforzado las labores de vigilancia, inteligencia y patrullaje permanente.