Con una misa a la que acudieron sus amigos y familiares, el pasado 9 de abril, María Cecilia Castaño volvió a llorar a su hijo menor Alejandro Correa Castaño. Se cumplió un año de su muerte por un ataque con ácido que recibió por parte de dos sujetos contratados, según la Fiscalía, por Aura Luz Vélez Benjumea, de 43 años de edad, con la que había tenido una relación.
El relato oficial indica que a las 9:30 p.m., el 8 de abril de 2014, la central de comunicaciones 123 recibió una llamada. Un habitante del sector de La Ferrería, en La Estrella, afirmó escuchar “voces de auxilio”. La patrulla de Policía llegó al lugar y se encontró con la escena: Alejandro estaba desfigurado con su rostro y su cuerpo quemados. En ese momento, según el reporte de Medicina Legal, tenía una ceguera del 100%. Sólo habían pasado 10 minutos y en su angustia, Alejandro entró hasta la cocina de una casa del sector y quebró el grifo del lavaplatos al intentar quitarse el químico de su piel.
Estaba con Aura Luz Vélez, quien le afirmó a la Policía que los dos habían sido atacados “con una sustancia desconocida, por robarles”. Ella tenía salpicaduras del líquido.
El agente químico, conocido como ácido fluorhídrico, es el mismo usado por el personaje Walter White, en la serie Breaking Bad, para desaparecer a sus cadáveres. Todavía se consigue fácilmente en el mercado. Se usa para la disolución de minerales y lavado de fundición.
A Alejandro lo atacaron con medio galón. Fue remitido hasta la clínica San Rafael de Itagüí y, luego, en código rojo, al Hospital San Vicente.
“Cuando llegué todos me miraban con cara de terror. Nadie me decía que estaba quemado. Yo pensaba: ¡Cómo estará que no me lo dejan ver! Me asomé por la ventana y lo vi totalmente quieto, ya estaba en coma e intubado. El doctor me dijo: señora su hijo está muy mal. Hay tres opciones: se puede morir o infectar y, si se salva, queda ciego. Me puse a llorar y a orar. De un infarto murió a las 2:00 de la mañana”, relató su madre.
De un atraco a homicidio
La historia cambió a finales de abril de 2014 con la investigación. Se estableció que Aura Luz Vélez fue la determinadora del letal ataque y contrató a Eiber Johan Restrepo Sánchez y Tomás de Jesús Vélez Laverde para concretar el crimen. “Los dos hombres obligaron a Alejandro a tirarse al piso y cuando este volteó su cara hacia arriba recibió la descarga del ácido... 500 centímetros cúbicos del agente químico cuyo contacto ocasiona una minusvalía por penetración en los huesos”, relata la Fiscalía.
Además, el informe pericial de necropsia del 9 de abril del 2014 señala que el cadáver de Alejandro presentaba quemaduras de tercer grado y la opinión del perito sobre su muerte: “falla respiratoria aguda secundario a neumonitis química por inhalación de agente a determinar. Su manera de muerte: violenta homicidio”.
El 22 de abril de 2014 el juzgado 40 penal municipal de Medellín envió a la cárcel por el delito de homicidio agravado, con circunstancias de mayor punibilidad (es decir, por hacer sufrir a la víctima, obrar en grupo y utilizar ácidos o venenos) a Aura Luz Vélez, Éiber Jhoan Restrepo y Tomas de Jesús Vélez, que fueron condenados a 20 años de cárcel, una rebaja del 45% en los tres casos, luego de que la justicia comprobara que no tenían antecedentes penales.
Autoridades en alerta
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el uso de agentes químicos ubica a Colombia como el país con mayor índice de ocurrencia (1,84 casos por millón para el año 2011) seguido por Pakistán y Bangladesh.
En el 2014, la entidad pidió que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia de Industria y Comercio intervinieran para regular y controlar la comercialización de esta clase de sustancias y así mitigar el fenómeno.
Para esto, el Gobierno Nacional implementó bajo la ley 1639 de 2013 el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos Químicos – SGA- de Naciones Unidas para la vigilancia y el seguimiento a la venta de sustancias corrosivas. Además, el Invima creó el registro de venta al menudeo de sustancias químicas o corrosivas.
Esta misma norma, incluye programas de reinserción laboral y creación de una ruta de atención integral que suministre información y orientación a las víctimas. También los prestadores de los servicios médicos tienen la obligación de llevar registro y reportar casos a las autoridades competentes.
Sin embargo, según la Defensoría, falta cobertura en los procedimientos de reconstrucción facial por el POS (al tener carácter de cirugía estética) y apenas la mitad de los procesos judiciales logra resolverse por la tipificación de la conducta que, en ocasiones, se plantea como lesiones personales, dando lugar a excarcelaciones.
