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Uno a uno, estos son los seis hallazgos de la Contraloría sobre Hidroituango

  • El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Después de la contingencia, el valor se elevó a $15,3 billones, es decir que tendría un sobrecosto de $3,9 billones. FOTO ESTEBAN VANEGAS
    El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Después de la contingencia, el valor se elevó a $15,3 billones, es decir que tendría un sobrecosto de $3,9 billones. FOTO ESTEBAN VANEGAS
Por juan diego ortiz jiménez | Publicado el 21 de septiembre de 2019
$839

mil millones habría costado la determinación de desviar el río por la casa de máquinas.

en definitiva

La auditoría de la CGR concluye que el lucro cesante consolidado del proyecto es de $1,1 billones; y estableció un presunto detrimento al patrimonio público adicional por valor de $2,9 billones.

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó su actuación de control excepcional a los recursos del proyecto Hidroituango, determinando que la gestión de la gerencia y control de la obra incumplió los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, además de principios de eficiencia y eficacia.

Esta actuación especial de fiscalización se realizó entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019 por un equipo de auditores integrado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas, economistas, contadores y geólogos, entre otros, todos con más de 15 años de vinculación a la CGR. Adicionalmente contaron con el apoyo de un equipo de la Universidad Nacional para el análisis financiero al proyecto.

El vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee, dijo que la conclusión de la auditoría se reduce a que “estamos enfrentados a un megaproyecto que tiene unas imperfecciones desde el punto de vista de su gestión fiscal. Estamos hablando de un exceso de inversión y de una cadena de decisiones que no fue afortunada frente a las condiciones constructivas”.

La CGR afirmó que, con los ingresos netos acumulados hasta el año 2045, el proyecto habría recuperado las inversiones de capital en activos y tendría un valor presente positivo de $17,91 billones, por lo cual “el periodo de recuperación de la inversión sería de aproximadamente 35 años”.

A 17 meses de iniciada la contingencia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la misma Contraloría tienen procesos en curso por hechos relacionados con el megaproyecto. Las únicas sanciones hasta ahora son tres multas de la Anla que suman $8.442 millones.

Lo que responde EPM

La empresa confirmó que recibió el jueves el informe de control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica - Hidroituango, elaborado por la Contraloría General de la República.

Informó que estudiará el documento con un grupo de expertos y que en los próximos días, con base en este análisis, hará pública su posición. “La organización continuará colaborando con las autoridades en lo que la requieran y dando las explicaciones que correspondan”, finalizó.

A continuación, resumimos los seis hallazgos.

Contexto de la Noticia

Lucro cesante POR RETRASO

Hallazgo con incidencia fiscal. El 30 de marzo de 2011, la sociedad y EPM firmaron un contrato para que esta última construyera, operara, mantuviera y transfiriera la central, figura conocida como contrato Boomt, por sus siglas en inglés. Dicho contrato estableció las fechas importantes en el programa de ejecución de la hidroeléctrica. Según este, la entrada en operación comercial de la primera unidad de generación estaba prevista para el 28 de noviembre de 2018. La contingencia, sin embargo, retrasó el cronograma al menos tres años. Como consecuencia, la CGR estableció un presunto detrimento al patrimonio público por valor de $1,1 billones, correspondientes a la estimación del lucro cesante (dinero dejado de percibir por los daños) generado por el incumplimiento de EPM en la entrada en operación de las unidades 2, 3 y 4.

Ineficacia en la Gestión Fiscal

Hallazgo con incidencia fiscal. Según la CGR, desde la firma del contrato Boomt quedaron definidos costos, tiempos y rentabilidad para las partes. “Fue vendido a los socios y a la sociedad como viable técnica y financieramente dentro del tiempo máximo que requería para honrar compromisos”, dijo el informe. De acuerdo con la auditoría, el equipo experto determinó y cuantificó la existencia de una destrucción de valor del proyecto por mayor valor de las inversiones por un valor de $2,9 billones, frente al Capex (costo de construcción) previsto al comienzo. El informe señaló que de las mayores inversiones del proyecto, el 45 % está asociado a un mayor costo de las obras principales ($2,2 billones), seguido de las inversiones en infraestructura con 33 % ($1,4 billones) e ingeniería y administración con un 25,5 % ($1,1 billones).

Disposición de los Equipos

Hallazgo administrativo. En visita practicada por la CGR a un almacén de Tarazá donde se reciben y guardan los equipos principales del proyecto, se evidenció el alto inventario de equipos y repuestos, siendo necesario adecuar nuevas bodegas, aunado a otras bodegas que se instalaron con los elementos para atender la contingencia. Según este hallazgo, se encontraron deficiencias en aspectos de almacenamiento, mantenimiento periódico y actualización de novedades, que generan el riesgo de daños o deterioro de dichos equipos por las condiciones climáticas de frío–calor a las que se encuentran sometidas. Adicional, la falta de mantenimiento puede implicar la pérdida de las garantías de los fabricantes o la destinación de nuevos recursos para su recuperación, aunado a mayores costos dentro del proyecto por permanencia en bodegas.

elementos de protección

Hallazgo administrativo. La CGR, durante una visita a la galería de descarga intermedia y galería de acceso a galería de compuertas del proyecto, en mayo de 2019, observó la presencia de andamios montados sin tags de seguridad (señal de aviso de listo para usar o en proceso de armado) o ensamblados en forma artesanal (unidos con alambres o elementos no técnicos). Igualmente, observó que en las áreas visitadas no todos los trabajadores estaban haciendo uso de los elementos de protección requeridos. “Con lo anterior se genera un grave riesgo para la vida e integridad de los trabajadores de la obra (...) Si bien la entidad (EPM) anunció algunas acciones remediales a implementar, con el anuncio no se desvirtúa el hecho, sino que bien éstas pueden hacer parte del plan de mejoramiento”, afirmó el aparte de la auditoría.

Estabilidad de las Obras

Hallazgo administrativo. La Contraloría, en la visita realizada en mayo de 2019 al sitio de las obras, observó inestabilidad por desprendimiento de material del macizo y de las obras de protección

del talud de la margen derecha del vertedero; hundimiento y ondulación en el espaldón de la presa aguas abajo, “situación que indica posibles movimientos y desprendimientos de la roca”; en el sector de la descarga intermedia, desde el acceso por una galería de construcción, “se evidenció la presencia de filtraciones en la parte superior del túnel”; y grietas dentro en el macizo de la casa de máquinas, las cuales al momento de la visita eran monitoreaban con fisurómetros, que registran aumento del desplazamiento de las mismas. “Lo anterior evidencia falencias en los procedimientos de identificación, mitigación y reparación de riesgos”, afirmó.

Ítems Nuevos en Contratos

Hallazgo administrativo. De acuerdo con la revisión documental de la información entregada por EPM, la CGR reveló que fue evidente la existencia de modificaciones contractuales, suscritas incluso antes de la contingencia, en las cuales se reconoció el pago de ítems nuevos, respecto de los cuales se definió su cantidad y precio con posterioridad a su ejecución. El reproche de la auditoría es que estas modificaciones se hicieron sin contar con estudios de mercado u otras alternativas previamente definidas que permitieran validar los valores expresados por el contratista. “Se observa vulnerado el principio de planeación, garantía de una eficiente y eficaz inversión de los recursos, pudiéndose denotar con ello el incumplimiento del principio de economía (...) La situación obedece a un débil control de la gestión contractual”, concluyó.

Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.

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