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Cómo se encontraron los 200 cuerpos desaparecidos en el Bajo Cauca
En un piloto se logró identificar, además, 20 puntos de inhumación irregular. Plan se ampliará a otras regiones.
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Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de Antioquia, quien lidera parte de la búsqueda. FOTO camilo suárez
05 de mayo de 2022
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Antioquia no cesa en la búsqueda de sus desaparecidos. Con un piloto ejecutado en el Bajo Cauca, la Gobernación de Antioquia, Usaid y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hallaron 200 cuerpos no identificados y 20 lugares de inhumación irregular. El ejercicio, que duró seis meses, será la hoja de ruta para escalar las acciones de búsqueda a las demás subregiones del departamento.
Son dos cifras las que manejan las autoridades, entre 1985 y el pasado 30 de abril: 12.464 —según la Red Nacional de Información—y 14.426 —según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec)—. En conversación con EL COLOMBIANO, Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de Antioquia, compartió los detalles del piloto, los aprendizajes y los retos que tiene el departamento para dar con sus desaparecidos.
¿En qué consistió el piloto?
“La iniciativa comenzó en julio de 2021 y finalizó en diciembre pasado. Hace poco compartimos los resultados. La idea era fortalecer a las instituciones locales, intervenir cementerios, contribuir a la justicia, acompañar a las comunidades y apoyar la identificación de cuerpos”.
¿Por qué comenzó en el Bajo Cauca?
“Abarcamos Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Caucasia, Nechí y El Bagre porque esta es una de las zonas más afectadas por este flagelo. Aunque hay más subregiones con panoramas complejos como el Urabá y el área metropolitana, a las que esperamos llevar el proceso”.
Una de las acciones claves fue la intervención en cementerios, ¿por qué?
“La normatividad frente a la custodia de cuerpos no identificados inicia desde el 2015, antes de eso había poca regulación. El censo comenzó manual: no había sistemas ni fichas. Fue cementerio por cementerio, bóveda por bóveda, hasta lograr un consolidado: cuerpos no identificados y los identificados no reclamados.
Con el Sena, hicimos un trabajo de formación para sepultureros. La idea es que conozcan cuál es el manejo adecuado de los cuerpos, especialmente de los que llegan como no identificados. El rol de la Iglesia también fue vital, pues los cementerios están adscritos a las diócesis por regulación del Estado colombiano”.
¿Cómo están los cementerios de la zona?
“La situación de los cementerios del Bajo Cauca y de Antioquia es la de todos los de Colombia. De ahí que el Ministerio del Interior tenga una dirección específica para eso. En estos les dan el cuidado a los cuerpos desde el rito, desde la fe, pero como se empezó a hablar de los cuerpos como material probatorio, cambió la forma de cuidarlos y tratarlos.
Sabían que había que tratarlos por separado pero no cómo; que había que marcar las bóvedas pero no cómo. Con ejercicios como estos podremos evitar repetir lo que no se debió hacer. El sepulturero del pueblo ha sido el que no sabe leer ni escribir, pero ahora será un técnico”.
¿Cuál fue el papel de las comunidades en el censo?
“Con ejercicios de cartografía social, generamos espacios y dimos las garantías para que las personas entregaran la información. Así mapeamos todos los lugares: cementerios veredales, que construyó la comunidad, y los oficiales. Trabajamos con víctimas, consejeros de paz, indígenas y grupos de mujeres”.
Entiendo que lograr este vínculo fue complejo...
“El mayor reto fue la desconfianza de la comunidad frente al Estado. Hay muchas leyes e instituciones, pero en el territorio no lo veían: no había forma de llegar a cuál caso era por UBPD, cuál por Justicia y Paz, cuál por Fiscalía, y eso terminaba en un carrusel para las mismas familias: las enviaban de un lado para otro.
Además, estaba el temor. Antes de que existiera la búsqueda humanitaria, todos estos procesos eran judiciales. Si usted tenía información de dónde estaba un cadáver, quedaba involucrado en un proceso de investigación”.
¿Qué mitos se encontraron?
“Hay un dejo de que solo se busca al ‘bueno’. Muchas familias nos preguntaban: ‘si esta persona era de un grupo pero no volvió, ¿también la buscan?’. Sí, respondíamos, porque la iniciativa consiste en mitigar el dolor de las familias, sin etiquetas”.
¿Qué inversión se hizo?
“Recibimos el apoyo de Usaid, a través de Colombia Transforma, y fueron alrededor de 50.000 dólares”.
El piloto se realizó en medio de un panorama de más de 12.000 desaparecidos...
“Sí. Pero hay una tasa importante de subregistro. Manejamos dos cifras, las del Registro único de Víctima, que tiene a 1.868.000, de las cuales 12.464 figuran como desaparecidas; y las del Sirdec, que registra más de 14.000 casos. Sobre cuerpos sin identificar, estos cuentan 8.940”.
Viene una segunda fase, ¿cuáles serán las tareas?
“La idea es continuar en el Bajo Cauca con el censo de cementerios veredales que no teníamos en el radar; la atención a las familias: no solo recibir los cuerpos, sino identificarlos; y disminuir los casos de desaparición. Comenzaremos este 25 de mayo y hasta el momento hemos impactado 20 municipios, aunque estamos buscando recursos. La idea es llegar a más subregiones”.
Sobre eso, ¿qué tanto impacta hoy la desaparición forzada al departamento?
“Hay otros delitos, como desplazamiento forzado, homicidios y amenazas, que son preponderantes. La desaparición tiene un lugar menor, pero es por lo complejo que es tipificarla y reportarla
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