El proceso para revocar el mandato del alcalde Daniel Quintero comenzó en la mañana de ayer, tal como lo habían anticipado sus promotores, con la radicación ante la Registraduría del documento con el que se solicita este procedimiento que contempla la Constitución.
Pero la inscripción es apenas el primer paso de un cronograma que se podría prolongar todo el año. Y lo primero es que la información aportada ante el ente gubernamental sea validada y se dé luz verde para que comience la recolección de firmas. La Registraduría, según lo indicado por la ley, tiene un mes para revisar los documentos aportados por los ciudadanos.
Andrés Rodríguez, presidente de Medellín Cuenta Conmigo, uno de los cinco movimientos ciudadanos que está detrás del proceso de revocatoria, dijo que consignaron un documento de 28 páginas en el que exponen lo que ellos consideran las falencias de la administración Quintero en su primer año de mandato.
Sus argumentos tienen como base cuestionamientos en torno al manejo de EPM y la renuncia en pleno de su junta directiva en agosto; y al uso de la plataforma Medellín Me Cuida, que sirvió para la contención de la pandemia pero generó dudas sobre la utilización de los datos de los ciudadanos.
Según la Ley 134 de 1994, para la revocatoria de los alcaldes debe recogerse una cantidad de firmas no inferior al 40 % de los votos con que fue elegido el mandatario. Es decir, para el caso de Quintero se necesitarían 90.000 firmas válidas, pues en octubre de 2019 consiguió 303.420 sufragios.
Pero los organizadores del proceso son más ambiciosos. “Vamos a recoger 250.000. Estamos seguros de que lo vamos a lograr, pues el descontento que hay con Quintero es muy grande”, precisó Rodríguez, uno de los líderes de la iniciativa.
Según el colectivo Medellín Cuenta Conmigo, el 5 de abril estarían entregando las firmas para la revocatoria ante la Registraduría. Los cálculos que hacen es que se surta el proceso y el 10 de octubre la ciudad esté eligiendo un nuevo alcalde.
No obstante el planteamiento del grupo promotor, expertos consideran que el proceso será dificultoso.
¿Se justifica la revocatoria?
Para José Olimpo Suárez, doctor en Filosofía y coordinador de la maestría en Estudios Políticos de UPB, las revocatorias son un mecanismo válido para la ciudadanía. Sin embargo, consideró que este no es el momento de hacer una.
“No veo cómo derogar a un mandatario en este momento. La ciudadanía, a causa de la pandemia, no está del todo enterada de lo que está pasando”, opinó el experto.
Además de eso, Suárez enfatizó en que los trámites para la revocatoria son muy extensos y es muy probable que “no terminen en nada”. Esto se explica de la siguiente manera. Después de recoger las 90.000 firmas, la Registraduría tendrá un periodo de un mes para verificar su validez. Pero ese periodo puede prorrogarse.
Si las firmas reciben el visto bueno, según la mencionada Ley 134 de 1994, se convocará a unas elecciones en la que los votos deben superar el 55 % del censo electoral. Si eso sucede, la Registraduría debe revocar de su cargo al mandatario y convocar una nueva elección para escoger a su sucesor en un plazo de 30 días.
Pese a que en Colombia se han iniciado varios trámites revocatorios, solo uno llegó a buen puerto: en Tasco, Boyacá, el alcalde fue revocado por iniciativa ciudadana en 2018. De 2013 a la fecha se han inscrito 32 procesos revocatorios de alcaldes y gobernadores a nivel nacional.
Por eso, el profesor Suárez ponderó que “no vale la pena encauzar las fuerzas hacia una derogatoria que no parece tener fuertes bases. La situación no lo amerita. Tendría que comprobarse la completa incompetencia del mandatario y este no es el caso”.
Germán Valencia, profesor de Política en la Universidad de Antioquia, tiene una visión similar.
El académico consideró que el proceso en trámite es más político que de control y que sus participantes, más allá de ejercer sus derechos como ciudadanos, están haciendo cálculos electorales:
“Lo que veo es un ejercicio de cálculo político, nada más. Ellos van a ver cuántas firmas recogen para medir qué tanta fuerza tienen. Una vez con ellas pueden decir ‘vean, tenemos fuerza política para llegar al Concejo o la Alcaldía’. Es un ejercicio político”.
Valencia añadió que el control político debe buscarse de otra manera en entidades públicas como la Procuraduría. En cuanto al papel de los ciudadanos, precisó que las veedurías ciudadanas podrían ser más efectivas y beneficiosas (ver radiografía).
“Esas iniciativas, siempre y cuando estén bien manejadas y alejadas de intereses políticos, son una muy buena herramienta para la democracia”, opinó el profesor Valencia.
Una de ellas es la veeduría TodosxMedellín, conformada en agosto. De manera escrita, respondieron a este diario sobre el tema: “Las veedurías, en tanto son conformadas por sectores amplios de la sociedad, como es nuestro caso, que incluye personas naturales, organizaciones sociales y gremios, son un interlocutor legítimo que ejerce control social sobre lo público más allá de las disputas políticas”.
La veeduría llamó al alcalde a realizar una “excelente gestión y que no se enfrasque en discusiones y peleas innecesarias como respuesta al movimiento revocatorio”.
Encontrón en las redes
La batalla de palabras y argumentos en torno a la revocatoria se ha librado en las redes sociales.
La discusión entre Quintero y sus opositores subió de tono desde el pasado 1 de enero cuando, en clara referencia a quienes buscan destituirlo, el mandatario trinó: “El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece”.
Mensajes a favor y en contra de Quintero inundaron ayer Twitter. Sus detractores lo llamaron “tirano”, mientras los miembros de su gabinete salieron en su defensa.
Ayer, el alcalde subió una foto de los revocadores y escribió, haciendo referencia a un trino de la senadora Paola Holguín: “Tremenda capacidad de convocatoria de la Senadora del Centro Democrático. Todo parece indicar que los revocados serán otros”
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mes tiene la Registraduría para validar las firmas, pero el plazo puede prorrogarse.
