Durante cinco días, unidades de la Policía de Carabineros y Protección Ambiental desarrollaron operativos en contra de la minería ilegal en distintas zonas de siete municipios de Antioquia. Las actividades se realizaron entre el pasado viernes 23 y este martes 27 de mayo, y dejaron maquinaria y decomisada y destruida que era usada para extracción ilícita en estos territorios.
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De acuerdo con el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, esta ofensiva contra la minería ilegal se desarrolló en Caucasia y Zaragoza, en el Bajo Cauca; Segovia, San Roque y Remedios, en el Nordeste; Buriticá, en el Occidente; y Caracolí, en el Magdalena Medio.
En el operativo se incautaron 16 dragas, 30 motores, 82 motobombas, 1.402 gramos de mercurio y 96 gramos de oro. También se decomisaron 16 metros cúbicos de madera y 350 unidades maderables. Además de esto, la Policía dio a conocer imágenes de la destrucción controlada de otros elementos que se encontraron en los operativos, como 8 excavadoras, 41 motores y 23 motobombas.
En estos lugares, se intervinieron en total 47 unidades productoras mineras que, al parecer, no tenían los permisos requeridos, causaban graves daños al medioambiente y alimentaban las rentas criminales de grupos armados organizados como el Clan del Golfo.
En concreto, explicó el coronel, la incautación y destrucción de la maquinaria y los otros elementos representa un golpe a las finanzas de las subestructuras Edwin Román Velásquez y Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, toda vez que el valor estimado de los elementos decomisados asciende a cerca de $527 millones.
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Según el Departamento de Policía Antioquia, con esta intervención también se evitó la deforestación de aproximadamente 8 hectáreas de bosque tropical, una de las consecuencias más graves que representa la minería ilegal en los territorios del departamento.
El Bajo Cauca es una de las zonas más afectadas por estos delitos. Hace unas semanas, el gobernador Andrés Julián Rendón hizo un nuevo llamado a las autoridades para que aumenten y refuercen las acciones y los operativos para combatirlo en esa zona.
“Quiero pedirles a las autoridades una acción con determinación y contundencia contra la minería ilegal”, les dijo el gobernador, en abril pasado, a los altos mandos militares y policiales que estuvieron en el consejo de seguridad, donde también aseguró que son 306 unidades productivas ilegales alrededor de la actividad minera en la región.
Rendón también recordó que la minería ilegal tiene graves consecuencias en el medioambiente, pero también genera problemas de orden público y está ligado a violaciones a los derechos humanos de los habitantes, muchas veces relacionados con homicidios, todo en medio de la financiación que los grupos armados organizados encuentran en esta extracción.
“Tiene que ser el foco principal de atención, ojalá, de entidades como la Fiscalía General de la Nación y su cerca de 300 máquinas, dragas y buzos también deberían recibir toda la contundencia del peso de la ley del Ejército y la Policía”, agregó el gobernador al hacer el llamado a la fuerza pública para que aumente las acciones contra este delito.
Rendón recordó, asimismo, que los equipos militares que se encuentran en la zona cuentan con la preparación requerida para enfrentar las condiciones del terreno selvático en el que se instalan las unidades de minería ilegal, que se caracterizan por una densa vegetación, un clima caluroso y húmedo, así como por tener largas distancias sin infraestructura: “El batallón es fundamental para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona del departamento”.
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