“El gas de Venezuela es una ilusión: no habrá solución estructural antes de 10 años”: presidente del GEB

En medio de un mercado energético cada vez más tensionado, el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, advirtió que Colombia enfrenta un deterioro acelerado en su seguridad gasífera. En entrevista con EL COLOMBIANO, señaló que la industria nacional ya está sufriendo las consecuencias de la escasez: empresas de alimentos y manufactura han tenido que abandonar el gas natural para migrar al carbón o al propano, enfrentando costos que han pasado de los 5 a los 14 dólares por millón de BTU.

Ortega es pragmático frente a las promesas de corto plazo. Mientras el Gobierno Nacional anunció medidas para reactivar la importación de gas desde Venezuela, consideró que, debido al deterioro de la infraestructura y deudas pendientes, esta no será una solución estructural antes de 7 o 10 años.

A este panorama se suma la inestabilidad global: el conflicto en Irán amenaza el suministro de Catar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado, lo que encarecerá aún más las importaciones de las que Colombia depende hoy hasta un 23%.

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El directivo también despejó las dudas sobre el futuro de su candidatura a la presidencia de ISA, tras la reciente salida de Jorge Carrillo: a pesar de estar en la lista de finalistas para sucederlo, confirmó en esta charla que no continuará en el proceso. Asimismo, detalló la situación en que se encuentra el proyecto ‘Yapay’ en Perú, una megaobra de US$800 millones donde el GEB es socio con el 50%.

¿Cómo está la situación de las empresas en cuanto a los contratos y precios de gas, teniendo en cuenta que ya gran parte se está importando?

“Estamos importando entre el 18% y 23% del gas. Lo que se está viendo es un declive muy importante en la parte industrial del país, particularmente en el centro del país.

Empresas de alimentos como Noel, Tostao o las que producen pan, están teniendo que moverse a gas propano. Se ve un incremento en el tráfico de camiones de empresas como Petromil, llevando propano desde el Caribe hacia el centro del país. Y empresas grandes, que utilizan mucha energía, como Cartón Colombia, Alquería y las ladrilleras, están migrando al carbón.

El impacto ambiental es muy importante: aumentan las emisiones del sector manufacturero. Y los costos también suben, porque están pasando de contratos de 5 dólares a contratos de 14 dólares, que es lo que vale el propano por millón de BTU (medida del gas). Entonces, se está viendo un aumento de casi el triple.

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Esto también está haciendo un daño muy grande en el transporte, tanto en los vehículos a gas como en el transporte público. Transmilenio tenía 2.450 buses a gas, y eso le está generando un déficit anual cercano a los $50.000 millones, por el aumento del precio de 5 a 12 dólares por millón de BTU. Hay un impacto muy grande en toda la parte manufacturera y logística por la disminución de la oferta de gas local”.

¿Esto ya se está trasladando al precio del gas que pagan los usuarios?

“Sí, claramente. Transmilenio ya lo está sufriendo, enfrenta un mayor déficit, lo que presiona las finanzas de la ciudad y aumenta la necesidad de subir las tarifas. El alcalde de Bogotá ha retenido el aumento, pero más pronto que tarde eso va a terminar en mayores tarifas porque el déficit es muy grande. Y en todos los sectores de la economía eso poco a poco claramente se va trasladando a los usuarios”.

En este sentido, ¿cómo ven que se esté abriendo la puerta para importar gas desde Venezuela?

“Hay un futuro indiscutible en toda la parte energética venezolana, pero no es una solución de corto plazo. Nosotros hemos visto directamente la infraestructura y, en menos de 20 meses, eso no va a estar listo. Además, no hay ningún acuerdo todavía sobre cómo hacerlo ni quién lo va a ejecutar.

Antes de eso, se necesita un diagnóstico técnico. Hay que contratar lo que llaman un “marrano”, que es un equipo que se introduce dentro del tubo para medir el espesor y detectar dónde hay óxido y cómo está el nivel de deterioro, pero es un gasoducto que no se usa desde 2015.

También hay que esclarecer el acuerdo que existía entre Ecopetrol y PDVSA, donde el precio del gas estaba regulado en Colombia y era, en su momento, alrededor de 1,89 dólares por millón de BTU. Venezuela debía vender a ese mismo precio, pero esa condición nunca se cumplió. Entonces, existe una deuda implícita de un volumen muy importante de gas, correspondiente a todo lo exportado por Colombia desde 2008. Además, cuando el país solicitó formalmente la exportación inversa para cubrir sus necesidades, Venezuela no cumplió con el envío. Todo eso está pendiente por aclararse.

Y hay que entender que en el Campo de Maracaibo no hay más de 80 millones de pies cúbicos de gas en el mejor escenario, y el probado apenas llega a 60. Eso está lejos de abastecer la demanda interna, que ya tiene un faltante de más de 140 millones y, para final de año, será de más de 220 millones de pies cúbicos día.

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Así que estamos todavía lejos de tener una solución. El gas grande de Venezuela lo queman en el Oriente, y traerlo requiere un gasoducto de más de 1.500 millones de dólares que cruce todo ese país. ¿Quién va a financiar eso? ¿Cómo se va a pagar? Eso está lejos de estar resuelto. No vamos a tener una solución estructural desde Venezuela antes de 7 o 10 años”.

¿En cuánto tiempo podría Colombia recuperar su autosuficiencia de gas?

“Yo creo que se va a demorar. El mejor prospecto que hay es Sirius, que es el proyecto que tiene Ecopetrol con Petrobras. Es un proyecto bueno, de 6 teras, pero enfrenta retos importantes: requiere la construcción de una tubería desde el frente al Parque Tayrona hasta La Guajira, a profundidades de hasta 800 metros, y aún no cuenta con licencias ambientales ni consultas previas.

En el mejor de los casos, estos permisos podrían obtenerse en uno o dos años, y luego la construcción tomaría alrededor de cinco años. Esto llevaría el proyecto hacia 2032 o 2033. Aunque hay estimaciones optimistas que hablan de 2030. Antes de ese año no hay ninguna solución de producción nacional”.

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¿Cómo avanza la regasificadora en la que participa TGI?

“Enredada. Se dan muchas señales de que supuestamente hay solución al problema de escasez y la gente se ilusiona.

Por ejemplo, el gas de Venezuela es una ilusión, hay gas pero a punta de camiones no vas a ser capaz de abastecer todo el mercado nacional; contar con la infraestructura y el acceso al gas venezolano es algo lejano.

Se quiere creer en una solución que no obligue a contratar a largo plazo, pero todo se va a complicar con el alza del precio del gas a nivel mundial por el conflicto en Irán, que limita las importaciones de Catar, uno de los grandes jugadores de gas natural licuado. El panorama está difícil.

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La única infraestructura real para abastecer el centro del país es Ballena, que es un tubo de 300 millones de pies cúbicos diarios. También está el esfuerzo de Óscar Isaza Benjumea en Buga, pero es un proyecto que, en el mejor de los casos, llega a 120 millones de pies cúbicos, porque les toca trasladar el gas desde Buenaventura en camiones. Ese proyecto va y con seguridad lo terminarán. Podría estar listo para diciembre de este año, pero al principio tendrá solo capacidad de 60 millones de pies cúbicos. Mientras el faltante sigue creciendo.

La gente del Caribe, con los anuncios de Amazónica LNG y la regasificadora de Puerto Bahía, de Ecopetrol, tienen la limitante de no tener cómo traer de la costa más de 120 millones de pies cúbicos porque no hay tubos. Construir un tubo desde el Caribe toma entre 5 y 6 años. Sigue faltando una solución estructural para el centro del país. Ahí es donde tratamos de convencer a la demanda de que somos el socio más confiable a largo plazo, pero no lo hemos logrado todavía”.

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Pasando al tema de energía, el Gobierno ha anunciado medidas para reducir las tarifas, pero usted ha dicho que ya no hay más espacio para hacerlo. ¿Por qué?

“Porque no se tiene la suficiente oferta. En las horas del día, con toda el agua que estamos teniendo, logras precios de apenas un poco más de $100 el kilovatio en el mercado spot (sistema de compra y venta de energía eléctrica en el corto plazo), lo cual es muy económico. Pero mucha de la energía se pacta en contratos a largo plazo, porque tú no quieres estar pendiente de si llueve o no, ya que la tarifa cambia como loca. Los contratos a largo plazo para el próximo año ya están por los $500 el kilovatio hora.

No hay oferta de energía por múltiples razones. La primera es que los proyectos importantes de generación no salen. A Hidroituango, que es el más grande, le vienen 1.200 megavatios de potencia, pero no tiene suficiente capacidad de reserva de agua porque, por discusiones ambientales, no dejan aumentar la capacidad de almacenamiento de la represa. Entonces, para operar esos 1.200 MW, depende de que haya muchísima lluvia para que esa energía pase de corrido, lo que se llama ‘filo de agua’.

El problema en Colombia no es cuando hay mucha agua, sino cuando hay sequía. Los nuevos pronósticos climáticos dificultan mucho la vida porque las sequías pasaron de tener una probabilidad del 20% a casi el 75%. En la próxima sequía grande, como la de agosto del 2024, el agua se desaparece, particularmente en la zona oriental y las represas no van a servir para nada.

Además, la energía solar ha sido menos productiva de lo proyectado porque este es un país con mucha nubosidad. Eso es bueno para la agricultura, pero para los paneles la rentabilidad está casi un 20% por debajo de lo esperado. Un panel solar genera energía solo el 20% de las horas del año (unas 1.740 horas). Entonces, cuando te dicen que tienes el 10% de potencia solar, en realidad tienes, en el mejor de los casos, el 2% de energía disponible. Como el país crece por encima del 2%, no se está logrando atender toda la demanda.

A partir del próximo año viene un reto grande: el país necesita inversión en generación confiable que esté disponible 24/7. Eso es esencial, si no, habrá falta de energía en las horas críticas”.

Sobre la venta del 9,4% de las acciones que tiene el Distrito de Bogotá en el GEB, ¿podría esto desencadenar movidas clave en transmisión y gas? ¿Cómo avanza este proceso actualmente?

“Al hablar con potenciales inversionistas, existen reglas del mercado internacional de acciones que requieren que todo esté radicado, conformado y auditado antes de poder hacer un planteamiento a los posibles compradores. Como todavía estamos en fase de preparación, no podemos decir nada al respecto.

Cuando tengamos los vistos buenos de los entes regulatorios, se informará a todo el mercado para que no haya conflictos con los beneficiarios”.

“Lo más crítico en el corto plazo es una solución para empresas como Air-e y Afinia en el Caribe. La deuda de Air-e crece todos los días; entre subsidios e incumplimientos, la deuda con el sector eléctrico ya se supera los $9,2 billones. Si no se resuelve rápido, generará una crisis severa y vendrán demandas cuantiosas contra el Estado.

La esencia del sector era no correr riesgos absurdos porque se podía limitar el suministro al que no pagaba. Pero con un decreto y una resolución de la Superintendencia —que seguramente se declararán ilegales—, Air-e no ha pagado por casi un año. Es muy grave que se consuma, no se pague y la deuda se acumule sin solución.

No se han resuelto las pérdidas, que han aumentado, ni el cobro de la contribución por mala estratificación. En el Caribe hay viviendas registradas como estrato 1 que consumen más de 3.000 kWh/mes. Es una cifra absurda: una casa estrato 6 en Bogotá consume 160 kWh; una con aire acondicionado bien manejado no pasa de 1.000. Ese consumo de 3.000 es anormal y esa gente debería pagar el 20% de contribución. Ahí se pierden $50.000 millones al mes en contribuciones que no se reciben y subsidios que no se deberían dar.

También urge conseguir más energía, lo que probablemente requerirá carbón o gas. Sin suministro, las térmicas no funcionarán en la sequía. El país necesita un ente planeador de infraestructura de gas para no tener proyectos que no se necesitan, mientras otros urgentes siguen parados. También se requiere destrabar las líneas de transmisión que llevan frenadas más de 10 años; ese retraso daña a la industria y a la gente.

Otro punto es que Colombia debe evolucionar hacia medidores inteligentes y energía por franjas horarias, para que el precio varíe según el momento del consumo. Esos son los temas más urgentes”.

Un asunto que ha generado mucho ruido en los últimos días es la salida de Jorge Carrillo de ISA. El Consejo de Estado ordenó reanudar el proceso de selección para elegir presidente, incluyéndolo a usted en la lista de finalistas. ¿Sigue interesado?

“Yo creo que, en el momento actual y con todo lo que ha sucedido, ISA necesita un liderazgo estable y esperar a que el país tenga un horizonte más claro. Una persona como Gabriel Melguizo, quien está a la cabeza en este momento, es un muy buen presidente.

Considero que el país no está en el momento para dar una discusión de ese tipo. Lo que ocurrió fue muy grave. Lo primero que toca entender es cómo pasó lo que pasó”.

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¿Pero usted seguiría en el proceso?

“No, yo no”.

Tras la salida de Carrillo y de Jhonatan Villada, quien era director de Aprovisionamiento Corporativo de ISA e involucrado en el contrato que tienen en Perú con el proyecto Yapay, ¿el GEB, como socio del 50%, ha solicitado alguna auditoría forense o revisión de los procesos de contratación realizados en ese país? ¿Cómo se está manejando actualmente este tema?

“Estamos en una conversación constructiva para entender si hubo posibles vulneraciones a lo que debió ser una práctica transparente y objetiva en el manejo. Estamos evaluando con los auditores qué acciones se justifican, pero el trabajo con los técnicos de ISA y con sus equipos es de largo plazo y de altísima confianza.

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Nosotros mantenemos la confianza en ISA como una de las empresas más importantes del país y esperamos que puedan rectificar el daño que, desafortunadamente, algunas personas muy poco idóneas pudieron haber causado”.