La “gobernanza armada” impuesta por grupos ilegales en El Bagre, tiene sumida en la zozobra a los habitantes de ese municipio, en el Bajo Cauca antioqueño, y generó la declaratoria de alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo.
Y es que, según este Ministerio Público, el dominio de organizaciones armadas como El Clan del Golfo y disidencias de las Farc es tan fuerte que están prohibiendo el tránsito de personas después de las 6:00 p. m. en vías rurales y exigiendo el pago de “vacunas” equivalentes al 10 % de la producción de oro.
“La población civil, incluyendo a mototaxistas y arrieros, es frecuentemente instrumentalizada para el transporte de insumos o el retiro de cuerpos de combatientes”, expresó la entidad, en tanto denunció el uso de drones con explosivos, los enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos, asesinatos selectivos y otras formas de control armado están profundizando la crisis humanitaria y afectando especialmente a comunidades étnicas, niñas, niños y adolescentes.
Solo en un evento ocurrido en junio pasado, donde fueron lanzados 12 explosivos desde drones, 61 familias tuvieron que desplazarse. Igualmente, cientos de familias permanecen restringidas en sus territorios debido a las hostilidades y la presencia de municiones sin explotar en sus cultivos.
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Según la Defensoría, las comunidades de la cabecera de El Bagre y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver son las que tienen mayor riesgo de ser afectadas por la violencia tras la intensificación de la disputa entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del autodenominado Ejército Gaitanista o Clan del Golfo, y el Frente 4 del Bloque Magdalena Medio, de las antiguas Farc.
El conflicto desatado en la región, límite entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, se da por el control de zonas estratégicas para la captación de rentas ilícitas derivadas de la explotación aurífera en la serranía de San Lucas y sectores como Guamocó y Mina Nueva.
“El riesgo es especialmente crítico para los pueblos indígenas Zenú (resguardos Los Almendros y Brojolá) y comunidades afrocolombianas, cuyos territorios colectivos y autonomía están amenazados”, consideró el ente gubernamental, en tanto alertó sobre el “impacto en niñas, niños y adolescentes, pues enfrentan posible reclutamiento, accidentes con minas antipersonal y graves afectaciones a su salud mental”.
Como parte de la alerta temprana, la Defensoría emitió 14 recomendaciones dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, entre otros entes del orden nacional, departamental y local, para que actúen de manera articulada y urgente frente a los factores de amenaza y adopten medidas efectivas para proteger a la población.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en El Bagre?
- La entidad lanzó la alerta debido a la grave “gobernanza armada” ejercida por el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, quienes imponen un toque de queda a partir de las 6:00 p.m. en vías rurales, cobran “vacunas” del 10 % a la producción de oro e instrumentalizan a la población civil para transportar insumos o retirar cadáveres.
- ¿Qué actores armados se disputan el territorio y cuáles son los sectores más afectados?
- La confrontación ocurre entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc (Bloque Magdalena Medio). Se disputan el control de la serranía de San Lucas, Guamocó y Mina Nueva para captar rentas del oro. Las zonas con mayor riesgo son la cabecera municipal de El Bagre y los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver.
- ¿Cuáles son los impactos humanitarios sobre la población civil y qué medidas se exigieron?
- El conflicto ha provocado desplazamientos masivos por ataques con drones cargados de explosivos, confinamientos, riesgo de minas antipersonal y amenaza de reclutamiento forzado para niños y comunidades Zenú y afrocolombianas. La Defensoría emitió 14 recomendaciones urgentes a Ministerios de Defensa e Interior, ICBF y Fiscalía para frenar la violencia.
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