viernes
3 y 2
3 y 2
La imagen que tienen los ciudadanos del Concejo de Medellín está en el peor momento de su historia reciente, según reveló el programa Medellín Cómo Vamos durante la publicación de su última encuesta de percepción ciudadana de 2021.
Con un porcentaje de favorabilidad de solo el 56% (en 2019 era del 64%) y un porcentaje de buena gestión del 37% (en 2019 era del 46%), la corporación administrativa más importante del municipio de Medellín, encargada de discutir los proyectos y hacer control político a la Alcaldía, llegó a su nivel más bajo desde que comenzó a hacerse esa medición, hace más de una década y media.
Aunque el desplome de esa entidad coincide con el deterioro de la imagen de muchas otras instituciones del nivel nacional y departamental, analistas sugieren que son varios los factores que deben ponerse sobre la mesa para comprender la crisis.
A nivel estructural, Carlos Builes, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, plantea que uno de los factores que han golpeado esa imagen ha sido que la corporación, más que un órgano de control, se ha convertido en una plataforma para que los corporados accedan a cargos públicos.
Al igual que en el caso de la Asamblea de Antioquia, el analista señala que el cálculo por aspiraciones futuras termina teniendo más peso en el funcionamiento de la institución que ejercer un papel independiente con las administraciones. “Se ha ido perdiendo la capacidad de control, de debate, del ágora pública”, plantea el profesor Builes.
Bajo esa óptica, agrega, los coletazos económicos que trajo la pandemia se produjeron en un contexto en el que esa corporación “jugó un papel secundario” en la resolución de esa crisis, dejando en gran medida la toma de decisiones en manos de la Alcaldía.
En paralelo a esa coyuntura, Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos, resalta que la corporación ha venido acumulando rezagos históricos que se contraponen a su rol misional.
“Las funciones de los concejales son esencialmente dos: realizar propuestas de programas específicos vía proyectos de acuerdo de su competencia y realizar control político”, señala Agudelo, agregando que, mientras en la primera función la Alcaldía ha concentrado la competencia para realizar los grandes cambios administrativos, en materia de control político la corporación también tiene dificultades.
Frente a este último punto, Agudelo alude a un precedente que el Concejo ha venido consolidando durante sus más recientes periodos, cuando la Alcaldía emprende reestructuraciones en su organización administrativa.
Pese a ser una de sus funciones legales principales, la corporación ha optado por delegar directamente en la administraciones ese tipo de transformaciones, tal como ocurrió durante el primer semestre de 2020, cuando la Alcaldía creó un paquete de nuevas oficinas, entre las que se destacan la Secretaría de la No Violencia, la Unidad Administrativa Buen Comienzo, entre otras. De igual forma, Agudelo cuestiona la labor de control político.
“Las sesiones que se producen de control con más contenido técnico suelen tener poca divulgación. Así mismo, el reglamento del Concejo evita que los concejales citantes puedan hacer preguntas en vivo y en directo y todo depende de largos cuestionarios escritos que no logran que los secretarios puedan rendir cuentas de forma efectiva”, advierte Agudelo.
Además de estos puntos, otras variables que aparecen en el tablero se asocian a las controversias políticas que han marcado la agenda de la institución en los últimos dos años, en las que sobresale el largo debate por cómo se debía sesionar cuando inició la pandemia y los cuestionamientos por los vasos comunicantes de varios cabildantes de la coalición de gobierno con altos cargos de los organismos de control, como fue el caso de la Contraloría Municipal (Ver anexos).
Para comprender este panorama, EL COLOMBIANO hace un repaso por la configuración de la corporación, sus figuras y sus polémicas:
Una coalición salpicada de dudas
Hasta el último periodo de sesiones, la fotografía más reciente daba cuenta de que la coalición de gobierno estaba conformada por las bancadas de los partidos Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical - Mira, una fracción del Partido Verde y el movimiento Independientes. Dentro de las polémicas que han rodeado a ese grupo, una de las más recientes se relaciona con el manejo de los organismos de control. Tal como lo contó EL COLOMBIANO el pasado 2 de febrero, sobre la mayoría de los integrantes de la coalición pesan serios indicios de vínculos con altos cargos de la Contraloría municipal, como es el caso del Jaime Cuartas, del Partido Verde (foto); Luis Carlos Hernández, de Cambio Radical; entre otros.
También sobresale el caso del recién posesionado concejal por el Movimiento Independientes, Carlos Romero, quien meses atrás dirigió el Inder y fue el reemplazo del exconcejal Álex Flórez, encontrado responsable por el Consejo de Estado de beneficiarse de recursos públicos mientras estaba en campaña. Por estos y otros casos, desde la orilla de la oposición y otros sectores ciudadanos se cuestiona que el Concejo no tenga un rol más activo en el control.
Los que buscan desmarcarse
Durante la última elección de la mesa directiva, el más reciente pulso en donde se midieron las fuerzas en el Concejo, un grupo de al menos cinco concejales se desmarcaron tanto de la coalición de gobierno como de la oposición. Por un lado, desde la bancada del Centro Democrático, los cabildantes María Paulina Aguinaga, Nataly Vélez, Albert Corredor y Lina García terminaron de romper con el ala más opositora de su partido y no se adhirieron a un acuerdo con el que se buscaba quitar el control de la mesa directiva al bloque afin al alcalde de Medellín, lo que les valió una sanción. Tal como lo contó EL COLOMBIANO, entre ese grupo algunos son señalados de tener vasos comunicantes e influencia burocrática en la Alcaldía. Por ejemplo, sobresale el caso del concejal Corredor, involucrado en una controversia conocida como el carrusel de los diplomas, en donde varios funcionarios de la administración Quintero, incluyendo el alcalde mismo, validaron su experiencia académica bajo condiciones dudosas. Desde otra orilla, otra concejala que manifiesta no ser ni de oposición, ni gobierno, es la cabildante por el Movimiento Estamos Listas, Dora Cecilia Saldarriaga.
Una oposición con desencuentros
En la orilla opuesta a la Alcaldía, se muestran al menos seis concejales, que han encabezado el control político a la Alcaldía, pero que también han tenido conflictos y choques. El caso más notorio fue el del Centro Democrático, que luego de la escisión que produjo la elección de la última mesa directiva quedó con una bancada dividida. En ese último partido, el grupo opositor está compuesto por el concejal Alfredo Ramos (foto), quien llegó a la corporación haciendo uso del estatuto de la oposición, y los corporados Simón Molina, Sebastián López y Julio González Villa, este último una de las cabezas del comité promotor de la revocatoria. Sobre González Villa pesan cuestionamientos luego de una publicación de un audio que arrojó dudas sobre la financiación de la revocatoria y también un proceso en el que el Tribunal Administrativo de Antioquia evalúa si debe anular su elección como vicepresidente primero del Concejo. Los otros integrantes del bloque opositor son el concejal del Partido Verde, Daniel Duque, y el concejal por el movimiento político Independientes, Luis Bernardo Vélez, quien primero encabezó la coalición de gobierno y luego se desmarcó del alcalde. Hasta noviembre pasado, otro opositor era Daniel Carvalho, de Todos Juntos, quien renunció a su curul.