En la celebración ayer del Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, en un foro efectuado en el auditorio de las Empresas Públicas de Medellín, se dieron a conocer propuestas como la creación de un tribunal de jueces de extinción de dominio para la ciudad, la inclusión de otros delitos como la minería ilegal y la corrupción en esta figura y la creación obligatoria en las empresas de la figura de un Oficial de Cumplimiento.
En la presentación del certamen el gerente de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, Jorge Londoño de La Cuesta, manifestó con base en cifras del Ministerio de Justicia, que el 11 por ciento de la población colombiana está, de alguna manera, trabajando con una actividad ilegal. Además hay 2,7 billones de pesos incautados en cuentas bancarias y bienes decomisados a grupos ilegales, activos estos que representarían el cinco por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del país.
Añadió que por eso el trabajo en contra de los recursos de las actividades ilegales es arduo y corresponde a todos los sectores, tanto público como privado, adelantar una labor conjunta para enfrentarlos.
En el caso de EPM, una entidad cien por ciento pública el propósito fundamental es propender por el desarrollo sostenible y competitivo de los territorios donde actúa. Pero si en estos prospera la ilegalidad, pierden esa competitividad, la sostenibilidad y se van degradando, afirmó.
También, dijo, buscarán evitar que el lavado de activos tenga alguna presencia en esta organización empresarial.
Oficial de Cumplimiento
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó que el sector financiero, desde hace muchos años, ha venido implementando sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación al terrorismo pero en el sector real de la economía recientemente se empezó a obligar que ciertas compañías instalaran programas de esta naturaleza.
Agregó que la Superintendencia en la actualidad está cambiando el universo de las empresas que están obligadas a tener un sistema de administración de riesgos de lavado de activos.
Recalcó Reyes que inicialmente los criterios que se tenían en cuenta estaban relacionados con el tamaño de la compañía en términos de ingresos totales de 160 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, y, en particular, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, Gafisud, han recomendado que ciertos sectores específicos sean incluidos como aquellos que deben poner en marcha un sistema de esta naturaleza.
Por ejemplo, aquellos sectores que trabajan con circulación en efectivo, operaciones de bienes inmuebles, minería, canteras, servicios jurídicos que tienen que ver específicamente con la constitución de vehículos de inversión, sociedades, fundaciones y otras entidades con o sin ánimo de lucro. Al igual que servicios contables, cobranzas que administran grandes cantidades de efectivo e, incluso, las compañías de calificación crediticia, el comercio de vehículos y los autopartistas y el sector construcción de edificios que tiene en este sentido una sensibilidad particular.
“Entonces, lo que hicimos fue reducir los umbrales para aquellas compañías que la Gafi ha considerado particularmente sensibles de lavado de activos: para el sector inmobiliario y el minero, el solo hecho de tener ingresos superiores a 60 mil salarios mínimos mensuales legales, los obliga, y así hemos ido reduciendo, dependiendo del sector”, señaló Reyes.
En el caso de las asesorías jurídicas y de cobranzas quedó en ingresos totales de 30 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, dijo.
Tribunal de extinción
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, del Ministerio de Justicia, Carlos Medina, comentó que aunque Colombia ya tiene buenas experiencias en figuras de lucha contra el lavado de activos y la extinción del derecho del dominio, las bandas criminales están mutando a otras actividades para legalizar sus rentas, lo que es un verdadero reto para el Estado.
Dijo que según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Unodc, el 2 % del Producto Interno Bruto del país equivale al valor del lavado de activos incautados en la persecución de las estructuras criminales, pero los resultados podrán ser mejores y, en ese sentido, hay que incorporar nuevas normas.
“Una de ellas es que ya no solo habrá extinción de dominio por concierto para delinquir, sino que se creó la figura de crimen organizado”, detalló el viceministro.
Informó que por ello, a más tardar mañana el Minjusticia radicará en el Congreso un proyecto de ley, con mensaje de urgencia, para agilizar con una nueva figura, “la enajenación temprana”, la extinción del derecho de dominio, con el fin de acabar con esos procesos que duran hasta 20 años en ser fallados por un juez, por los requisitos que las actuales normas exigen.
Será un proceso ejecutivo y ágil. Se aplicará la extinción en forma inmediata, pero respetando el debido proceso y los recursos que se interpongan como las tutelas.
O sea, agregó, que la Sociedad de Activos Especiales SAE (que tiene más de 16 mil bienes en proceso de extinción), una vez reciba el bien lo puede vender sin esperar la decisión de un juez. Pero si la justicia falla en favor del implicado, entonces se creará un fondo para compensarlo, incluyendo los intereses, porque este tipo de indemnización es una figura constitucional.
Anunció que si pasa la ley, habrá fondos para en 2017 instalar en Medellín un tribunal de extinción de dominio para enfrentar 17 grandes bandas que hay en Antioquia, las que tienen otras 120 subordinadas, todas inmersas el lavado de activos.
