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El actual alcalde de Barbosa, Édgar Augusto Gallego Arias, deberá responder ante la justicia por las presuntas irregularidades en un contrato suscrito por $150 millones para atender la emergencia por coronavirus en ese municipio.
Gallego afrontará el juicio en libertad, lo que significa que podrá seguir ejerciendo su cargo, pero su gabinete sí se ha visto golpeado por el proceso, pues el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Barbosa envió, el pasado jueves, a detención domiciliaria a su secretario de Salud, Daniel Fernando Alcaraz Muñoz, y al de Planeación, Hugo Aldemar Suárez Osorno.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre los barboseños, que aún no se reponen del escándalo de corrupción que protagonizó el anterior alcalde Edison García (2016-2019), su esposa y otros siete funcionarios.
Hoy García está en prisión y las autoridades están sometiendo a extinción de dominio varios bienes suyos, avaluados en más de $6.000 millones. Mientras tanto, el municipio ocupa el octavo puesto entre los de mayor déficit fiscal, según un informe de la Contraloría de Antioquia para la vigencia 2019.
El contrato que tiene enredado al alcalde Gallego es el No.000186 firmado el 17 de marzo por $150’352.000 para “prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas, operativas y asistenciales para la atención de la emergencia por covid-19, enfocada en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la educación y capacitación a la población”.
Según la Fiscalía, el contratista, al parecer, carecía de idoneidad para ejecutar el convenio que incluía la compra de insumos como guantes, tapabocas y gel antibacterial (ver informe).
Wilson Buitrago, asesor del alcalde y coordinador del gabinete, le explicó a EL COLOMBIANO que el contrato se suscribió en el marco de la calamidad pública decretada el pasado 16 de marzo. Con esa declaratoria, los requisitos de contratación se reducen.
“El contrato fue con una persona natural con establecimiento de comercio, porque buscábamos una figura de operador que pudiera proveer, al mismo tiempo, varios ítems”, dijo.
La Contraloría de Antioquia reportó que hizo traslado del caso porque encontró que podría haber un presunto detrimento cercano a los $29.300.000, es decir, 19,51 % del valor contratado.
Uno de los productos cuestionados son los tapabocas N95 que en el contrato tenían un costo inicial de $35.000 por unidad, pero en un Otrosí suscrito el 13 de abril el valor bajó a $21.703. “La Fiscalía sostiene que hay una tentativa de peculado por cerca de $10 millones, que es la diferencia en valor en el mercado y el contratado. Pero entre el 15 y 25 de marzo, los precios de esos productos eran muy altos porque escaseaban”, dijo Buitrago.
Aclaró que el valor se modificó por cuenta de Decreto No. 507 del 1 de abril, expedido por Presidencia, que reguló precios. “En ese momento hasta el papel higiénico escaseaba. Al regular precios, por equilibrio contractual, los valores cambian. Nosotros hicimos reunión y se concertó el ajuste de valores con el contratista. Fue radicada el 3 de abril, pero solo se hizo 10 días después por la Semana Santa”, agregó.
Respecto a la idoneidad del contratista, cuestionada por la Fiscalía, Buitrago dijo que se tomó en cuenta su experiencia: “tiene cerca de $2.500 millones en contratación, existe desde 2001, le ha hecho operación de eventos a varias entidades públicas y ha tenido cerca de 12 contratos con hospitales, por cinco veces más del valor de este contrato” .