La Defensoría del Pueblo emitió otra alerta por el confinamiento que se vive en 33 veredas de este municipio del Bajo Cauca antioqueño, donde hay otras zonas con vulneraciones a los derechos humanos.
No solo es el cierre de la sede de Medicina Legal de Caucasia por amenazas a los funcionarios. Las comunidades del Bajo Cauca antioqueño están en una crítica situación de vulneración a los derechos humanos por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales.
La difícil situación que viven los habitantes fue calificada como una “crisis humanitaria silenciosa” por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El funcionario lanzó una alerta por el confinamiento que viven, hace semanas, los pobladores de 33 veredas del municipio Cáceres, por la presencia y el accionar de actores armados ilegales.
“Además de reiterar el llamado a las estructuras criminales a que dejen al margen de sus acciones a la población civil, como defensor del Pueblo me comprometo a impulsar la articulación institucional para buscar que las diferentes entidades del Estado hagan presencia y acompañamiento a las comunidades de Cáceres, de manera especial, a las que habitan en 33 de sus veredas, y, claro que sí, a las de toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño”, sostuvo Camargo.
El panorama que tiene la regional de la Defensoría en el Bajo Cauca da cuenta de que esta situación ha afectado sus actividades laborales, en especial en el sector minero, lo que también causa dificultades al comercio y al transporte en la subregión.
A esto se suma que hay un temor generalizado de los habitantes a denunciar la grave vulneración de derechos humanos que están viviendo, porque les da miedo de las retaliaciones que puedan cometer los grupos al margen de la ley.
Entre las cosas más graves que se han revelado es que 972 familias están enfrentando hambre por el confinamiento. Por ello, desde la Defensoría informaron que buscarán brindarles asistencia humanitaria, con apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
“Además, se seguirá con el acompañamiento necesario para articular, en beneficio de esos núcleos familiares identificados, las instancias locales y regionales con el nivel nacional”, indicaron desde la entidad del Ministerio Público.
“Las comunidades confinadas en sus propios territorios están pasando hambre, ya que viven en medio de todos los actores armados. Allí hay presencia del Eln, de las disidencias de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Agc - Clan del Golfo”, agregó Camargo.
En las últimas horas, el Ejército informó que tropas de la Séptima División destruyeron tres artefactos explosivos que habrían sido instalados por integrantes del Clan del Golfo en la vereda Las Frías, en Cáceres.
La Defensoría del Pueblo le solicitará al Ministro del Interior hacer una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) en Cáceres, para que se revise el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 045 del 2020.
“Lo hacemos con el fin de pasarles revista a las acciones que han venido adelantando las diferentes instituciones para mitigar el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de esa zona del nororiente de Antioquia”, puntualizó el defensor.
