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En Medellín marcharon por el derecho a nacer

  • FOTO @MargaritaRepo
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Por Santiago Cárdenas H. y Colprensa | Publicado el 22 de febrero de 2020

Decenas de personas marcharon este sábado desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta La Catedral Metropolitana de Medellín por el derecho a la vida y a nacer. La movilización comenzó a las 10:00 de la mañana y terminó al mediodía.

La representante a la Cámara por Antioquia, Margarita Restrepo, indicó que la marcha se desarrolló de manera pacífica y sin ningún altercado. “Habían diferentes grupos de personas, de todos los partidos políticos, de distintas religiones y fue pacífica. Queríamos hacer un llamado a la Corte Constitucional para que respete las funciones del Congreso de la República y la Constitución colombiana donde se respeta el derecho a la vida y para que entienda cuál es el sentimiento de la mayoría de los colombianos”, aseguró.

La congresista en su cuenta de Twitter publicó varias fotografías y videos de los marchantes y un testimonio propio:

“El empoderamiento de la mujer no es inducirla a convertirse en una tumba sino hacerla valorar desde su esencia. Por naturaleza somos dadoras de vida, anidamos vida, no somos tumbas”, concluyó Restrepo.

La marcha se realizó en varias ciudades del país como Bogotá, Manizales, Cali, Ibagué, Villavivencio, Armenia, Bucaramanga, Montería, entre otras.

La ponencia de la Corte

Se espera que la Corte Constitucional comience el debate de la ponencia del magistrado Alejandro Linares la próxima semana. Esta busca que las mujeres que así lo decidan puedan interrumpir de manera voluntaria su embarazo hasta las 16 semanas, así el procedimiento no esté enmarcado en las tres causales de aborto que el tribunal avaló desde 2006.

Para el magistrado el aborto en Colombia se puede registrar de manera “mixta”, es decir, hasta la semana número 16, las mujeres pueden abortar, incluso si no tienen ninguna de las tres causales. Después de que pase la semana 16, y si se aborta sin certificación de alguna causales establecidas, la mujer estaría incurriendo en delito de aborto y podría ser penalizada.

La ponencia dice también que se debe garantizar el derecho de la mujer y la decisión de los profesionales de la salud que avalaron el procedimiento.

Lo que también consignó el magistrado en su nueva ponencia es el llamado al Congreso de la República para que exista una política pública que beneficie y cuide los derechos de las mujeres que se enfrentan a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esto también estaba planteado en el documento de 2018. Allí, Linares expuso que los protocolos técnico-científicos para la realización efectiva de la IVE son instrumentos de política pública determinantes para la realización del procedimiento.

Linares, quien ha dado claros mensajes de que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su maternidad, no anunció nada sobre si en la ponencia hay debate sobre si la vida empieza desde la concepción, que es parte del argumento que emplean los defensores de la penalización del aborto.

En su momento anunció que el debate que se seguirá registrando por cuenta de otras demandas sobre el polémico tema en el alto tribunal, de su parte, estará enmarcado en el respeto de la autonomía y la intimidad de la mujer en su decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo.

Para Linares tal decisión que pertenece solo a la esfera íntima de las mujeres, debe ser protegida por el Estado.

Contexto de la Noticia

Para saber más Denuncian a 6 magistrados

El presidente de la Fundación Marido y Mujer, Javier Armando Suárez, radicó ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia penal y disciplinaria en contra de seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, por los presuntos delitos de fraude procesal, prevaricato por acción y fraude a resolución judicial.

El documento vincula a los magistrados Alejandro Linares, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Gloria Stella Ortiz, José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos, quienes según el abogado, con su voto aprobaron la sentencia SU-096 del año 2018, en la que le ordenan al Ministerio de Salud expedir una reglamentación para la práctica del aborto voluntario en Colombia con cargo al Sistema de Seguridad Social.

Para Suárez, dicha sentencia, se constituye en una prueba fehaciente de la conducta penal y disciplinaria por la que deben responder y ser investigados y sancionados los magistrados.

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