La constructora Covin S.A., inmersa en la polémica tras la emergencia en la unidad residencial Atavanza, que tiene afectados a más de 10.000 residentes de Rodeo Alto, decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos. A través de un cuestionario de ocho puntos, la constructora de 22 años de fundada y liderada por Benicio y Carmen Marín, le respondió a EL COLOMBIANO.
Según Covin S.A., lo sucedido el 29 de junio se produjo principalmente por la ola invernal que azota la ciudad, aunque admitió que hubo falta de mantenimiento en el sector en el que se estaban ejecutando los trabajos para la estabilización del talud y que comprendían un muro de contención de 130 toneladas y tres líneas de anclajes. “Esto generó el desplazamiento e inclinación del muro que hace parte de las obras en ejecución”, contestó.
En otro aparte, la empresa indicó que la última etapa de Atavanza –que corresponde a la zona social– fue entregada en 2008, es decir hace 14 años. Por ello, dieron a entender que ya no estarían obligados por el estatuto del consumidor a responder por el manejo de la emergencia, ya que dicha ley ofrece garantía a un proyecto inmobiliario por 10 años.
“Sin embargo, dado el compromiso de la constructora, desde marzo de 2021 se inició un proceso que involucró estudios y diseños, tanto geológicos como estructurales, para la estabilización del talud. Los trabajos para la estabilización se iniciaron en noviembre y estaban programados para continuar en 2022”, argumentó.
“Sí iba a haber anclajes”
Ante los reclamos de los habitantes de Atavanza, que denunciaron desde abril de 2021 que la construcción del muro de contención no contaba con 48 anclajes necesarios para asegurar la estructura, Covin S.A. dijo que las perforaciones de estos sí se habían iniciado, pero en enero de este año.
“Infortunadamente el rendimiento de los trabajos no fue el esperado por situaciones externas como problemas en el terreno, daño de maquinaria, condiciones climáticas, disponibilidad de recursos, entre otros. Aún así reiteramos que su ejecución no estuvo en duda”, añadió.
Otra de las quejas emanadas –incluso por la misma directora del Dagrd, Laura Duarte– es que Covin S.A. en los primeros días de la emergencia no entregó los estudios de suelos y de manejo solicitados por la entidad.
Ante esto, la empresa solo se refirió a los estudios de suelos e indicó que estos se elaboraron en 2021 y que desde el año pasado se le entregaron a la copropiedad. Además, dijeron que el plan de trabajo del muro fue concertado con los copropietarios y aseguraron que el Dagrd “ha tenido conocimiento pleno de su elaboración, ya que durante largo tiempo hemos intercambiado información”.
La compañía también dijo que desde el día de la emergencia su equipo, compuesto por siete personas en terreno, ha estado en Rodeo Alto y ha tenido reuniones con autoridades y afectados.
¿Hay imprecisiones?
Ante las respuestas de Covin, los afectados de Atavanza mostraron sorpresa, pues para ellos hay imprecisiones. Según Gloria Castañeda, presidenta del consejo de copropietarios, aunque es cierto que en 2008 se entregaron estructuras como la torre 7 y la piscina, es falso que la unidad se entregó en su totalidad ese año porque la última torre se entregó en 2014.
A ella se sumó el administrador de Atavanza, Nicolás Rueda, quien indicó que los reclamos que se le han hecho a Covin por problemas en taludes datan de 2012, por lo que aún están dentro del plazo que permite la ley para que la constructora responda.
Castañeda agregó que tampoco sería cierto que Covin está libre de la garantía por 10 años que determina el estatuto del consumidor, pues la constructora fue demandada ante la Superintendencia de Industria y Comercio en 2018 –por efectividad en la garantía y publicidad engañosa– justamente por estar dentro del plazo otorgado por la ley. Esta demanda sigue activa y se reiniciaría en agosto.
“Además, los estudios de suelos que ellos dicen que hicieron en 2021, los tuvieron que hacer porque un juez los obligó, ya que los ingenieros que nos acompañan refutaron lo dicho en su informe y que alegaba que los taludes de las torres 2 y 3 y de la piscina eran seguros, y justo ahí se están presentando las emergencias”, apuntó.
Frente a la atención de la emergencia, como lo adujo Covin, Correa indicó que si bien hay personal de la constructora, el poder de decisión recae sobre sus directivas, es decir, los Marín.
De hecho, como lo admitió la empresa y resaltó Castañeda, solo el 8 de julio se pudieron reunir los Marín, el Dagrd y los voceros de los copropietarios.
“Como propietarios necesitamos que Covin nos responda”, puntualizó Rueda
