Por Juan Diego Ortiz Jiménez
El mayor proyecto hidroeléctrico en la historia de Colombia (2.400 megavatios de energía) estuvo en jaque y tocó fondo justo hoy hace dos años, cuando se desató una de las mayores emergencias recientes en el país por cuenta del colapso del único túnel de desviación activo que tenía la obra.
La obstrucción de la galería auxiliar de desviación —GAD o tercer túnel, ya que los dos primeros habían sido taponados para empezar el llenado del embalse — generó la probabilidad de una ola de 26 metros con una avalancha de 250.000 metros cúbicos por segundo.
En el momento más crítico —entre el 12 y el 24 de mayo de 2018— fueron evacuadas 17.184 personas, según Ungrd.
Mucha agua ha corrido desde que la GAD colapsó, según un estudio técnico de la firma noruego-chilena Skava Consulting, tras registrar esfuerzos mayores en la pared y piso exterior de la galería, hasta erosionar la roca del techo y desfondarse. El primer año, después de tocar fondo, la prioridad fue clausurar el riesgo de la avalancha que tuvo como antecedente la creciente del 12 de mayo que destruyó casas, escuelas y puentes en Puerto Valdivia y Tarazá.
El segundo año, luego de disminuir progresivamente el peligro, los esfuerzos se enfocaron en devolverle la viabilidad al proyecto que cuesta hoy, al menos, $15,3 billones.
Lo que va
Según EPM, 1.990 familias de Puerto Valdivia regresaron a sus hogares después de que se levantara la alerta roja (26 de julio de 2019). La empresa continúa entregando apoyos económicos a 265 grupos familiares que aún no regresan a sus viviendas. De las 74 familias damnificadas, 65 han suscrito contratos con EPM.
A 27 se les efectuó el pago de las afectaciones, 10 familias optaron por la compra directa, a 15 arrendatarios se les pagaron sus enseres y a los propietarios de estas viviendas se les pagó los inmuebles.
En un 70% está la reparación del puente El Doce, ubicado en Tarazá. Los puentes El Turcó y Palestina ya tienen los diseños definitivos, y las obras en el puente Simón Bolívar, en Puerto Valdivia, progresan en un 12 %. Sin embargo, están suspendidas por falta de avales sociales. Para la construcción del centro de salud y el centro comunitario de Valdivia, EPM adquirió un predio y tiene listos los diseños.
Pandemia, condicionante
William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, le contó a EL COLOMBIANO la semana pasada el estricto protocolo implementado en las obras para evitar la llegada de casos de covid-19.
A la par de los esfuerzos para evitar los contagios, el consorcio constructor y EPM avanzan en la recuperación de otros frentes de la megaobra. El lleno de la oquedad entre los túneles uno y dos de casa de máquinas, formado durante el paso de agua por esa zona, está en el 98 % de ejecución y está casi finalizado.
Para recuperar el túnel de la descarga intermedia se avanza en instalación de tubería, mientras sigue la instalación de micropilotes para taponar el túnel de desviación derecho.
En casa de máquinas, dijo Giraldo, están bajando el lleno entre las unidades uno y dos, demoliendo concretos que quedaron obstruidos por el paso de agua e iniciando la estabilización de la almenara. Aún es prematuro, según el directivo, estimar si la pandemia traerá retrasos. “Se hará un balance cuando se normalice la situación”, indicó. El compromiso de generación está en firme para noviembre de 2021.
Frentes de trabajo
Por los riesgos que aún representa, el proyecto Hidroituango no puede frenar aún en tiempos de confinamiento obligatorio. Por eso, el consorcio constructor CCC Ituango y EPM, contratista de la megaobra que soportaría el 17% de la demanda energética nacional, definieron un estricto protocolo para evitar que la covid-19 llegue a la obra ubicada en el Norte antioqueño.
Con la excepción 18 del Decreto 457 (obras que no pueden suspenderse), se amplió el contingente con 500 empleados. En este momento laboran 3.200.
Giraldo explicó que todos los días cada trabajador debe realizar una encuesta desde el celular en la que se verifica cómo está de salud física, si tiene algún síntoma sospechoso, si tiene estrés y si está en condiciones de seguir laborando. Estos datos son analizados por los médicos del proyecto y, según la información, se examina al trabajador. De detectar algún síntoma sospechoso, se aísla y es remitido a su casa o EPS.
Lea acá: Los protocolos que implementó Hidroituango para no frenar la obra
También se diligencian dos encuestas más: una al salir y otra al entrar al proyecto. En esta última se pregunta por estado de salud, sintomatología previa, si ha tenido nexo con algún extranjero, algún infectado y se indaga por personas cercanas en los últimos 14 días y cuál es su grupo familiar completo. Asimismo, a la persona que entra se le hace control de temperatura y chequeo médico para verificar sus condiciones, procedimiento que se repite en campamentos.
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