La jueza 39 municipal de control de garantías de Medellín ordenó ayer casa por cárcel en contra de Alexandra Agudelo, secretaria de Educación del alcalde Quintero, y Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo, por presuntas irregularidades en contratos de Buen Comienzo y alimentación escolar.
Todo indica que la secretaria Agudelo optará por alejarse de la titularidad en Educación para dejar sin piso la medida de aseguramiento que la priva de la libertad, puesto que su principal fundamento es el riesgo de que la funcionaria, al mantenerse en un rol público, repita las presuntas conductas imputadas y por las cuales hoy se le investiga.
La misma situación la vive Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica de Buen Comienzo, también cobijada con casa por cárcel por los mismos hechos. Ella ostenta un cargo en la Secretaría de Inclusión Social, por lo cual la jueza avaló a la fiscal 49 en su argumento del riesgo de reiteración. Los abogados de ambas servidoras apelaron la decisión ante el juez de segunda instancia.
Quien se salvó de la medida y afrontaría el juicio en libertad es Henry Paulison Gómez Montoya, quien era el representante legal de la corporación Colombia Avanza, pero renunció la semana pasada, por causa de este proceso. No obstante, la fiscal 49 apeló esta decisión en segunda instancia, con el argumento de que Gómez no solo habría participado en los delitos imputados, sino que también representa riesgo de fuga.
De cualquier forma, los tres están imputados por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros. Esto, por presuntas irregularidades en los contratos 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y 4600085448, para entregar paquetes alimentarios a población escolar.
“Riesgo de reiteración”
La jueza sustentó la medida de aseguramiento contra las dos funcionarias en el riesgo de reiteración expuesto por la fiscal 49, es decir, en su consideración, ambas podrían repetir conductas similares a las que las tienen en este proceso penal.
“Cuando uno analiza que son funcionarias públicas, que lo que se está protegiendo es el patrimonio y el interés estatal, estos delitos que afectan la administración de justicia son graves porque la prestación del servicio es para la comunidad de la primera infancia, madres lactantes y estudiantes”, manifestó la jueza.
Continuó diciendo que comparte la apreciación de la delegada de la Fiscalía sobre el riesgo para la administración pública, en tanto que ambas funcionarias están investigadas por cuatro delitos y siguen laborando dentro de la Alcaldía de Medellín: “La delegada de la Fiscalía tiene razón cuando dice que hay una probable reiteración de la misma conducta porque estas personas continúan en las dependencias y tienen a disposición recursos públicos”.
Aun cuando se respetan la presunción de inocencia y el debido proceso, para la jueza, se debe tener en cuenta que al ser servidoras de la Alcaldía de Medellín se requieren unas calidades y una confianza.
Sin embargo, en consideración de la jueza, este riesgo es menor en el caso de Gómez, no solo por ser un particular, sino también porque en medio de este proceso renunció a la representación legal de la corporación. Dijo que él sabe que debe estar pendiente a futuras audiencias y que, con su renuncia ya se logró que no siga con funciones en la corporación, tal como lo quería prevenir la Fiscalía al solicitar la medida de aseguramiento.
Por su lado, la procuradora delegada para este proceso, Beatriz Mejía, mantuvo ayer su postura frente a Gómez, al decir que no encontraba soporte que probara riesgo de obstrucción a la justicia ni de fuga, por lo cual avaló que no se le impusiera casa por cárcel.
Para las dos funcionarias, la procuradora sí cambió su postura. Aunque la semana pasada avaló la solicitud de la fiscal de casa por cárcel, ayer, tras haber analizado la sustentación de la defensa, pidió al juez de segunda instancia variar la medida de aseguramiento impuesta por una alternativa distinta, que no sea la casa por cárcel.
Los contratos en cuestión
Como lo ha informado este medio a lo largo del proceso, los presuntos delitos están relacionados con dos contratos de 2020 suscritos entre la Secretaría de Educación y la corporación Colombia Avanza. El 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar.
En los dos se habrían presentado anomalías, como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y hasta duplicidad en el pago que hizo la administración por una misma labor.
Por ejemplo, la fiscal manifestó que los imputados habrían actuado en acuerdo para diseñar el proceso contractual a la medida de Colombia Avanza. Uno de los indicios es que para uno de los contratos la Alcaldía cambió un requisito habilitante: incluyeron la obligación de pertenecer al banco de oferentes del Icbf, en el que Colombia Avanza estaba. El problema es que no habrían publicitado de forma debida el requisito, por lo cual no hubo posibilidades de que más oferentes se presentaran. También hay dudas sobre el año en el que la corporación ingresó a dicho banco: la fiscal dice que en 2019 y el abogado defensor, que en 2015.
Entre tanto, según la fiscal, en el informe del Icbf este contratista fue calificado con bajo nivel, que lo habilitaba para suscribir contratos de hasta $720 millones, pero se le entregó uno por $17.000 millones que luego se amplió hasta $20.0000 millones.
Para la fiscal, Colombia Avanza no ejecutó el contrato, sino que subcontrató con otras entidades, al parecer, que formaban parte de su propio consorcio (la tesis de la Fiscalía es que la corporación no es una organización sin ánimo de lucro como lo afirmó en el proceso contractual). La fiscal llamó la atención porque la corporación no tendría trazabilidad de la contabilidad de ejecución del contrato, sino que las facturas las habrían generado los subcontratistas.
Y a estos argumentos se sumaron audios de llamadas interceptadas que dan cuenta de que se habrían configurado acciones tendientes a ocultar o destruir pruebas para obstruir la investigación, como las mencionadas facturas. Una de las conversaciones se dio a las 9:32 a.m. del 15 de julio de 2021 entre Carlos Mario Henao Cataño, responsable de manejar los inventarios, coordinar eventos y logística en Colombia Avanza, y una mujer identificada como Astrid.
Una hora antes había iniciado una inspección de la Policía Judicial a una sede de Colombia Avanza ubicada en la calle 33 con carrera 66B, y ellos hablaron de sacar todo y, de ser necesario, borrar los videos de las cámaras de seguridad. Sin embargo, para la jueza, en la intervención de ayer, los audios no fueron determinantes para entender quiénes y de qué estaban hablando.
Sobre el segundo contrato, también se investiga por qué se usó personal del Inder y de otras dependencias para ayudar a la corporación a entregar los paquetes y por qué el Municipio le prestó una bodega, sin cobrarle un peso, cuando ese era un requisito contractual. Además, se busca determinar si se pagó dos veces la entrega de paquetes, a Colombia Avanza y a Plaza Mayor, por medio de otro contrato.
Por su lado, la defensa de los tres imputados, aunque diferente, coincidió en el argumento de que los contratos se firmaron y ejecutaron en pandemia, época en la cual se podía contratar de forma directa para aspectos como la alimentación a niños y niñas.
También indicaron que la bodega se prestó porque era una necesidad urgente en tiempo de pandemia y que por esta misma razón hubo apoyo voluntario de personal de otras secretarías, así como de la fuerza pública, porque el deber de Colombia Avanza no era repartir los paquetes en las casas de los estudiantes, sino llevarlos a los colegios.
Respecto al contrato de Plaza Mayor, que no está vinculado a este proceso, manifestaron que era para otro objeto y que no se duplicó el pago por una misma actividad. Los tres defensores ratificaron que no hubo cabida a delitos y que sus representados se limitaron a cumplir sus funciones.
Este semestre, la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación para comenzar formalmente la etapa de juicio. Por lo pronto, mientras se conocen las decisiones del juez penal del circuito, en segunda instancia, se espera que esta misma semana Agudelo renuncie a la Secretaría, lo que le permitiría defenderse libre ante la justicia.
Pero, también, como lo piden diversos sectores, lejos de una de las dependencias más importantes que, en el último año de gobierno, requiere un funcionario concentrado en retos de la mayor importancia, como las reparaciones a colegios y el mejoramiento académico. Además, debe responder por las múltiples denuncias por presiones a contratistas para apoyar la campaña electoral del exconcejal Albert Corredor, hecho que ya valió la apertura de una indagación de la Procuraduría.
