El fallido veto a Uber y Didi y otras movidas del Gobierno Petro de cara a elecciones
Tras el escándalo nacional, anoche la iniciativa en contra de plataformas de movilidad fue retirada para “hacerle ajustes al articulado”. Gobierno juega al ritmo de las elecciones y el proyecto se suma a otra lista de medidas “populares” en el ocaso del mandato de Gustavo Petro.
Editor de Economía. Ha trabajado en El Tiempo y Portafolio y cubierto temas macroeconómicos, empresariales y reformas. Premio Analdex 2020. Comunicador Social - Periodista de la Universidad Los Libertadores.
El presidente Gustavo Petro está convirtiendo el remate de su mandato en una ofensiva populista con la que parece buscar indirectamente un impulso a la campaña de Iván Cepeda, asumiendo él mismo el protagonismo en la arena electoral. Su estrategia se basa en una notable capacidad para fijar la agenda nacional mediante decisiones que, aunque carecen de sustento técnico, logran construir un “legado” popular.
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Al aumento del 23,7% en el salario mínimo o la reducción en los precios de los combustibles, se sumaría un proyecto para suspender de facto a las plataformas de movilidad como Uber o Didi en el país y ganar respaldo en el gremio taxista, aunque en la noche de ayer fue retirado para ser “ajustado”, hecho que evidencia un preocupante nivel de improvisación. El Ejecutivo está desplegando medidas diseñadas para cosechar beneficios políticos inmediatos, dejando las consecuencias fiscales y las “bombas de tiempo” económicas para la administración que asuma en agosto próximo.
El objetivo parece ser “inflar” la percepción de bienestar en los hogares colombianos durante los meses previos a las elecciones, silenciando las alarmas que emiten organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) o el propio Banco de la República sobre la grave situación económica que se avecina.
¿Cómo sería al cerco a plataformas de movilidad en Colombia?
La movida más reciente y quizá la más agresiva en términos de libertades económicas sería el Proyecto de Ley 347 de 2026. La polémica estalló ayer, pues esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, es interpretada como una declaración de guerra frontal contra las plataformas que son el sustento o una forma de generar ingresos extras de 1,2 millones de personas.
José Daniel López, presidente de Alianza In –gremio de aplicaciones e innovación en el país–, advirte que este proyecto no busca regular, sino aniquilar. Según él, la propuesta pretende definir servicios que hoy son actividades no reguladas como explícitamente ilegales, desafiando sentencias de la Corte Suprema de Justicia que han reconocido en estas aplicaciones la materialización del derecho humano a disfrutar de los avances tecnológicos.
El contenido del proyecto es polémico. Los conductores particulares que hoy encuentran en aplicaciones como Uber, Didi o Cabify un sustento, se enfrentarían a inmovilizaciones de sus vehículos por 60 días en la primera infracción, 90 días en la segunda y hasta 120 días en las siguientes. Pero la persecución no se detiene en el conductor; el usuario también es blanco del Estado.
La normativa propone multas de $4,7 millones (equivalentes a 390 UVT) por cada viaje realizado. Por si fuera poco, el artículo 69 impone una “mordaza” a funcionarios públicos y congresistas, prohibiéndoles opinar a favor de estos servicios. Incluso las propiedades horizontales estarían bajo vigilancia, con multas de hasta $726,6 millones si no colaboran en la “cruzada” contra el transporte digital.
Tras el escándalo nacional, Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Supertransporte, explicó anoche que el Gobierno retiró temporalmente del Congreso esta iniciativa que, según él, buscaba fortalecer el régimen sancionatorio del sector transporte, y tuvo “múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos”.
Los riesgos de la estrategia del Gobierno Petro
Para el analista económico Luis Fernando Ramírez, estas iniciativas no son un plan aislado, sino una estrategia dispersa pero efectiva que busca impactar a diferentes públicos con mensajes de corto plazo. Ramírez advierte que el Gobierno está creando una “bomba de tiempo”, sobre todo en términos fiscales, con medidas populares como el ajuste de 23,7% del salario mínimo. Recordó, de hecho, cómo Colombia cerró con uno de los déficits fiscales más altos del mundo, superando el 7% del PIB, y con un endeudamiento que ha agotado prácticamente el crédito externo.
La estrategia, dice el experto, emula lo visto en otros países de la región, como cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió ajustar 20% el salario mínimo en su último año de gobierno –completando subidas acumuladas de más del 100% en su período–.
El elemento más peligroso, según Ramírez, es el riesgo diferido. El impacto negativo de estas medidas —como el aumento de la inflación o la falta de recursos para inversión pública— no se sentirá con rigor antes de las elecciones, pues los platos rotos los pagará el próximo mandatario.
Esta visión es compartida por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en una reciente columna denunció un uso “descarado” del aparato público. Vargas Lleras señala que, más allá de las leyes, hay una expansión burocrática sin precedentes: 800 puestos en Colpensiones, 6.000 en la UNP y miles más en otros ministerios, lo que representa un gasto de funcionamiento superior a los $600.000 millones, destinado a lo que él denomina “corbatas electorales” para asegurar lealtades en las urnas.
Baja del precio de la gasolina y disparada del salario mínimo en Colombia
Otra pieza clave del rompecabezas es la reciente reducción de $500 en el galón de gasolina, para llevarlo a $15.557. El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, calificó esta medida como un acto de cinismo económico, recordando que el Gobierno Petro fue quien subió el combustible en casi $7.000 durante su mandato.
Aunque el ciudadano percibe un alivio inmediato, analistas del sector energético como Sergio Cabrales advierten que el Gobierno tiene margen para reducciones más profundas, de hasta $3.000, teniendo en cuenta que el precio externo del combustible se ubica alrededor de $13.000.
En cuanto al salario mínimo, el aumento del 23,7% para llevarlo a $2 millones es el ejemplo más claro de la estrategia del Ejecutivo y sus efectos. Si bien mejora nominalmente el poder adquisitivo, la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, advierte que esto dispara los costos de producción y, por ende, la inflación.
Ante este panorama, el Banco de la República tuvo que intervenir disparando 100 puntos básicos las tasas de interés hasta 10,25%, para evitar que el país caiga en una espiral de precios incontrolable. Suárez enfatiza que la independencia del Emisor es lo único que separa a Colombia del caos económico; eso sí, el gasto desbordado del Gobierno está forzando a mantener el crédito caro, lo que irónicamente termina afectando a los mismos ciudadanos que el presidente dice proteger.
Eliminación de la prima a congresistas y “bono pensional”
El desmonte de la prima de servicios de los congresistas, valorada en $16,9 millones mensuales, es otra de las movidas mediáticas de alto impacto. Sin embargo, el jurista y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, señala que este es un debate cíclico y altamente rentable en términos de opinión pública. Atacar al Congreso es fácil y popular. Lo que el Gobierno no enfatiza es que la medida solo aplicará para el próximo periodo legislativo, protegiendo así a sus actuales aliados en el Congreso mientras vende una imagen de austeridad.
Finalmente está el aumento del bono pensional para 1,1 millones de adultos mayores, pasando de $80.000 a $230.000. El Gobierno, al ver que su reforma pensional enfrenta obstáculos legales y financieros, decidió utilizar recursos directos del Presupuesto Nacional para entregar este dinero.
Esta medida es uno de los “ganchos” sociales más fuerte de la estrategia electoral. No obstante, el costo de $8,3 billones que implicaría la cobertura total prometida en la reforma pensional sigue en el limbo, demostrando que el Gobierno se la habría jugado por el impacto inmediato en la percepción de los votantes vía subsidio.
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