Solo habían pasado siete días de este año cuando Antioquia registró el primer asesinato de un líder social. El cuerpo del campesino Edwin Antonio Indaburo fue encontrado en el río Cauca, tras ser retenido, según los datos que se conocen del caso. Con su partida se fue un liderazgo comunitario de una zona rural del Bajo Cauca, la región del departamento con más número de estos casos (6) en 2021.
Solo tres días después, en Ituango (Norte) fue asesinado el líder Alfredo García y después de él se dio una seguidilla de casos en un enero sangriento que cerró con seis homicidios de líderes campesinos, cívicos y comunitarios. Pero el drama de las comunidades y las familias que quedan a la deriva, atemorizadas, sin garantías para ejercer liderazgos y en muchas ocasiones desplazadas no paró allí.
A lo largo de 2021, Antioquia ha registrado 22 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes, y se posicionó como el departamento de Colombia con más hechos este año, según lo confirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien lamentó que en todo el país la cifra llegara a 130 casos con corte al 30 de noviembre. De Nariño, Oriente del departamento, era Amado de Jesús Castro, el último líder asesinado, el pasado 5 de diciembre, en Caldas, departamento vecino.
Las cifras coinciden con las de organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que recopila los registros de todo el país. Pero otras entidades también manejan los mismos datos.
La semana pasada, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentó el informe sobre la situación de derechos humanos en el departamento este año. En el capítulo de líderes, Carlos Zapata, vocero de la entidad, expresó preocupación porque las cifras en Antioquia no ceden y se mantienen cada año entre 20 y 25 asesinatos de líderes y defensores. Ratificó que hay una relación entre estos casos y el conflicto armado, lo que se demostraría en que la mayoría ha ocurrido en municipios PDET, que históricamente han sido los más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.
Óscar Yesid Zapata, delegado del Proceso Social de Garantías a Defensores y Defensoras de Antioquia, también ve con preocupación el panorama; comentó que la principal causa de estos asesinatos es la presencia de estructuras criminales, muchas de ellas de base paramilitar, que ponen a los líderes en medio de estigmatización, amenazas y censura, cuando se vuelven molestos por sus denuncias o no cumplen órdenes.
Así le ocurrió a Juan*, líder comunitario por más de 40 años, quien tuvo que huir en compañía de su familia porque lo iban a matar tras negarse a recibir dinero de extorsiones a otros líderes de sustitución de cultivos, que luego le tenía que entregar a grupos armados de la zona, como una obligación a cambio de mantenerse con vida. Hoy su finca sigue abandonada y él se encuentra lejos del territorio en el que trabajó por la defensa de temas sociales y ambientales.
Su historia no tuvo el peor final, el mismo que sí padecieron los 22 líderes asesinados, pero es una muestra del problema que siguen viviendo los defensores. Un sondeo sobre las muertes da cuenta de patrones: interceptaciones en vía pública, tiros a quemarropa y retenciones forzadas.
Los homicidios ocurren en calles, en trayectos al trabajo o a la casa, en las viviendas de las víctimas y hasta delante de sus familias. En otros casos, los líderes son desaparecidos y luego sus cuerpos son encontrados en vías, ríos o terrenos, para alimentar el horror de las comunidades.
De acuerdo con Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia de Antioquia, entre las causas de los
homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos están la defensa de la tierra y el territorio, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la oposición a grupos armados organizados, la estigmatización, la oposición al microtráfico, las denuncias por corrupción y extorsión, la restitución de tierras, la oposición y denuncia de economías ilegales, los conflictos sociales, la oposición política y a megaproyectos minero energéticos y la prevención de reclutamiento forzado, entre otras.
Para defensores de derechos humanos es grave que muchas veces reina la impunidad, pues aunque los casos son investigados por las autoridades, pocas veces se esclarecen y capturan los autores materiales e intelectuales. A esto se suma, concluyó el experto del IPC, que falta pedagogía en los territorios alrededor de la labor que cumplen los líderes sociales.
*Nombre cambiado
Los nombres de los 22 líderes asesinados y fecha de su muerte
Edwin Antonio Indaburo, Nechí, enero 1
Alfredo García, Ituango, enero 10
Róbinson Quino Bonilla, Yondó, enero 15
Linda Díaz Romero, Cáceres, enero 19
José Miguel Barrientos, Yarumal, enero 28
Remberto Arrieta B., Tarazá, 31 de enero
Orlando Manuel Chimá, Cáceres, febrero 14
Albeiro Hoyos, Anorí, abril 5
Rafel Domicó Carupia, Dabeiba, abril 6
Luis Octavio Gutiérrez M., Caucasia, abril 14
Juan David García N., San Luis, mayo 2
Jair Adán Roldán Morales, Remedios, mayo 28
Diana Jaramillo, Bello, junio 19
Ángel Miro Cartagena, Dabeiba, junio 20
Remilda Benítez Domicó, Murindó, junio 20
Higinio Bailarín, Dabeiba, julio 5
Luis Hernando Castrillón, Yolombó, julio 18
Francisco Javier Posada, San Andrés de Cuerquia, ago. 9
Mairon Chaverra, Zaragoza, agosto 24
María Nancy Ramírez, Sana Rosa de Osos, sep. 20
Hermer Antonio Monsalve, Remedios, noviembre 18
Amado de Jesús Castro, Nariño, diciembre 5
¿Qué hace el departamento?
El secretario de Gobierno de Antioquia, Rafael Blanco, informó que durante 2020 y 2021 han salvaguardado los derechos de 68 líderes y sus grupos familiares mediante la ruta de protección que tiene el departamento para este fin y que fue construida en articulación con organizaciones de derechos humanos. Con ello se brindan medidas complementarias para mitigar la exposición al riesgo, al tiempo que las autoridades brindan medidas materiales de protección. Para algunos líderes la ruta es de gran importancia, pero debe fortalecer acciones de prevención.
Desde el Proceso Social de Garantías a Defensores y Defensoras de Antioquia indicaron cierto malestar porque cuando era candidato el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no firmó un pacto para comprometerse con la protección de los líderes sociales. Óscar Yesid Zapata cree que se trató de temas logístico y de agenda, pero que sería importante contar con su firma.
Al respecto, fuentes de la Gobernación reiteraron que el mandatario tiene el total compromiso con los derechos humanos, la defensa de los líderes sociales y la paz territorial. De hecho, desde la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia resaltaron que el Plan de Desarrollo 2020-2023 contempla un programa denominado “Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores de derechos humanos”, que busca fortalecer la capacidad institucional de las administraciones municipales para implementar acciones que permitan la prevención y atención de vulneraciones de los derechos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
También señalaron que son importantes los pronunciamientos públicos de la administración departamental en respaldo a labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el rechazo a cualquier hecho que atente contra su vida y su integridad.
