Comprar su participación en Hidroituango, eso es lo que le propone el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a la Junta Directiva de EPM y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en una carta que fue revelada este miércoles.
En la misiva, el mandatario señala que vender su parte en el proyecto hidroeléctrico salvaría al mismo, toda vez que, según Pérez, eso ahorraría pleitos entre dirigentes, que se pueden prolongar hasta por 20 años, y agilizaría la solución de problemas legales de la compañía.
Cabe recordar que la propiedad del proyecto está compuesta por los siguientes socios: Antioquia cuenta con el 52,88 %; EPM, con el 46,5 % y el 0,62 % restante se lo reparten 27 accionistas minoritarios.
Para lograr este objetivo, el gobernador plantea que EPM le pague al Departamento con “la entrega total o parcial de algunas hidroeléctricas que están en funcionamiento (no especificó cuáles)”.
De esta manera, con los recursos y los bienes recibidos se podría crear las Empresas Públicas de Antioquia, explica Pérez, que podrían asociarse con EPM y ser una especie de “empresas hermanas”, y se robustecería con las centrales energéticas que tiene el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea).
El mandatario señaló que si compran la parte que tiene el Departamento, la compañía “facilita las explicaciones a los entes de control. Organiza sus estados financieros. Planifica las transferencias necesarias al municipio de Medellín”, entre otras ventajas.
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En la carta, el gobernador Pérez hace énfasis en la responsabilidad que tiene EPM, como contratista de Hidroituango, si el proyecto se tarda mínimo cuatro años en recuperarse y comenzar a generar energía.
Entre varios aspectos, el mandatario señala que según el contrato Boomt (Build, Operate, Own, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), las cláusulas penales contra la compañía podrían sumar una deuda de hasta 450 millones de dólares.
Agrega que “el contrato de estabilidad jurídica por beneficios tributarios por las inversiones entre 2013 y 2018 serían (sic) de $780.000 millones que pasarían a ser parte de EPM”.
Por incumplimiento de obligaciones ambientales, afectación a comunidades y errores constructivos, la empresa también podría enfrentar sanciones por $1,3 billones durante los cuatro años que demoraría en terminarse el proyecto, lo cual, indica Pérez, erosionaría el patrimonio de las Empresas Públicas de Medellín.
El gobernador sostiene la tesis durante toda la carta, que esta es una estrategia para rescatar a Hidroituango. “Salvarlo es una obligación patriótica”, anota Pérez e invita a los dirigentes a resolver esta crisis de una “manera competitiva e inteligente”.
