El titular y la escueta noticia que se conoció la semana pasada dejaron más interrogantes que respuestas: una jueza en Ohio, Estados Unidos, reconoció a los hipopótamos del Magdalena como personas jurídicas. ¿Por qué un tribunal americano se involucró en una problemática en el Magdalena Medio? ¿Qué efecto tiene su decisión? Las respuestas están, pero es necesario entender el contexto.
Según diversos estudios la población de hipopótamos descendientes de los cuatro ejemplares que trajo Pablo Escobar al país en los 80 supera los 100 individuos, siendo hoy una de las especies invasoras más nocivas en el país, desplazando decenas de especies nativas y amenazadas como el manatí y el bagre rayado; afectando la calidad de las aguas del Magdalena; y desencadenando lentamente una transformación en el territorio que va en detrimento de decenas de comunidades.
El abogado Luis Domingo Gómez es un hombre clave en toda esta historia de enfrentamientos entre el sector científico que, con evidencia sólida, demuestra el daño causado por estos animales y concluye, con amplio consenso, que el camino más viable es la eutanasia; y los animalistas que defienden, en primer orden, la vida de estos mamíferos.
Luis Domingo, conocido por ser el abogado del oso Chucho en un proceso que buscó otorgarle habeas corpus para obtener su libertad, interpuso una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que le pide a la justicia ordenar una solución definitiva que proteja a las comunidades y especies nativas, garantizando, además, los intereses de los hipopótamos.
“Yo estoy de acuerdo con la conclusión de los biólogos: estos animales deben salir del Magdalena, la diferencia es cómo: ¿los sacamos vivos o muertos?”, apunta.
En el curso de este dilema apareció una ONG en Ohio llamada Animal Balance que le propuso el año pasado a Cornare un plan de trabajo en el que le planteó una intervención con un equipo experto en megafauna, en especies invasoras y en esterilización con un medicamento de probada eficacia en hipopótamos confinados llamado PZP.
La propuesta, sin embargo, se fue enfriando. Pero Luis Domingo tuvo conocimiento de ella y fue ahí cuando decidió recurrir a la justicia norteamericana y, a través de la ONG Animal Legal Defense Fund, logró que la jueza magistrada Karen Litkovitz reconociera a la comunidad de hipopótamos que habita en el Magdalena como personas jurídicas.
¿Cómo lo hizo? El abogado acudió a la sección 1782 del título 28 del Código Federal, que permite que un litigante en un proceso legal en otro país le pida a la justicia estadounidense obtener evidencia en dicho país para ser trasladada al Tribunal donde se lleva a cabo el proceso.
Luis Domingo, además, demostró en lo escritos al Tribunal de Ohio que en Colombia existe un camino recorrido respecto a los derechos y bienestar de los animales.
Y en ese orden de ideas, pidió a la jueza que reconociera a los hipopótamos como personas interesadas en el resultado del proceso que adelanta el Tribunal de Cundinamarca y, en consecuencia, a través de un representante (que es Domingo) puedan interrogar a dos expertos en megafauna de Animal Balance cuyos testimonios darán cuenta de la propuesta que hizo la ONG para ayudar a solucionar la problemática del Magdalena Medio respetando la vida de esta especie, y posteriormente allegar esta prueba a lo que actualmente valora el Tribunal de Cundinamarca.
Por ahí no es el camino
Así lo piensa Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia quien dice que, aunque respeta tanto la figura jurídica empleada como la visión ética de los animalistas, tiene una serie de reparos contra el procedimiento y su finalidad.
“El mecanismo tiene efecto solo desde el punto de vista procesal y además la prueba testimonial que busca no tiene valor de dictamen pericial. Tampoco se parte de un hecho sino de una valoración, y es que el sacrificio supone un sufrimiento del animal, y ahí entra la evidencia científica a refutar y decir que hay métodos que no necesariamente implican sufrimiento”, explica.
Guerrero considera que plantearle a la justicia que la única solución es la esterilización deja peligrosamente por fuera la visión ecosistémica del problema. Suponiendo que el procedimiento funcione, ¿qué sucederá –interroga– con los ecosistemas, con las especies y comunidades amenazadas, mientras estos hipopótamos salen de la zona o mueren naturalmente (40 o 50 años de vida)?
Y mientras este tira y afloje ocurre, allá en el territorio, el biólogo de Cornare, David Echeverri y su equipo son los únicos que se remangan la camisa para tomar medidas reales sobre este problema.
David, un tanto hastiado del debate, dice estar contento con la estrategia que desarrollan actualmente y con la que han logrado esterilizar 24 hipopótamos con un medicamento donado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos llamado Gonacon.
“No es la solución definitiva, pero sí creemos que podría lograr esterilizarlos por 10 o 12 años y dar margen para las soluciones de fondo”, dice. Este año esperan tener esterilizados a los cerca de 50 que conforman el grupo principal de hipopótamos. Jamás se había avanzado tanto. Esta idea impulsa el complejo trabajo diario de David y sus compañeros, metidos en el fango y trabajando con una de las especies más peligrosas y letales del planeta.
Luis Domingo reitera su reconocimiento a Cornare por ser la única doliente cuando las demás entidades han mirado para otro lado. Pero dice temer que detrás de la elección de esta medicina experimental se esconda un interés velado del Gobierno de decir, en caso de fallar, que ahora sí la única medida es el sacrificio.
Y mientras el Tribunal se pronuncia, los animalistas buscan defensas jurídicas, los biólogos recopilan evidencia, el Ministerio de Ambiente guarda silencio y Cornare hace lo que puede, los hipopótamos prosperan en su hábitat impuesto, a costa de un ecosistema que paga el precio de varias décadas de inacción.
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