La orden generalizada para evitar la propagación del coronavirus ha sido clara: lavarse las manos cada dos horas y evitar entrar en contacto con otras personas.
Buena parte de la población se ha acogido al mandato, haciendo algunos ajustes en sus hábitos cotidianos. Para otros, hacerlo ha representado sacrificar sus proyectos o su trabajo. Y están aquellos para los cuales seguir las medidas es prácticamente imposible: las miles de personas privadas de la libertad en el Valle de Aburrá, que padecen altos índices de hacinamiento y bajos niveles de salubridad.
Con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio entre esta población, el presidente Iván Duque anunció el pasado 12 de marzo la suspensión de las visitas en todos los centros de reclusión del país durante 10 días.
El Ministerio de Justicia hizo pública la implementación de una serie de medidas que incluyen la revisión del estado de salud de quienes ingresen a los centros penitenciarios por medio de una encuesta, la dotación con elementos de aseo, “en principio en los establecimientos en los que se presente mayor riesgo de contagio”, y la limpieza y desinfección de los establecimientos de manera periódica.
A pesar de los anuncios, el Movimiento Nacional Carcelario (MNC) emitió un comunicado “en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el Inpec y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia”.
Jorge Contreras, presidente de la Veeduría Nacional Penitenciaria y defensor de derechos humanos, expresó que se trata de “acciones irrisorias” y que la población privada de la libertad “se encuentra totalmente expuesta y vulnerable ante la pandemia mundial”.
Una multitud ineludible
“Nosotros no tenemos cárceles” - expresó Contreras-, “tenemos bodegas humanas”, refiriéndose al hacinamiento en los centros carcelarios y penitenciarios del Valle de Aburrá (ver recuadro), y explicó que, naturalmente, no es una situación nueva, pero sí un asunto frente al cual hay que tomar medidas precisas ante el estado de emergencia actual.
Por esta misma razón, una de las peticiones que el MNC incluyó en su comunicado consiste en “permitir otro tipo de pena privativa, diferente a la intramural, para mujeres embarazadas y lactantes, sindicados y sindicadas y personas de la tercera edad, con el fin de descongestionar las cárceles y evitar riesgos de salud en esta población vulnerable”.
Contreras agregó que este momento debe aprovecharse para revisar las condiciones de atención en salud. Además, el documento en el que los reclusos expresan su preocupación menciona problemas sanitarios como “la falta de abastecimiento de agua las 24 horas del día y las miserables condiciones de aseo para los espacios comunes”.
Sobre las condiciones de hacinamiento, el Ministerio de Justicia no se pronunció en su comunicado. Y sobre la atención médica, aseguró que “se garantiza la disponibilidad de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos en todos los establecimientos, y su entrega será constante”.
Cuarentena para todos
Otro riesgo que señalan los internos es el flujo de personal de guardia y custodia que entra y sale diariamente. “Les prohiben las visitas a los familiares, mientras este personal continúa ingresando sin elementos que eviten la propagación del virus. No me quiero imaginar el coronavirus en El Pedregal”, señaló Contreras.
Por esta razón, otra estrategia que el MNC propuso fue “que el personal de guardia y custodia entre en cuarentena junto con los privados de la libertad hasta que se minimice el riesgo”.
Al respecto, Luis Pinzón, presidente del sindicato del Inpec en Antioquia, indicó que aún no se considera la idea de entrar en cuarentena, pero advirtió que deben intensificarse los controles para el ingreso de estos funcionarios.
“La suspensión de las visitas es una medida acertada. La presencia del virus al interior de los centros carcelarios también conllevaría al contagio de los servidores públicos y sus familias”.
Con aras de proteger a los convictos, el Inpec anunció que reducirá el número de funcionarios en las diferentes áreas de trabajo y disminuyó la jornada laboral a seis horas.
Pinzón agregó que es necesaria la declaratoria de emergencia. “De ahí se desprende la adquisición de recursos para subsanar la crisis” .
