La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal contra 16 personas y la firma Ingecon, en medio de la vigilancia especial que adelanta en el proyecto Parque a Motor Central Park, ubicado en Bello, por daño patrimonial sufrido por Indeportes Antioquia en medio de la polémica construcción de una de las obras bandera del exgobernador y actual candidato presidencial, Luis Pérez Gutiérrez.
La decisión, conocida en primicia por EL COLOMBIANO, se toma en medio del proceso que adelanta la Contraloría tras evidenciar que de los recursos destinados para el proyecto Parque a Motor Central Park, exactamente $148.207.035.398, a 25 de octubre de 2021 se habían pagado $112.684.032.424. Sobre esos recursos la Contraloría determinó que no se encontraban en el uso para el cual se concibió el proyecto; además, las obras ejecutadas se encontraban en deterioro e incompletas, por lo cual se considera daño patrimonial por el total de los pagos realizados.
Los hallazgos de la Contraloría obedecen a deficiencias en la etapa de ejecución, y debilidades en el control técnico y operativo por parte de la interventoría, además de las falencias presentadas en las funciones de la supervisión encargada por la entidad estatal responsable, durante la ejecución y desarrollo de la obra.
El órgano de control también señaló deficiencias de coordinación, organización y planificación en la ejecución del proyecto por no efectuar un control, seguimiento y verificación al flujo de inversiones y al cronograma de actividades, donde se estableciera una ruta crítica que definiera los ítems de construcción de obras fundamentales a ejecutar.
Por todo esto, la Contraloría ordenó llamar a rendir versión libre a 16 personas, entre ellos tres exgerentes de Indeportes: Mauricio García, Liliana Sofía Sánchez y Sergio Roldán, así como al actual gerente Héctor Betancur. También figura el supervisor de Indeportes: John Salas.
Dos exgerentes de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, Alexánder Flórez y María Fanery Sucerquia, también deberán responder ante la Contraloría. Al igual que los asesores de dicha entidad: Óscar Builes, Jorge Carrasquilla, Ángela Sánchez, Edwin Olivero y Sergio García.
Además la Contraloría también incluyó al exrector del Colegio Mayor, Bernardo Arteaga, y el actual rector Juan David Gómez, pues dicha entidad tuvo a cargo la interventoría de la obra. Para responder por la gestión de la interventoría también citaron a Mario Correa y Dora Oliveros.
La lista de presuntos responsables fiscales la cierra Ingecon, contratista de la obra.
En diálogo con EL COLOMBIANO al anunciar su renuncia en diciembre pasado, la exgerente de Viva, María Fanery, había explicado que respecto a Central Park estaban en el proceso de liquidación del contrato y habían avanzado hasta el 86%. “El resto de obras no quedaron ni financiadas ni dentro del alcance de Viva. Estamos en una tercera fase, en la que buscamos que a través de un contrato nuevo se puedan hacer rediseños que permitan superar los litigios, resolver los permisos con EPM y las obras para mejorar la pista”, explicó.
Desde que comenzó la actual administración de Aníbal Gaviria, la Gobernación ha hecho varios señalamientos respecto al estado de las obras que recibió y reestructuró un plan para intentar rescatar la funcionalidad del Central Park, que fue una de los proyectos bandera de Luis Pérez, actual candidato presidencial. Consultada la Gobernación sobre el tema, manifestaron que el gobernador Gaviria estudiará el auto con el equipo jurídico antes de pronunciarse.
En cuanto a Luis Pérez, aunque la Contraloría no lo ha mencionado en medio de los trámites por la vigilancia especial que adelanta, el aspirante a la presidencia ya le ha salido al paso previamente a los informes de la Contraloría que desde diciembre advirtieron presunto detrimento patrimonial por más de $112.000 millones, asegurando que la administración que tiene que dar respuestas es la de Aníbal Gaviria, no la de él.
Según Carlos Contreras, líder de la Veeduría Ciudadana de Central Park, tras el avance del proceso en Contraloría, esperan que próximamente se pronuncie la Procuraduría sobre la responsabilidad de cinco funcionarios de alto nivel: Luis Pérez; el exdirector del Área Metropolitana, Eugenio Prieto; Javier García, en calidad de exdirector jurídico de Gobernación y luego gerente de Indeportes; y el curador quinto de Bello, Nicolás Orergo.
Contreras también espera que la Fiscalía General de la Nación, que compulsó copias hace dos años, avance en el proceso.
Por lo pronto, entre el 4 y el 11 de mayo, los presuntos responsables fiscales vinculados a este proceso deberán rendir versión libre y espontánea en el edificio de la Contraloría en Medellín
