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Hospitales regionales cuelgan el trapo rojo y piden soluciones

Trece clínicas y centros médicos del departamento lanzan un SOS por los efectos financieros de la pandemia.

  • Consultas en hospitales se han reducido a urgencias o cirugías inaplazables. Los especialistas indican que no toda patología o diagnóstico se resuelve con telemedicina. FOTO Julio césar Herrera
    Consultas en hospitales se han reducido a urgencias o cirugías inaplazables. Los especialistas indican que no toda patología o diagnóstico se resuelve con telemedicina. FOTO Julio césar Herrera
07 de mayo de 2020
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Con la misma responsabilidad con la que a inicios de marzo se alinearon para ampliar servicios de camas UCI, y establecieron protocolos de atención para pacientes sospechosos de covid-19, voceros de 13 clínicas y hospitales del departamento levantaron la mano para solicitar un salvavidas del Gobierno por los efectos financieros colaterales de la pandemia.

El panorama lo explica con una metáfora Mauricio Tamayo, presidente de San Vicente Fundación, entidad que tiene dos sedes hospitalarias (Medellín y Rionegro) y suma más de 3.000 empleados.

“Los hospitales hoy, no solo los del San Vicente sino de Antioquia y Colombia, somos pacientes en alto riesgo. Entramos a cuidados intensivos y necesitamos sangre, oxígeno y ventilación, de lo contrario nos quedan pocos días de vida”, aseguró.

Esos salvamentos se traducen en dinero. La crisis se deriva de la reducción de servicios a la que se vieron abocados en abril, producto de la pandemia, puesto que rubros importantes como consulta externa, odontología, cirugías electivas y otra serie de programas adicionales se quedaron sin público, porque los pacientes minimizaron las visitas a los centros médicos por el riesgo de contagio de covid-19. El Hospital San Vicente pasó de facturar $40.000 millones en un mes a solo $26.000 millones en abril pasado, y los gastos fueron mayores porque ampliar la capacidad en UCI, preparar al personal y reforzar los equipos de bioseguridad con los que trabajan cada día, cuestan dinero.

Marta Cecilia Ramírez, directora general de la IPS Universitaria, la entidad con mayor cartera en el departamento (ver gráfico), continuó con el símil y aclaró que por la coyuntura las clínicas y hospitales “estamos en paro cardiaco, y cuando un paciente está en ese estado hay que actuar de forma inmediata. Es inminente la necesidad de los recursos de Punto Final y de volver los procesos más expeditos para que esos recursos lleguen”.

El cálculo que hacen las clínicas y hospitales, entre los que se encuentran otros referentes de la región como el Hospital Pablo Tobón, Cardiovid, Clínica UPB o Las Vegas, es que la falta de pacientes se redujo en promedio un 50 %, y el sistema de salud está diseñado para pagar a las IPS solo por los servicios prestados.

Solución temporal

Dada la coyuntura adicional, en un sistema que arrastraba deudas históricas y una cartera difícil de recuperar (solo para estas 13 instituciones asciende a $1,4 billones), los voceros de las entidades médicas lanzaron la propuesta de que se implemente una remuneración por disponibilidad, mientras pasa la pandemia. Es decir, que las EPS paguen por los servicios que sus afiliados reciben y el Gobierno le dé un valor a cada hospital por cada cama disponible.

“Ampliamos los servicios en UCI y activamos los protocolos y tener esas camas habilitadas cuesta. Si nadie paga por la cama, el día que uno se enferme no va a estar la cama disponible. La caja de los hospitales no va a resistir y no se trata de confrontar a nadie ni generar pánico, pero sí llamar la atención de manera oportuna, porque necesitamos medidas eficaces para que esta situación no vaya a repercutir en el cierre de servicios para la comunidad”, indicó Andrés Aguirre, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe.

Esta medida se ha implementado en otros países como Alemania, donde se requirió aumentar de manera considerable la capacidad instalada mientras llegaba el pico de contagios por la pandemia.

Aguirre explicó que, aunque es evidente que el Gobierno tiene muchas necesidades, se pueden usar recursos de una bolsa donde aporten las ARL, los recursos del Fome (Fondo para la Mitigación de la Emergencia) y de las aseguradoras de tránsito, porque hay menor siniestralidad.

“Esto es un problema de política pública, el Gobierno debe entender que la comunidad es la que está en riesgo y si no toma el comando, los hospitales no van a estar para cuando se nos requiera. El Gobierno Nacional tiene la llave en la mano para tomar una decisión rápida y que los recursos fluyan”, concluyó.

Infográfico
Mateo Isaza Giraldo

Más periodista que comunicador social. Apasionado por la lectura, la escritura y la historia. Enfermo por los deportes e inmerso en el mundo digital.

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