Después de que el Consejo de Estado diera a conocer un fallo en el que ratificó que a la comunidad residente en la zona del Túnel Verde de Envigado le fueron vulnerados sus derechos colectivos “al goce de un ambiente sano” por las autoridades encargadas de la ejecución del tramo 2B de Metroplús, estas manifestaron que la sentencia, en parte, era esperada, pero que no afecta el desarrollo futuro del proyecto, que está frenado hace cuatro años.
La primera en reaccionar al fallo -que confirma otro proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 11 de abril de 2014, que amparó los mismos derechos y obligó a la interrupción de los trabajos ya iniciados- fue la Alcaldía de Envigado, que a través del abogado para el caso, Alexánder Restrepo, expresó que el Consejo de Estado se pronunció basado en el pasado de la obra y no en el presente.
“Este fallo resuelve el escenario anterior, pero ahora es uno muy diferente. En una primera oportunidad, Metroplús, ante Corantioquia, hizo un trámite que a juicio del colectivo ambiental (Túnel Verde) y del Tribunal Administrativo de Antioquia, tenía falencias, pero en la Alcaldía nos adelantamos a estas falencias y ahora nos ajustamos en todo a lo dicho por el fallo”, indicó Restrepo.
Si bien las decisiones de ambos tribunales se refieren a la corporación Corantioquia como la autoridad ambiental que no atendió las exigencias de ley para autorizar la construcción del proyecto, a pesar de las falencias en el tratamiento de los árboles, en la actualidad la autoridad ambiental de Envigado es el Área Metropolitana (Amva) y ante esta, el municipio solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal que, de ser otorgado, permitiría la reactivación de los trabajos.
“El fallo nos da tranquilidad, porque el Consejo de Estado conoce el trámite que adelantamos ante el Área Metropolitana y lo avala; y porque todo este proceso nos permitió mejorar una obra que será de gran utilidad pública”, enfatizó el jurista.
Se cierra un ciclo
En su fallo, el Consejo de Estado decidió “declarar la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y garantía de su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de sus habitantes; a la defensa del patrimonio público, por parte de la Sociedad Metroplús S.A. y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia- Corantioquia”.
La sentencia, aunque no protege los árboles de una posible tala, sí garantiza que se adelante un nuevo estudio ceñido a la normatividad. Para César Hernández, gerente de Metroplús, la sentencia cierra el ciclo de Corantioquia y despeja el panorama a seguir para desentrabar la obra.
“El fallo no genera ningún impedimento para seguir el proyecto, lo deja abierto y en potestad de la nueva autoridad ambiental (el Amva), que actualmente revisa la solicitud hecha por el municipio de Envigado de otorgar un nuevo permiso de aprovechamiento forestal para poder continuar la obra”, señala Hernández.
Sostiene que ahora estarán más atentos a cumplir a cabalidad los requerimientos del Área para ejecutar el proyecto.
“Es una realidad que solo en ese corredor podríamos ejecutar este proyecto, si hubiera otra alternativa ya se habría desarrollado la obra”, resaltó Hernández.
Según sus cuentas, para el municipio de Envigado, la para ha dejado pérdidas por $8.500 millones y para Metroplús se calculan en más de $4.000 millones.
Ambientalistas celebran
Por su lado, Juan Carlos Valencia, integrante del colectivo Túnel Verde, dijo que este fallo valida los argumentos y críticas hechas desde el inicio contra el procedimiento adelantado para la intervención.
Hilda Castaño, cofundadora del colectivo Túnel Verde, expuso que, “nos encontramos muy felices, en resumidas cuentas se le da la razón a la primera sentencia”.
En un comunicado, el colectivo celebró la providencia, porque les dio la razón a sus luchas: “La decisión fue clara: el proceso de otorgamiento del permiso para talar y trasplantar los árboles del Túnel Verde no cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales y, en últimas, vulneró de forma abierta y flagrante los derechos colectivos de los habitantes de la ciudad”.
Advierte que aunque la nueva autoridad ambiental es el Amva, “este fuerte llamado de atención del Consejo de Estado debe ser suficiente tanto para que se tengan en cuenta las condiciones históricas, culturales y paisajísticas que rodean este tramo de la avenida El Poblado, como para que se permita una participación ciudadana amplia e incluyente”.
4
años ajustará de parálisis
en abril la construcción
del tramo 2B del metroplús.
