Con una línea marcada por proyectos de salud, educación e infraestructura, la Gobernación de Antioquia destapó la semana pasada sus cartas de cara al inicio de la discusión por el proyecto de presupuesto del próximo año, uno de los platos fuertes que tendrá el tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea.
Luego de enfrentar un periodo de incertidumbre, en donde el desplome de las ventas de la Fábrica de Licores de Antioquia y la caída de al menos 9 fuentes tributarias afectaron las cuentas del Departamento, la Secretaría de Hacienda puso sobre la mesa su propuesta para gastar más de $4,9 billones el próximo año.
Las metas de 2022
Según explica Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda, en educación el gasto del próximo año se enfocará en intervenir cerca de 538 instituciones educativas que no tienen agua potable y saldar el déficit de restaurantes escolares.
En el renglón de la salud habrá una apuesta por continuar con el plan de vacunación, cumplir los compromisos del departamento con la red hospitalaria e invertir en el mejoramiento del sistema de salud.
Y en infraestructura, uno de los rubros más gruesos, la apuesta será la de conectar las 23 cabeceras municipales que aún están por fuera de la red vial pavimentada y garantizar la continuidad de obras como las del túnel del Toyo.
Lupa a los números
Aunque bajo esta visión general las cuentas y los objetivos son claros, tras la radicación del presupuesto en la Asamblea el pasado martes 5 de octubre el debate apenas está por comenzar.
Juan Esteban Villegas, diputado por el Partido Conservador e integrante de la Comisión Segunda de Presupuesto y Cuentas, advirtió que una de las variables que le preocupa es que de los $3,08 billones que serán destinados a inversión, solo el 12,6% serán de libre destinación. “Cada vez más se pierde autonomía para la destinación de los recursos”, planteó.
El corporado señaló que otra de las variables que serán estudiadas en el debate será el incremento de la deuda del Departamento, que alcanzó máximos históricos a causa de la pandemia y la reactivación económica.
Según precisó Hacienda, a partir de 2023 y hasta 2026, la Gobernación tendrá que destinar más de 600.000 millones anuales al pago de créditos.
Jonathan Roldán Jiménez, diputado por el Partido Liberal y también miembro de esa comisión, consideró por su parte que el proyecto acierta en aumentar las transferencias a varias universidades, pero cree que deberá ponérsele la lupa a la reducción que experimentaron la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda de Antioquia (-24,7 % y -65.6% respectivamente).
José Luis Noreña, diputado por el Centro Democrático y quien preside la Comisión Segunda, anticipó que el proyecto será discutido en esa instancia durante el mes de octubre y en noviembre pasaría a ser analizado en segundo y tercer debate por la plenaria.
