A nombre de la “Oficina”, un comunicado que llegó a la revista Semana, divulgado este domingo, expresa al Gobierno la intención de un proceso para desmovilizarse, dejar las armas y reincorporarse a la sociedad civil.
Incluso se plantea una mesa de diálogo, como la que actualmente se adelanta con las Farc y como la que se dio una década atrás con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Estamos dispuestos a crear un canal de comunicación y verificación, por medio de la sociedad civil organizada, para generar la confianza entre las partes y poder crear una mesa de concertación para una agenda de paz con nuestros voceros, que termine en un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo, que facilite dejación de armas y reintegración a la vida civil”, dice el comunicado.
El tema es tan polémico como el del llamado “pacto del fusil”, que se dio en julio de 2013 y que ha mantenido una especie de tregua entre grupos enfrentados de la “Oficina” y combos delincuenciales controlados por el “Clan Úsuga” en el Valle de Aburrá.
El comunicado, firmado, no como la “Oficina”, sino como “Dirección colegiada de grupos armados urbanos al margen de la ley, ciudad de Medellín”, dice en un aparte: “Creemos que este es un momento histórico del país, en el cual podamos concertar un escenario jurídico, para que nuestros hombres puedan resolver su situación, teniendo en cuenta que se debe legislar para tal fin. No estamos pidiendo impunidad, sino algo razonable para las partes, que aporte a la solución de la problemática carcelaria, a la persecución de nuestros integrantes y que realmente aporte a la reinserción social de quienes tengan problemas de carácter jurídico”.
Las afirmaciones, de ser verídico el comunicado, indican no solo una intención de una negociación, que además el Gobierno ha negado de manera contundente con cualquier grupo delincuencial organizado, sino también lo que las autoridades e investigaciones vienen afirmando hace ya varios años: la “Oficina” no tiene un solo jefe.
“Se tendría que hablar de un sometimiento a la justicia, no de un acuerdo de paz. Eso lo prohíbe el Derecho Internacional Humanitario. De hecho se ha conocido esta voluntad incluso del ‘Clan Úsuga’. Esto es bueno en la medida que las bandas criminales no copen espacios que dejen, por ejemplo, las Farc”, afirmó el analista y exasesor de paz para Medellín, Jaime Fajardo Landaeta.
Varias cabezas
El hecho de nombrarse como “Dirección colegiada” implica que son varios los cabecillas al frente de una suerte de confederación de grupos alrededor de la “Oficina”’ que, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, tiene unos 120 combos delincuenciales y 15 estructuras conocidas como ‘organización delincuencial integrada al narcotráfico’. Las tres principales son “la Unión”, “los Chatas” y “Robledo”.
Por el momento ni las autoridades ni el Gobierno han dado una respuesta oficial frente a la polémica propuesta.
“Este comunicado es un avance a lo que antes se había propuesto. Pero la propuesta nace muerta, porque nadie, ni la sociedad ni la institucionalidad ni el Gobierno ni la guerrilla ni nadie en los niveles internacionales va a aceptar que la ‘Oficina’ tenga un reconocimiento político”, comentó Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social.
De estos acercamientos hay un antecedente reciente. Tres reconocidos cabecillas de la “Oficina”, Julián Andrey González (alias “Barny”), Edinson Rodolfo Rojas (alias “Pichi”), y Juan Camilo Rendón (alias “Peluco”), buscaron hace varios meses acercamientos con la Fiscalía, mediante la Unidad de Vida, según una columna en el portal de Semana del periodista Juan Diego Restrepo. Pero, agrega, dichos acercamientos se frenaron por el repentino traslado de la jefe de esta Unidad.
