El mandatario local expresó el contraste que le producía la orden del togado ante el presunto caso de corrupción dentro del Área Metropolitana y que tiene en el banquillo al hermano del alcalde Daniel Quintero.
Tras conocerse la decisión del juez 27 Penal de Medellín de enviar a prisión domiciliaria al exconcejal del Distrito Miguel Quintero, ya se conocen algunas reacciones a la medida.
Una de ellas fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que expresó el contraste que le producía la orden del togado.
“No estoy de acuerdo con que (Miguel Quintero) cumpla medida de aseguramiento en la casa que construyó con los recursos que se robaron de Medellín y que tanto les chicaneaba a sus ‘amiguitos’. Y menos porque dentro del proceso se advirtieron presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia. ¿Y desde la casa no puede seguir haciéndolo?”, expresó el mandatario distrital.
Después, Gutiérrez comentó lo que consideró algo positivo de la medida.
“Pero tampoco voy a desconocer lo que significa la decisión: hay una orden de captura contra Miguel Quintero y tendrá que responder privado de la libertad mientras avanza el proceso. Ya hay personas que hicieron parte de ese entramado colaborando con la justicia, entregando información y contando lo que pasó. El cerco se sigue cerrando”, apuntó.
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Gutiérrez detalló que si bien el actual proceso deja ver el hurto a las finanzas de la ciudad, a su juicio todavía faltan sentar a más señalados en el banquillo de los acusados.
“Falta mucho. Falta que respondan todos los que participaron y recuperar hasta el último peso que se robaron de Medellín. Pero hoy estamos un paso más cerca. La casa por cárcel no es el final, es otra escala en el camino y el camino de los ‘Hermanitos Q.’ los lleva derechito al Pabellón Q. de la Mega Cárcel que estamos construyendo”, añadió.
En la tarde de este viernes 2 de octubre, el juez de garantías avaló la medida de prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien fue imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Contra Sebastián Ortega, en cambio, no avaló esta petición y en consecuencia podrá continuar atendiendo al proceso penal en libertad.
El juez indicó que en su concepto y después de evaluar el acervo entregado por la Fiscalía, concluyó que hay pie a decir que “existe inferencia razonable” de la autoría de los delitos imputados.
Sin embargo, aseguró que no hay elementos para asegurar que hayan participado en argucias para torcer el proceso y tampoco existen para inferir que no se presentarán a las diligencias.
No obstante, apuntó que la sociedad sí requiere una protección frente a la magnitud del daño presuntamente ocasionado con el supuesto detrimento de 2.481 millones de pesos. En el caso de Quintero, su participación habría sido continua y, en el caso de Ortega, solo en un contrato.
Quintero y Ortega fueron imputados el pasado 15 de septiembre por la fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública: el primero por supuesto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, y el segundo por el último de estos cargos.
Esto por hechos relacionados con una contratación que habría sido espuria entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; su valor total fue de 17.656 millones de pesos entre los años 2021 y 2022, en seis contratos.
De acuerdo con la delegada del ente acusador, de ese monto habrían esquilmado 2.481 millones de pesos; a Miguel Quintero Calle le habrían correspondido $1.653,3 millones y a Ortega 133 millones, en tanto que al entonces subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada (peculado e interés indebido de contratos), 693,7 millones; habrían sido coadyuvados, según el expediente, por la exasesora jurídica de la misma entidad, que fue imputada por interés indebido.
Se trata de la tercera fase de un proceso que tenía ya siete imputados, como el director del AMVA para el periodo 2020-2023, Juan David Palacio, el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la exfuncionaria del AMVA, María Janeth Rúa.
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