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¿Hay manejos políticos en el Área Metropolitana?
A las críticas sobre la falta de conocimiento técnico en la dirección se suma el nombramiento de dos políticos cuestionados en subdirecciones.
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A las críticas sobre la falta de conocimiento técnico en la dirección se suma el nombramiento de dos políticos cuestionados en subdirecciones. FOTO: ilustración Elena ospina
11 de octubre de 2020
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Aunque no ha cumplido un año en el cargo, la gestión de Juan David Palacio como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) es cuestionada por algunos de sus subalternos. Dos funcionarios con más de 10 años de trabajo en la entidad aseguran que en los pasillos del edificio hay desconfianza por el “poco conocimiento del director” en temas clave como medio ambiente y movilidad; por la influencia que ejercería Miguel Quintero, hermano del alcalde y padrino político del director; y por la vinculación en la parte administrativa de un hombre relacionado con políticos cuestionados por la parapolítica, el cartel de la toga y Odebrecht.
La dirección del Área Metropolitana es un puesto apetecido en la región porque es transversal a las alcaldías: los 10 mandatarios del Aburrá se reúnen con él y toman decisiones articuladas en transporte e infraestructura, entre otros. La entidad tuvo este año un presupuesto de $350.000 millones, aportados en 80 % por Medellín, y hace menos de un mes fue autorizada como gestora catastral; es decir, será la autoridad para el cobro de impuestos de 244.000 predios en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Sabaneta, lo que le permitirá captar nuevos recursos.
La elección de Palacio fue polémica desde el principio. El 3 de diciembre de 2019, antes de que Quintero asumiera como alcalde, la alianza ciudadana ¿Pa’ dónde vamos?, integrada por universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, culturales y comunitarias, le escribió una carta en la que decían que les “inquieta particularmente” la dirección del Amva. “Nos sorprende que públicamente se esté hablando de un solo candidato a ser presentado en la próxima Junta Metropolitana”.
Casi un mes después, el 2 de enero, el alcalde llevó a Palacio al Concejo y dijo: “Quiero presentarles a mi candidato para ser el director del Área (...) con él tendremos muchas tareas y retos medioambientales para la ciudad”. El problema es que, según la ley, Quintero no debía tener un candidato sino presentar una terna (artículo 24 de la Ley 1625 de 2013 o ley de áreas metropolitanas).
Finalmente, la terna se presentó a última hora y el 7 de enero Palacio fue elegido como director. Dos meses después EL COLOMBIANO le preguntó por qué había sido nominado al cargo y su respuesta fue: “Conocí al alcalde en 2007 cuando fue candidato al Concejo. Desde ahí viene la relación”.
En efecto, Palacio es cercano a la familia Quintero Calle. Su carrera inició como asesor de Miguel Quintero (concejal entre 2012 y 2015) y su experiencia más relevante en el sector público hasta entonces era haber sido secretario de esa corporación en 2013. También trabajó en Call Center Intercobros y la Sociedad de Economía Mixta del Tránsito del municipio de La Estrella, donde fue operador.
Sobre sus críticas por la falta de experiencia técnica en temas asociados a las funciones del Amva, Palacio dijo que “el trabajo articulado, compromiso y la cohesión con los municipios, han demostrado mi capacidad gerencial y de liderazgo, que son las habilidades que requiere un gerente de lo público para lograr el desarrollo armónico e integrado del territorio” y señaló que sus logros (ver Informe) así lo demuestran.
Con respecto a la influencia que Miguel Quintero tendría sobre sus decisiones respondió que como director no tiene vínculos laborales con él, que no le solicita consejos o sugerencias y que en el plano personal tienen una relación de amistad de más de 10 años.
Los nexos
Palacio es hijo de Óscar Iván Palacio Tamayo, un político conservador cercano al uribismo (fue funcionario de la gobernación de Álvaro Uribe). Su nombre apareció ligado a una intermediación entre la cuestionada firma DMG y la Presidencia (2009), revelada a través de unas grabaciones publicadas por la revista Cambio y la W Radio, y por haber estado presente en la reunión del exjefe paramilitar “Job” en la Casa de Nariño (2008).
A su llegada al Amva, el director cambió los requisitos para nombrar a subdirectores y dijo que lo hacía “para atacar el desempleo juvenil”. Pero varios de los nombrados son veteranos políticos, algunos con nexos cuestionados.
Como director administrativo y financiero fue designado Álvaro Alonso Villada, el hombre señalado de conseguir votos en Antioquia para políticos como Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías. El primero está siendo procesado por parapolítica y por el escándalo del “cartel de la Toga” en el que se compraron fallos judiciales, y el segundo apeló su condena por el escándalo de Odebrecht.
En el informe “La ‘ñoñomanía’ también tuvo su auge en Antioquia”, publicado en este diario (08-10-2017), se reportó que Besaile y Elías habían conseguido más de 13.000 votos en Antioquia, mucho más que la mayoría de candidatos paisas. En el mismo se recogieron testimonios de líderes políticos y personas cercanas a las campañas, quienes señalaron a Villada como responsable de esos resultados.
Palacio le dijo a este diario que seleccionó a Villada por su hoja de vida y experiencia. Y tras reseñar sus títulos como administrador de empresas y especialista en gerencia integral, y su experiencia en la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el FNA y asesorías en el Congreso, aseguró que “para su nombramiento se solicitaron todos los requisitos y se verificaron los reportes en la Procuraduría, Contraloría y Policía, documentos que son exigidos por Ley, y en donde se consignan los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales”.
En la Subdirección de Planeación fue nombrado Andrés Felipe Álvarez Grajales, quien es enlace con el partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical; pero también de liberales como Carlos Mario “el Flaco” Mejía, quien fue nombrado por Quintero en la gerencia de Terminales Medellín.
Álvarez fue jefe de Control Interno de la Cámara de Representantes entre 2012 y 2013, y durante un encargo de siete días en la Dirección Administrativa (noviembre de 2012) firmó el polémico contrato de arrendamiento de 125 camionetas por $18.516 millones, de forma directa y sin licitación pública. Y es que la Ley 87 de 1993 prohíbe que alguien que se encargue de auditoría interna participe en procedimientos administrativos a través de refrendaciones o autorizaciones; es decir, por su cargo Álvarez habría estado impedido para suscribir el contrato. El caso fue asumido por la Contraloría, que reportó varios hallazgos disciplinarios, pero hoy no se conocen sanciones.
Palacio calificó a Álvarez como “un profesional con una hoja de vida impecable” y detalló sus diferentes cargos (más de 20 años en la alta gerencia del Estado) y sus títulos como abogado, magíster en Gestión de organizaciones y especialista en derecho administrativo.
La pelea con el Siata
Otra de las preocupaciones que varias fuentes al interior del Área y la Alcaldía expresaron tiene relación con el futuro del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Aburrá, Siata. Se trata de un proyecto que usa ciencia y tecnología para la gestión del riesgo y del medio ambiente que se financia con dineros de EPM e Isagén y es operada por la Universidad Eafit. La entidad es responsable, entre otros, de la red de monitoreo de la calidad del aire.
Durante las contingencias ambientales de 2017, 2018 y 2019 el director del Siata, Carlos David Hoyos, se encargó de explicarles a los paisas por qué se producía ese fenómeno, y su papel fue clave en la construcción del Poeca y el Pigeca, las dos hojas de ruta ambientales de la región.
En la contingencia de marzo y abril de este año, cuando la contaminación se mantenía a pesar de que buena parte de los ciudadanos ya estaba en cuarentena, Quintero empezó a cuestionar la veracidad de los datos del Siata y el 26 de marzo escribió en redes sociales que “le he dado instrucción al Área Metropolitana de realizar un estudio independiente para descubrir las causas reales del deterioro de la calidad del aire en Medellín”.
Hoyos reaccionó en el mismo canal y le dijo: “Como usted trina irrespetuosamente de manera pública, asumo que yo también puedo contestarle públicamente. Alcalde, que usted no entienda no quiere decir que todos los profesionales que trabajamos en esto no lo hagamos. Cuando usted quiera estoy dispuesto a explicarle”.
Nueve horas después, Hoyos publicó una seguidilla de 47 mensajes en Twitter en los que explicó lo que sucedía con la calidad del aire de la región y la forma en la que se monitorea. “Ese fue el quiebre entre ellos. Ese día desde la alcaldía dieron la orden de que Hoyos no podía volver a salir a medios”, contó un funcionario de la entidad quien señaló que desde entonces se habla en voz baja de la intención modificar el Siata para que el director -y a través suyo el alcalde- puedan tener más control de lo que sucede.
Desde marzo Hoyos no asiste a ruedas de prensa, no atiende requerimientos de medios de comunicación y la vocería en temas ambientales fue trasladada a la Subdirección Ambiental y luego al director. Una periodista que pidió reserva de identidad señaló que el director del Siata le pidió que no volviera a llamarlo para consultas directas, porque ya no estaba autorizado para hablar .
$350
mil millones es el presupuesto del Amva en 2020, 80 % aportado por Medellín.
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