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Revive pulso en el Oriente por licencias de pequeñas hidroeléctricas
En la última década, Cornare ha aprobado 30 proyectos hidroeléctricos. Pese a ello, 23 aún no operan. Comunidades rechazan intervenciones, expertos y empresas difieren. Panorama.
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El río Churimo, en San Rafael, podría ser intervenido si se aprueba la licencia de PCH que allí se tramita. FOTO Julio Herrera
12 de agosto de 2021
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Tres proyectos mantienen con vida el debate por la producción de energía a partir del agua en el Oriente antioqueño. Es el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) Guadualito, entre el Santuario y Cocorná; Churimo, en San Rafael; y Aures II, en Sonsón. La primera apenas tramita su diagnóstico ambiental de alternativas, la segunda ya avanza en su licenciamiento y la tercera fue archivada por Cornare, pero su proponente interpuso un recurso para que se revise de nuevo esa decisión.
Esos procesos avanzan en medio de un debate que no logra acuerdos entre oponentes y defensores de este modelo, el cual consiste en producir energía mediante la fuerza del caudal del agua, sin que su potencia supere los 10 megavatios, cuestión que también exime a sus promotores de girar transferencias.
La conversación se da en medio de 30 licencias aprobadas por Cornare en la zona en la última década. Líderes sostienen que son más las afectaciones ambientales y sociales que los beneficios que dejan las intervenciones. Algunos expertos y empresas difieren.
Solicitudes activas
Aunque el proyecto de PCH Guadualito, entre el Santuario y Cocorná, todavía no se cuenta entre los trámites de licencia ambiental asumidos por Cornare, Milton Giraldo, del colectivo Cocorná Consciente, cuestionó que en su municipio se piense en la posibilidad de una PHC más.
“Ya tenemos cuatro centrales funcionando. ¿Para qué cinco en un municipio que tiene 210 kilómetros cuadrados? Las que hay no han traído la inversión que prometieron. Lo que dejan de regalías es muy poco y no se nota en el pueblo: las calles siguen mal, lo mismo que el acueducto”.
Este proyecto, según Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, cursa un trámite de diagnóstico ambiental de iniciativas, pero ese es un paso previo a la solicitud de licenciamiento: “Los proponentes deberán presentar información adicional. Tienen un mes para eso, si no lo hacen, se archiva”.
La posición de Carlos Giraldo, líder social e integrante del colectivo Somos del Río, en San Rafael, no es diferente a la del habitante de Cocorná. En su pueblo, el trámite de licencia de la PCH Churimo, que generaría 4,5 megavatios, ha levantado polvo.
Las posibles afectaciones a especies endémicas de Falditas y Quebradona, donde se haría el proyecto, se cuentan entre las inconformidades, sumado a la participación comunitaria.
Al respecto, Ramírez afirmó: “Abrimos el espacio para una audiencia pública y recogimos información de parte de la comunidad. Ello servirá como insumo para la toma de decisiones”. La licencia, sumada a los reparos que ha recibido el proyecto, sigue en evaluación.
El futuro para Aures Bajo II, en Sonsón, parece estar más definido. El proyecto, según Ramírez, está prácticamente archivado: “La decisión se da porque este no cumplió los requisitos. Sin embargo, estamos evaluando un recurso interpuesto por el proponente (Aures Bajo Dos SAS), pese a las falencias de información que tiene la solicitud”.
Sin embargo, un líder de Sonsón, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, cuestionó los beneficios que esta traería: “Aquí ya tenemos una PCH y esta no ha traído mayores beneficios. Para su construcción se hizo una carretera que perjudicó a los campesinos, también se ha visto afectada la fauna del río”.
Un debate mayor
El diputado Camilo Calle respaldó las posiciones anteriores, y además cuestionó el racero de Cornare en los procesos de licenciamiento, al afirmar que la mayoría de permisos otorgados han sido para proyectos que generan menos de 10 mw —los que tienen mayores excepciones—.
Al respecto, Ramírez, secretario de la corporación, aseveró que esa afirmación es imprecisa, pues la mayoría de licencias superan ese tope. Caso de Río Aures (24,9 mw) y Aures Bajo (17,17 mw), entre Abejorral y San Carlos; Generadora Alejandría (13,9 mw), entre ese municipio, Santo Domingo y Concepción; y Popal, El Molino y San Matías, con 21 mw, en Cocorná.
Pero no todas estas operan. De las 30 licencias autorizadas por Cornare en la última década, 23 no han comenzado construcción. Y las solicitudes para Cocorna I y II, Pantagoras, La Undida, La Chorrera y Llanadas fueron archivadas.
Por su parte, Andrés Jaramillo, director del grupo de investigación Energeia, de la Universidad EIA, rescató algunos beneficios del modelo: “Los capitales son más bajos, hay menos riesgos y mayor facilidad en la operación (...). Aunque sí hay impactos, los efectos suelen ser mucho menores: la intervención del suelo es menos agresiva y algunas no requieren de embalses”.
Para este, la desconfianza en estos proyectos se debe a la falta de pedagogía. En ello coincidió EPM, al precisar que el apego a la regulación en los proyectos de generación de energía debe ser vital, sumado a procesos de socialización robustos y participativos, que ofrezcan claridad desde etapas tempranas.
El diálogo y la concertación con las comunidades parecen ser la única salida (ver Qué sigue).
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licencias para iniciativas hidroeléctricas ha archivado Cornare en el Oriente.
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