Elkin Escobar es una de las más de 100 personas que compraron apartamentos o locales en el proyecto de lujo Meritage, ubicada en Las Palmas, en Envigado, que en este momento está siniestrado y por el cual el Estado colombiano podría ser condenado pronto a pagar más de un billón de pesos en un pleito internacional. En su condición de colombiano, esa posibilidad no le debe alegrar a Escobar, pero por otra parte sabe que una decisión al respecto puede destrabar el proceso administrativo en el cual él tiene fincadas sus esperanzas de recuperar la inversión que tiene embolatada.
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Este proyecto fue ofrecido entre 2015 y 2016 con la promesa de ser un desarrollo habitacional y comercial de lujo y de un tamaño que bien podría equivaler a tres veces el centro comercial El Tesoro. Sus desarrolladores lograron levantar cinco torres que hoy están abandonadas porque desde 2016 se frenó la construcción debido a que el lote donde está ubicado, en la vía a Las Palmas, fue objeto de extinción de dominio por parte del Estado.
La causa radicó en que las autoridades relacionaron el predio con Iván López Vanegas, un colombiano señalado por la Fiscalía como integrante de la banda la Oficina y procesado en Estados Unidos por narcotráfico pero que posteriormente volvió al país exonerado de los cargos. La suspensión del proyecto significó la debacle para los inversionistas internacionales y para los compradores nacionales.
Mientras que los primeros llevaron su caso ante un tribunal de arbitramento en Estados Unidos, los segundos tienen dos procesos ante el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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En todos los escenarios, la principal argumentación de los demandantes es que el Estado les causó un perjuicio sin fundamento, pues no logró demostrar de manera contundente ni la condición de narco de López Vanegas, ni que el dinero con el que había comprado la finca de la vereda El Perico donde comenzaron a construir el Meritage fuera producto de actividades ilegales. Adicionalmente, en el Ciadi, como se llama la entidad donde se lleva el proceso en Washington, se debate si la actuación de funcionarios colombianos ha implicado una violación al tratado de libre comercio con Estados Unidos que obliga a proteger la inversión foránea.
Justamente, el escenario internacional es el que estaría a punto de emitir un laudo condenatorio contra Colombia, según ha trascendido, lo cual significaría para el presente gobierno un desembolso de hasta 310 millones de dólares, es decir cerca de $1,2 billones.
Escobar sabe que de esa plata no le tocaría ni un peso a él ni al resto de las víctimas nacionales porque nada obliga a los inversionistas que interpusieron el caso a que los tengan en cuenta. Sin embargo, alberga la esperanza de que esto destrabaría los procesos que se llevan en el territorio nacional.
“Los procesos que tenemos en Colombia están en stand by porque ningún juez iba a fallar sin saber que dice el Ciadi, y ya sabiéndolo, podrían estar de acuerdo en que fue un proceso en el que el Estado actuó mal”, dijo Escobar.
El abogado Víctor Pérez representa a 87 víctimas, entre el centenar que están acreditadas, y está de acuerdo con la visión de Escobar sobre el tema.
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Indicó que también le llegó la información de que el Ciadi estaría averiguando a unos de los abogados del proceso internacional por las costas del proceso y que esto significaría que efectivamente se acerca una decisión.
“Esa es la esperanza para los nacionales, que son los que han llevado la peor parte, porque, como perjudicados, se abre la oportunidades de que les reconozcan los perjuicios por parte del Estado, que es lo que esperamos”, dijo Pérez.
El jurista no precisó cuál sería esta otra cifra en juego, pero como indicador, recordó que lo captado por la fiduciaria que manejaba los recursos del Meritage sobrepasó los $70.000 millones, cantidad que equivale solo a parte de lo que se “enterró” en los bloques.
“Las personas que más compraron invirtieron de manera individual unos $1.200 millones, pero en promedio fueron entre $500 y $700 millones”, agregó. En el caso de Escobar y su familia, fueron $500 millones.
Pérez no ve muy claro tampoco que, definiéndose la situación del lote, la construcción se reactive de inmediato, toda vez que haría falta una evaluación del estado estructural para determinar la solidez de los edificios, que llevan ya más de siete años abandonados y lucen desvencijados. Otro inconveniente es que las licencias de construcción habrían expirado al cabo de tanto tiempo y tocaría renovarlas, algo que pasa por un análisis de las implicaciones de los cambios que ha sufrido el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado en el proyecto inicial que aprobó la curaduría.
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“La gente está muy agotada, pero del ahogado el sombrero y si a uno le ofrecen una solución las víctimas lo pensarían siempre y cuando no tengan que hacer una reinversión muy alta”, añadió.
El elemento a favor es que el sector de Las Palmas ha vivido una valorización astronómica, con lo cual podría incluso haber inversionistas dispuestos a meterse la mano al dril ante una buena propuesta.
