Una comisión de expertos será la encargada de concluir, en menos de 30 días, qué fue lo que sucedió el pasado viernes 28 de julio en la mina el Morocho, vereda Los Asientos, del municipio de Buriticá, en la que seis contratistas de la compañía Continental Gold perdieron la vida, por una presunta explosión e inhalación de gases tóxicos.
Este grupo —integrado por la Agencia Nacional de Minería, secretaría de Minas de Antioquia, representantes de seguridad y salud en el trabajo de Continental Gold y las empresas contratistas y miembros de las ARL a las cuales se encuentran afiliadas las compañías— presentará el informe a las autoridades competentes. La Fiscalía lo toma como insumo y un juez de Conocimiento determinará quiénes serían los presuntos responsables de los hechos sucedidos.
Durante la operación del Puesto de Mando Unificado y el rescate de las víctimas siempre estuvo presente personal de la Fiscalía y de la Policía Judicial, esto con el fin de recolectar pruebas y establecer la cadena de custodia.
“Para mí, no fue accidental. Hubo unos hechos —por fuera del marco de cualquier actividad minera— generados por una o varias personas, que desencadenaron la muerte de los seis contratistas”, aseguró Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia.
La multinacional canadiense Continental Gold pidió a las autoridades “impulsar todos los medios legales existentes para que los autores respondan ante la justicia”.
Acción criminal
Jaime Arteaga, director del Plan Buriticá le comentó a EL COLOMBIANO que estos incidentes no son nuevos, ya se volvió común que cada vez que la compañía (Continental Gold) o las autoridades hacen una visita a minas que se van a cerrar se presentan tiros al aire o incluso explosiones.
“En el municipio nos informaron que, durante el procedimiento de inspección, quienes estaban en la mina de manera ilegal encendieron unas llantas y provocaron una explosión, dejando encerrados a quienes hacían la inspección y sometidos a la asfixia”, afirmó.
El director de este grupo intersectorial sostuvo que este tipo de acciones se ha vuelto una costumbre.
“En otras ocasiones, los ilegales han obligado a suspender procedimientos de inspección con explosiones y disparos dentro de la mina; es algo muy frecuente y en esta ocasión todo se salió de control”, insistió Arteaga, quien aclaró que la función del Plan Buriticá no es defender a la empresa Continental Gold.
De acuerdo con la dirección del Plan Buriticá, la posible ocurrencia de esta situación fue advertida hace un mes dentro del comité, porque en las últimas semanas se redujo el pie de fuerza y los controles de ingreso a la vía de acceso al municipio, por parte de la Policía y el Ejército, se volvieron blandos.
“Insisto, nuestra función no es defender los intereses de una empresa, nosotros promovemos la consolidación del gobierno local y que impere la ley a través de la presencia de los actores del Estado. El caso Buriticá es un éxito en la lucha contra la minería criminal y este tipo de situaciones ponen en riesgo esos logros”, concluyó el director del Plan.
EL COLOMBIANO consultó a la dirección seccional de Fiscalías para conocer qué versiones o hipótesis estaba manejando la entidad, pero la respuesta fue que todavía no había declaración porque aún estaba muy reciente el inicio de la investigación. “Cualquier declaración que se entregue sería apresurada”, sostuvieron.
