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Traslado de migrantes venezolanos enreda al alcalde de Copacabana
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Al menos 300 venezolanos, que partieron de Copacabana el 31 de mayo, esperan una solución para llegar a la frontera. Por irregularidades en los permisos, la Policía paró al grupo en San José del Nus, municipio de San Roque. FOTO CORTESÍA
18 de junio de 2020
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Debido a las presuntas irregularidades de un traslado que tiene varados a cientos de venezolanos entre el Nordeste y el Magdalena Medio, la Procuraduría General de la Nación decidió suspender al alcalde de Copacabana, Héctor Monsalve, y abrir una investigación contra él y otros funcionarios del municipio.
Esto tiene que ver con el corredor humanitario habilitado por la alcaldía con el fin de facilitar la movilización de ciudadanos venezolanos que decidieron regresar a su país de manera voluntaria; sin embargo, aunque partieron de Copacabana el 31 de mayo, aún no han podido llegar a la frontera porque las autoridades en la ruta, en dos ocasiones, les dijeron que los permisos no estaban en regla y, entre ires y venires, muchos en el grupo denuncian que han pasado hambre. Según algunos extranjeros que están viviendo esta situación, son alrededor de 300 personas las que estaban viajando, entre ellas cerca de 80 menores de edad.
Esta denuncia también fue consignada en el reportaje Volviendo a casa: el camino desandado por los migrantes venezolanos, publicado en EL COLOMBIANO el pasado 14 de junio. En este artículo la secretaria de Gobierno Jaqueline Zapata manifestó que se habían cumplido los trámites y que no existían inconsistencias en los documentos que impidieron que la Policía dejara pasar a los migrantes cuando iban en dirección a Venezuela.
Además, la funcionaria indicó que estaban en el albergue a donde fueron llevados en el corregimiento de San José del Nus, municipio de San Roque, para afrontar personalmente el caso. Cabe recordar que antes de llegar al Nordeste, ya los extranjeros habían sido regresados a Copacabana desde el municipio de Puerto Berrío. Luego de esto, partieron de nuevo el 11 de junio y otra vez la Policía en carretera decidió parar la caravana porque seguía encontrando irregularidades en los permisos. Zapata le dijo a este diario que en el grupo solo había 232 venezolanos, no más de 300 como afirma la Procuraduría.
El procurador general Fernando Carrillo anunció que se hallaron suficientes evidencias como para abrir la investigación por el incumplimiento de “la normatividad y los protocolos”. De esta manera, anunció la suspensión provisional del alcalde Monsalve por tres meses. Además, en el proceso también están inmersos el personero municipal y Zapata, la secretaria de Gobierno.
“Si estamos tratando de defender los derechos de quienes están en territorio colombiano, por supuesto que tenemos que condenar todo tipo de prácticas en donde la violación de las normas y la xenofobia nos llevan a violentar los derechos de muchos ciudadanos”, expresó Carrillo.
El alcalde Monsalve se declaró sorprendido por la decisión y manifestó que durante el traslado su administración fue respetuosa de los derechos humanos, la Constitución y la ley. El mandatario señaló que la gestión para el traslado no ha cesado y se han llevado a 91 personas a un albergue temporal, mientras que el resto de extranjeros están aún en San José del Nus esperando por una solución.
“Es una decisión no ajustada a Derecho (la suspensión de la Procuraduría). Con seguridad mi actuar ha estado dentro de la Constitución y la ley. Me inician un proceso disciplinario simplemente porque quise brindar ayuda humanitaria, a través de la secretaría de Gobierno, a nuestros hermanos venezolanos para que regresen a su país. Acato esta decisión, pero no escatimaré esfuerzos para demostrar mi inocencia ante una decisión desbordada”, aseveró el alcalde.
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