Las medidas anunciadas ayer por la declaratoria de la emergencia ambiental de calidad del aire son las mismas que Daniel Quintero criticó de alcaldías pasadas.
Superada más de la mitad de su mandato, aún no se han puesto en marcha varias promesas que hizo para solucionar la problemática ambiental que ocurre dos veces cada año y, al contrario, mecanismos como el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) parecen que no tienen ninguna relevancia, y ya ni se escuchan las voces de los académicos que por años han estudiado el tema.
Entre las medidas adoptadas ayer se determinó mantener el pico y placa vehicular para motos y autos, tal como funciona hasta ahora, así como el cobro por congestión. Además, solo cuando sea estrictamente necesario, se implementará el pico y placa ambiental para el transporte de carga y volquetas.
Esto llamó la atención de ciudadanos y ambientalistas que cayeron en la cuenta de que las medidas son similares a las que aplicaban administraciones anteriores. De hecho, algunas fuentes consideran que, actualmente, se ignoran otras medidas más restrictivas para medir la calidad del aire, como las propuestas por la OMS en septiembre pasado.
Lo prometido en campaña
Incluso, antes de ser candidato, Quintero era crítico en temas como el pico y placa ambiental. El 7 de marzo de 2018, escribió en sus redes sociales: “Pico y placa ambiental no es la solución. Crisis ambiental de Medellín pudo ser evitada. Alcaldía no ha estado a la altura del reto”.
Para marzo de 2019, nuevamente se refirió al tema tuiteando que “mafias de buses chimeneas financian a políticos, políticos les hacen pasito a los buses chimenea. Pico y placa para todo el mundo y oxígeno para nadie”.
Ya durante su candidatura, en el apartado de la calidad del aire indicó (sin especificar cifras, metas y metodologías) que se fortalecerían el Siata, el Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica (Poeca), y el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (Pigeca).
Asimismo, prometía elaborar un estudio a la capacidad límite de carga de vehículos particulares en la malla vial de la ciudad que determinara cuáles acciones tomar en tiempos de alta contaminación. “Medellín tiene el potencial, la vocación y la obligación de situarse a la vanguardia en la gestión ambiental y la construcción de un modelo de ciudad bajo criterios de sostenibilidad”, proponía.
Para 2020, en el Plan de Desarrollo aprobado, las propuestas por la calidad del aire fueron cobijadas bajo la línea de “Ecociudad”. No obstante, solo en la página 208 se hablaba con cierta precisión de lo que haría para lograrlo.
Entre los aspectos más llamativos figuran el estímulo a la implementación de los planes de movilidad empresarial; el fortalecimiento de la red municipal de monitoreo a la calidad del aire a través de plataformas y sistemas colaborativos y la evaluación de la pertinencia del Poeca.
Desde la línea Ecociudad dispuso la modernización del parque automotor público y de carga, así como el fortalecimiento de medios de transporte alternativos y del sistema integrado. El plan también propendía por la arborización urbana y rural y el aumento de las áreas protegidas, para disminuir el efecto isla de calor, combatir las inundaciones, mejorar la calidad del aire y contribuir a la captura de CO2. Propuso, además, el diseño y construcción de cicloinfraestructura complementaria y articulada a la existente y la creación de la zona urbana de aire protegido del Centro.
LOS DÍAS CRÍTICOS EN ESTA EMERGENCIA
¿Promesas etéreas?
EL COLOMBIANO consultó a expertos ambientales que analizaron lo prometido por la alcaldía y lo que ha sucedido en sus primeros dos años.
Lucas Quintero, abogado ambiental, señaló que aparte del metro de la 80 (que viene en gestión desde el anterior gobierno), la actual administración fue poco lo que prometió para concretar un mejor aire. De hecho, recordó que durante la contingencia de 2020, el alcalde indicó que dentro de las medidas que permitirán actuar en dicha emergencia se establecía que EPM financiaría mínimo 50.000 bicicletas eléctricas, que se doblarían las estaciones de carga para movilidad eléctrica y que se transformarían ladrilleras e industrias a combustión a gas.
“Propuso hacer una consulta popular de 19 puntos ‘Por el derecho al aire libre’, en las que se incluía que los niños salieran a vacaciones durante las contingencias, el fin de la industria a carbón en la ciudad y la no circulación de vehículos de más de 25 años. Sin embargo, ni esta ni las demás propuestas se han cumplido”, agregó el abogado, quien cree que Ecociudad tenía planteamientos etéreos.
En la misma línea opina Daniel Suárez, ciudadano coadyuvante de la acción popular por la calidad del aire. Para él es contradictorio que, pese a que en el concepto de Ecociudad se planteaban diferentes apuestas relacionadas con la problemática ambiental, la secretaría de Medio Ambiente, con $71.034 millones, es la de menor presupuesto.
Y esto se ha visto reflejado en que, incluso en pandemia y con la gente encerrada, se haya tenido que declarar una alerta ambiental entre febrero y marzo de 2020. Sin embargo, Quintero aprovechó para escurrir el bulto: “La crisis ambiental, a pesar de la cuarentena, deja claro que el Área Metropolitana por años no ha reconocido causas reales de contaminación”, escribió el 23 de marzo de ese año.
“El alcalde tuvo unas posiciones críticas cuestionando a una entidad tan importante para este tipo de situaciones para la calidad del aire como el Siata que entrega información del día a día y que nos mostraba que se venía una época crítica”, agregó Suárez.
Y llamó la atención de otros proyectos que en teoría deberían de estar adelantados pero que ya amenazan retrasos que no permiten ver su implementación antes de finalizar el cuatrienio.
“Ya llevamos dos años de esta administración y los indicadores de Ecociudad parecen no verse. El proyecto de la ciclorruta norte a sur, a la fecha, solo está en diseños; la implementación de la transición de vehículos públicos a eléctricos va lento; y la entrada en funcionamiento de la flota eléctrica que trajo la administración pasada sigue embolatada por falta de puntos de carga”.
Aunque no todo es incumplimiento. El programa de arborización rural y urbana de Medellín, que contempla plantar 275.000 ya superó los 136.000, así como el piloto de bicicletas eléctricas de Encicla que está en su fase inicial. Igual está sucediendo con el Pigeca, la declaratoria del centro como zona urbana de aire protegido y con la licitación del Metro de la 80.
“En síntesis, las medidas que se toman hoy son las mismas de 2019. O sea que no hay un cambio de fondo en las soluciones a las problemáticas que estamos presentando”, concluyó Suárez.
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