Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año
Liderada por Enlaza (filial del GEB), Colectora, que entraría en operación antes de agosto, ha tenido que sortear, en promedio, una consulta previa cada 1,9 kilómetros. Es clave para transportar la energía renovable de La Guajira hacia el resto del país.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).
Una gran línea de transmisión atraviesa el extremo norte de Colombia con una promesa clara: llevar la energía limpia que nace en los paisajes áridos y ventosos de La Guajira hasta los hogares y la industria nacional. A lo largo de su trazado, esta infraestructura transportará 1.050 megavatios (MW) generados por el sol y el viento de una de las regiones con mayor potencial renovable del país.
Se trata de Colectora, un proyecto desarrollado por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), que se espera esté listo para antes de agosto de 2026, tras cuatro años de retrasos por diversos obstáculos: 235 consultas previas —que aumentaron a más de 250—, un año adicional para certificar las comunidades que debían ser consultadas, la pandemia y demoras en permisos ambientales.
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Su puesta en marcha es determinante para que la energía renovable producida en La Guajira llegue a los centros de consumo. Sin embargo, en un momento en que su entrada en operación resulta clave —especialmente de cara a un posible fenómeno de El Niño en el segundo semestre—, los desafíos persisten.
Las consultas con comunidades han aumentado y, aunque la línea fue concebida para transportar la energía de grandes parques eólicos, varios de estos han tenido dificultades que han derivado en su suspensión o incluso en su abandono.
¿Qué le falta a Colectora?
Se puede decir que Colectora es actualmente el proyecto más importante para la transición energética del país, pues sin redes robustas que transporten la energía limpia, la descarbonización será imposible.
El mismo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha calificado el proyecto como la “autopista” por la que debe circular la energía renovable, y da por hecho su puesta en operación a finales de 2026: “Desde La Guajira conectaremos al país con energías limpias. En agosto será una realidad”, expresó.
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Colectora se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y operará con el mayor nivel de tensión en Colombia, 500 kilovoltios (kV). Su entrada permitirá que cerca del 10% de la demanda eléctrica nacional se abastezca con fuentes renovables. En términos simples, una de cada diez unidades de energía consumidas en el país provendrá de parques eólicos y solares del Caribe.
La línea, de 475 kilómetros, atravesará 14 municipios: en La Guajira, Manaure, Maicao, Albania, Riohacha, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar; y en Cesar, Valledupar, La Paz, Becerril y El Paso.
En cuanto a su avance, Enlaza reporta que el tramo Cuestecitas–La Loma, compuesto por 511 torres y 248 kilómetros de línea, ya alcanzó el 100% en actividades de obra civil, montaje y tendido, tras iniciar obras en julio de 2023. Actualmente, se encuentra en su fase final, con trabajos técnicos pendientes, cierre de puentes e instalación de accesorios, con el objetivo de dejar la línea lista para energización el próximo 30 de mayo.
Por su parte, el tramo Colectora–Cuestecitas avanza de manera progresiva. A la fecha, se han finalizado 389 torres (75% de avance), mientras que el montaje alcanza el 69%, con 355 estructuras instaladas. En el tendido de línea ya se han ejecutado 11 kilómetros, equivalentes al 5% del total proyectado.
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De 50 a 250 consultas, ajustes en tramos y otros desafíos
Las principales trabas para la puesta en funcionamiento de Colectora han sido las consultas con las comunidades, los ajustes técnicos y de trazado realizados sobre la marcha, y los permisos ambientales.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza, explicó que, en 2018, cuando se adjudicó el proyecto, se estimaba realizar consultas previas con cerca de 50 comunidades indígenas; sin embargo, el proceso terminó involucrando a 235, casi cinco veces más de lo previsto.
A esto se sumó la reciente identificación de 17 comunidades adicionales por parte del Ministerio del Interior, elevando el total a más de 250 consultas previas. Esta cifra implica que, en promedio, el proyecto debe agotar un proceso de consulta cada 1,9 kilómetros, lo que mantiene latente la incertidumbre sobre la posible aparición de nuevos grupos que reclamen este derecho.
Zuleta añadió que la diversidad de visiones entre las comunidades ha sido otro desafío, ya que cada una percibe los impactos del proyecto de manera distinta, lo que obliga a adelantar negociaciones individuales y a realizar ajustes constantes en el diseño.
De hecho, la relación con las poblaciones locales ha implicado cambios físicos en la obra. Para proteger sitios considerados sagrados —como cementerios o espacios de valor cultural—, la empresa ha tenido que reubicar torres y modificar el trazado de la línea de transmisión.
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De acuerdo con Zuleta, solo las compensaciones socioculturales superan los $50.000 millones, sin incluir los gastos asociados al manejo de tierras y al uso del espacio.
“En los últimos años, los proyectos de generación han avanzado más rápido. Los parques solares, por ejemplo, suelen ubicarse en zonas secas y concentradas y cuentan con procesos de licenciamiento ambiental más ágiles. En el caso de los eólicos también se trata de proyectos de menor tamaño que pueden entrar en operación en menos tiempo”, indicó.
Agregó que, por el contrario, las líneas de transmisión se han vuelto mucho más difíciles de construir, pues los procesos ambientales son más estrictos y exigentes que antes.
“Los requisitos de licenciamiento han cambiado mucho en los últimos 15 o 20 años”, explicó, al señalar que hoy existen mayores exigencias para la protección de hábitats, el cuidado de las especies, el distanciamiento de fuentes de agua y otras condiciones.
Presión sobre el sistema eléctrico y retrasos en parque eólicos
Colombia enfrenta un desafío energético creciente. El aumento sostenido de la demanda eléctrica —según la Upme podría crecer a una tasa anual de entre 1,53% y 4,30% en el mediano plazo—, impulsado por la urbanización, la electrificación del transporte y el auge de los centros de datos, está poniendo presión sobre la capacidad de los sistemas de generación y transmisión.
La Cámara Colombiana de la Energía advirtió que más del 75% de las líneas de alta tensión superan los 35 años de operación, lo que evidencia que el país aún no está preparado para evacuar de manera eficiente el potencial de las energías renovables.
Así, ante el crecimiento de la demanda y la lentitud en la entrada en operación de proyectos de transmisión como Colectora, el país podría enfrentar apagones o racionamientos a partir del 2027. Este riesgo se agrava de manera significativa ante la llegada de fenómenos climáticos.
En este sentido, para el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, es clave que Colectora comience a inyectar al SIN la energía proveniente de los 16 parques eólicos adjudicados mediante subastas entre 2019 y 2021. Aunque ahora la preocupación es que ninguno de estos ha entrado en operación.
“Existe otra línea entre Cuestecitas (La Guajira) y Bosconia (Cesar), inaugurada incluso por el ministro Palma, que sigue sin cumplir su propósito ante la ausencia de generación eólica”, resaltó.
Según el exministro, las lecciones de Colectora son claras: la falta de una ley de consultas previas, la lentitud de la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) en los permisos y “el burocratismo del Ministerio del Interior, que cuenta con direcciones especializadas en etnias y consultas, pero que brillan por su ausencia en los territorios donde se desarrollan estos procesos”.
Y es que el paquete de proyectos de la subasta de 2019 se convirtió en una verdadera prueba de resistencia para el sector. El aumento de los conflictos sociales y los nuevos requerimientos ambientales terminaron por fracturar varias apuestas de gran escala, provocando la salida de Enel de Windpeshi y el abandono por parte de EDP Renewables de Alpha y Beta. Este último dejando abierta la posibilidad de una eventual transferencia.
Corriendo con mejor suerte, los también tropezados proyectos Jemeiwaa Ka’I de AES Colombia; y Acacia 2 y el clúster Camelia de Celsia, han sorteado con más éxito las complejidades sociales y jurídicas. Y ahora el sector recibió un nuevo impulso con la entrada de Ecopetrol que tras adquirir Windpeshi a Enel, reactivará las obras el próximo mes de mayo.
En cuanto a los parques que ya cuentan con permisos o licencias de conexión a la subestación Colectora-Cuestecitas, Zuleta confirmó que ya hay seis que tienen luz verde.
Las tareas del próximo Gobierno en materia de energía
Garantizar que los parques eólicos y solares, y sus líneas de transmisión, se completen a tiempo es identificado por Zuleta como el principal desafío en materia de renovables para el próximo Gobierno.
“Si estos proyectos de infraestructura no se terminan a tiempo, el crecimiento de la demanda de energía superará la capacidad de producción y transporte, lo que llevaría a insuficiencias y racionamientos de energía en algunas horas del día desde finales de 2027”, alertó el gerente de Enlaza.
El directivo señaló además que el nuevo Gobierno deberá enfrentar retos asociados a la seguridad y a los conflictos sociales en zonas estratégicas como La Guajira, donde situaciones puntuales han generado incertidumbre sobre los plazos de entrega de obras clave, como el tramo norte de Colectora.
Destacó la necesidad de continuar incorporando tecnologías como los compensadores síncronos, fundamentales para aportar estabilidad a la red ante la creciente entrada de energías variables, como la eólica y la solar, y así evitar riesgos de apagones en cadena.
El éxito del próximo Gobierno en materia energética dependerá, entonces, de su capacidad para destrabar y culminar los proyectos de energías renovables, así como las líneas de transmisión que permitirán llevar esa nueva generación a todo el país.
Si bien las metas globales de descarbonización exigen esfuerzos multisectoriales, la transición en Colombia sigue enfrentando desafíos regulatorios, sociales y estructurales que hoy ponen a prueba la capacidad del Estado.
El sector privado tiene un papel esencial, pero sin respaldo institucional y regulatorio es difícil acelerar proyectos y cubrir el creciente consumo energético de hogares e industrias.