El Gobierno Nacional retiró temporalmente del Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que buscaba fortalecer el régimen sancionatorio del sector transporte, pero que terminó desatando una fuerte controversia por su impacto potencial sobre plataformas digitales de movilidad, conductores y usuarios.
El proyecto, radicado el pasado 20 de enero por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, planteaba nuevas herramientas de inspección, vigilancia y control frente al transporte informal e ilegal.
Sin embargo, su alcance fue leído por amplios sectores como una virtual prohibición del uso de aplicaciones como Uber, Didi o Yango, con multas que podrían llegar hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada servicio realizado.
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Sanciones, plataformas y alerta por impacto económico
Aunque la iniciativa no era completamente nueva, en las últimas horas las empresas tecnológicas, gremios de plataformas y asociaciones de conductores advirtieron que el texto radicado podría tener efectos directos sobre el empleo, la movilidad urbana y la economía digital en Colombia.
De acuerdo con cifras del propio sector, más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de plataformas digitales de movilidad, mientras que cerca de 21 millones de usuarios utilizan estos servicios de manera habitual.
Bajo el esquema propuesto, las sanciones podrían acumularse viaje tras viaje, alcanzando cifras millonarias tanto para conductores como para usuarios, lo que encendió las alarmas.
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La explicación del Gobierno y los ajustes al articulado
Ante la presión y las críticas, el Gobierno optó por retirar el proyecto para introducir ajustes.
Así lo confirmó Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien aseguró que la decisión busca corregir interpretaciones erróneas y alinear el texto con los acuerdos construidos con los gremios de carga.
“Considerando las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del Proyecto de Ley 347 del 2026, recientemente radicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte, el Gobierno Nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”, explicó Serna.
La iniciativa contemplaba, además de sanciones económicas, la inmovilización de vehículos y posibles medidas directas contra plataformas digitales, lo que fue interpretado como un endurecimiento excesivo del control estatal.
Por ejemplo, las sanciones económicas propuestas en el Proyecto de Ley 347 de 2026 podrían superar los $39 millones para cada conductor por cada viaje que realice en una plataforma, una medida que el sector califica como desproporcionada y punitiva.
Desde el Ejecutivo insisten en que el objetivo no es afectar la movilidad digital, sino combatir el transporte ilegal sin generar distorsiones económicas.
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En qué consiste el proyecto de Ley 347 de 2026
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