Colombia se salvó de pagar cerca de un billón de pesos que pretendía cobrar un grupo de inversionistas internacionales por la que alegaron como una decisión equivocada del Estado colombiano al declarar la extinción de dominio sobre el complejo inmobiliario Meritage, que está abandonado en la Avenida Las Palmas, en jurisdicción de Envigado.
La Presidencia de la República dio a conocer el fallo favorable, que se produjo en un tribunal de arbitramento internacional que aceptó que el país se acogiera a la figura de la Excepción de Seguridad Esencial, contemplada en los tratados y convenios internaciones suscritos con la Organización Mundial de Comercio (OMC), siendo la primera vez en la historia, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANJE), que una instancia de este tipo acepta que un país se acoja a esa medida de excepción, prevista en los acuerdos GATT de la OMC.
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“Este es un triunfo único e histórico no solamente para nuestro país, sino internacionalmente para toda la comunidad arbitral y la legitimidad del sistema del arbitraje de inversión”, dijo la ANJE frente a la decisión emanada del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en la ciudad de Washington (Estados Unidos).
El CIADI rechazó la demanda del empresario Ángel Samuel Seda, que en representación de varios inversionistas foráneos alegaba que Colombia había violado el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, tras ocupar los terrenos en que se desarrollaba el proyecto mencionado, dentro de un proceso penal por lavado de activos provenientes del narcotráfico, y por ello, exigía que el erario público les reconociera una indemnización de 255 millones de dólares.
El laudo del CIADI evitó pronunciarse acerca de la legalidad de esa extinción de dominio al considerar que la medida fue adoptada por la justicia colombiana para proteger intereses de seguridad esencial del Estado.
“Es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos, pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país”, según señalaron abogados de la ANDJE.
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Sobre el tema vale la pena saber lo siguiente: este proyecto fue ofrecido entre 2015 y 2016 con la promesa de convertirse en un desarrollo habitacional y comercial de lujo de tal magnitud que equivaldría a tres veces el centro comercial El Tesoro.
Los desarrolladores lograron levantar cinco torres pero estas están abandonadas desde 2016, cuando se frenó la construcción debido a que el lote fue objeto de extinción de dominio por parte del Estado y la causa fue que las autoridades lo relacionaron con Iván López Vanegas, un colombiano señalado por la Fiscalía como integrante de la banda la Oficina, que fue procesado en Estados Unidos por narcotráfico. Sin embargo, luego este volvió al país exonerado de los cargos.
La arista del caso en el país
Fuera de la reclamación internacional que acaba de fallarse, dentro del país hay otros procesos encabezados por quienes compraron apartamentos y locales allí y se consideran afectados por la decisión que tomó el Estado.
Uno de estos casos ya fue fallado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia de manera negativa a las pretensiones de poco más de 50 personas y en la actualidad está en el Consejo de Estado. El otro, de unas 30 personas, sigue pendiente de la primera instancia en el mismo tribunal antioqueño.
Al ser consultado acerca de las incidencias de la determinación que acaban de tomar en Washington con respecto al asunto en cuestión, Víctor Pérez, uno de los abogados que representa a estas 87 personas, apunta que aunque para ellos hubiera sido más favorable un laudo que condenara al Estado colombiano, en realidad el que hubiera ocurrido un desenlace ya es positivo.
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“Aunque hay que leer el fallo en su minucia para tener claridad sobre el asunto, en últimas lo importante acá es que ya queda liberado el Estado colombiano y los jueces pueden examinar con mayor libertad la situación de los inversionistas nacionales”, dijo.
Añadió además que existen circunstancias que pueden hacer la diferencia, porque mientras que los inversionistas extranjeros, contra los que acaban de fallar, eran personas especializadas en el campo de la construcción y que, por tanto, tenían los medios y la obligación de hacer un proceso de debida diligencia muy profundo con miras a conocer los problemas que tendría el lote donde se desarrolló el proyecto del Meritage, los compradores nacionales eran personas del común que se guiaron por los conceptos favorables que dieron tres entidades bancarias.
“Dijeron que esto estaba bien y pedirle más a un ciudadano del común es realmente desproporcionado, pero no sabe uno cómo vayan a resolver el caso los jueces, porque también hay mucho dinero de por medio”, subrayó. Las pretensiones de los nacionales estarían rodeando los 200.000 millones de pesos.
